Los territorios indígenas en la Amazonia almacenan más de la mitad de todo el carbono que existe en la selva, pero se trata de un servicio ambiental amenazado por la expansión de la minería, carreteras, agricultura y extracción de petróleo y madera.
Ese riesgo fue uno de los temas de la conferencia científica “Nuestro futuro común bajo el cambio climático”, que reunió cerca de 2.000 expertos e investigadores del 7 al 10 de este mes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en esta capital francesa.
Se trató del mayor encuentro científico que antecede la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que acogerá París en diciembre. De esta cumbre, debe salir un nuevo tratado universal y vinculante para afrontar el calentamiento global.
El estudio “Carbono forestal en la Amazonia: la no reconocida contribución de los territorios indígenas y áreas naturales protegidas”, encabezado por el Centro de Investigación Woods Hole, recomienda incluir ese aporte indígena en la hoja de ruta para las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
La cuenca, con el mayor bosque tropical del mundo, es compartida por ocho países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, y engloba unos seis millones de kilómetros cuadrados. La investigación sumó al territorio de la Guayana Francesa, adyacente a la cuenca y también con selva tropical.
Cincuenta y dos por ciento de la región está protegida por pueblos indígenas, que suman un millón de habitantes en 2.344 territorios, y las 610 áreas de conservación, según el informe que también rubrican el peruano Instituto del Bien Común y la ecuatoriana Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, entre otras instituciones.
En total son 4,1 millones de kilómetros cuadrados, un volumen de carbono retenido similar al de República Democrática del Congo e Indonesia en conjunto. Es parte de los servicios ambientales que prestan los bosques tropicales, ayudando a estabilizar el clima.
Según Alessandro Baccini, científico asociado al Centro Woods Hole y quien lideró el estudio, los territorios indígenas almacenan 11 veces más carbono que cualquier otra área en Amazonia, sea privada o gestionada por el gobierno.
“Nadie sabía de hecho cuánto carbono se almacenaba en los territorios indígenas y eso era justamente lo que los pueblos querían saber. Ellos sostienen que la selva es su hogar, su vida, donde encuentran sus medicinas, sus alimentos y, por ello, tienen la necesidad de preservarla”, dijo Baccini a IPS.
“Constatamos que 14 por ciento de los territorios indígenas aún no están legalizados oficialmente y eso contribuye para que el secuestro de carbono esté en riesgo”, observó.
El científico y su equipo buscaron cuantificar la amenaza representada por el avance de proyectos de infraestructura y otras actividades económicas en la Amazonia. Se comprobó que hasta un tercio del carbono almacenado puede escapar por causa de la explotación minera y de la construcción de hidroeléctricas y de carreteras.
El costo estimado para legalizar los territorios indígenas y las áreas de protección natural varía entre el 2.000 y el 4.000 millones de dólares, según el estudio.
Baccini destacó que los proyectos hidroeléctricos generan impactos en el clima de la región, como factores de cambio en las lluvias.
En Brasil, 11 de las 30 centrales hidroeléctricas planificadas en la Amazonia hasta 2023, según el Plan Decenal de Expansión de Energía, estarán ubicadas a 40 kilómetros de tierras indígenas. Las 232 nuevas líneas de transmisión de electricidad, que suman 41.000 kilómetros de extensión, afectarán por lo menos ocho reservas indígenas.
La degradación ambiental es otra amenaza inmediata al ecosistema tropical y puede impulsar cambios climáticos en la región.
“La deforestación es el factor clave para la emisión de carbono en Amazonía y los proyectos de infraestructura añaden otras causas de esas emisiones”, comentó Baccini.
El responsable del programa de cambio climático y agua del canadiense Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Mark Redwood, destacó que los grandes proyectos en la selva, en especial los vinculados a la minería, consumen mucha energía.
“Siempre que un gran inversionista impulsa este tipo de proyectos, hay que llevar en cuenta los costos para el clima. Son inversiones que representan un riesgo climático”, sostuvo.
El climatólogo brasileño Carlos Nobre, miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), apuntó la construcción de carreteras como uno de los principales factores de la desforestación.
“Devastar no es política de desarrollo, no hay ninguna correlación entre deforestar y promover crecimiento económico. El problema ocurre cuando carreteras sirven como vector de la desforestación ilegal. Hay que adoptar políticas públicas para cohibir estas acciones”, dijo a IPS.
El aumento de la temperatura de un grado centígrado ya es perceptible en toda la Amazonia, admitió el especialista.
“El IPCC afirma que los extremos que están ocurriendo en la selva ya pueden ser indicios del cambio climático. En 10 años, hubo dos fuertes sequías y tres períodos de lluvia excesiva, esto puede ya ser un reflejo de los cambios”, ejemplificó.
Nobre añadió que las precipitaciones podrán concentrarse en el oeste de la cuenca amazónica, mientras el este deberá sufrir sequías prolongadas y, posiblemente, cambiar su ecosistema de bosques tropicales para el de sabana.
La relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, también expresó su temor al avance de los grandes proyectos de infraestructura cerca de los territorios originarios.
“Estoy muy preocupada por las obras en la Amazonia, pues pueden violar los derechos de los pueblos”, señaló.
Tauli-Corpuz afirmó, en la conferencia científica en París, que se debe considerar el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en el momento de definir estrategias y acciones para adaptar a los cambios del clima.
“Los indígenas han contribuido significativamente para mantener los ecosistemas y ahora pueden proveer soluciones para los problemas que enfrentamos. Sus conocimientos pueden permitir que nos adaptemos a los cambios que están ocurriendo”, dijo a IPS.
Según la relatora, el reconocimiento de los derechos indígenas y de sus tierras se extiende también a su capacidad de ayudar a enfrentar desafíos del cambio climático.
“Ellos son los más vulnerables al cambio climático pues viven en ecosistemas frágiles. La ciencia no está tomándolos en cuenta”, aseguró.
Editado por Estrella Gutiérrez
