La joven india Rizwana solo deseaba y esperaba que la justicia hiciera su trabajo y que el hombre que la violó recibiera un castigo a la medida de su delito. Pero meses después de la terrible experiencia que le tocó vivir, en el estado de Jammu y Cachemira, en el norte de India, él sigue libre.
Procedente de una familia pobre del noroeste del estado de Jammu y Cachemira, Rizwana (un nombre falso para proteger su identidad) trabajó duro para terminar sus estudios y poder conseguir un trabajo para aliviar las dificultades económicas de su familia.
Cuando este año la contrataron como asistente en el fronterizo distrito de Kupwara, ella pensó que se había ganado la lotería. Pero pronto descubriría que el apoyo y el interés de contratarla de uno de los funcionarios tenía motivos ocultos.[pullquote]3[/pullquote]
“Después de unos días de estar trabajando, me llamó a una habitación del piso superior y corrió el pasador. Luego me hizo insinuaciones sexuales. Y cuando me quejé, me violó”, relató a IPS la joven graduada.
El hecho impactó a toda la familia. Ella dejó el trabajo y su madre estuvo unas semanas internada tras sufrir un ataque de pánico.
Rizwana se puso en contacto con la Comisión Estatal de Mujeres, con sede en Srinagar, la capital de verano de este estado, y reclamó que el funcionario implicado dejara el cargo y fuera a la cárcel.
“Pero hasta ahora no ha pasado nada”, se lamentó. “La comisión me apoya, pero el violador todavía debe ser procesado, pues recurrió a sus influencias para salirse con la suya”, acotó.
La militarización genera impunidad
El caso de Rizwana no es el único. Todos los años, miles de mujeres sufren abusos físicos o sexuales, dentro o fuera de su casa, y muy pocas lo denuncian.
Las defensoras de los derechos femeninos atribuyen al conflicto de Cachemira, que se remonta a 1947 cuando la partición de India y que ya se cobró 60.000 vidas en seis décadas, de alimentar una cultura de impunidad que deja a las mujeres en situación de extrema vulnerabilidad frente a la violencia de género.
En 2007, el gobierno de India reveló que había 337.000 efectivos militares en la región. Entonces, ese número representaba alrededor de un soldado cada 18 personas, lo que haría de Cachemira la “región más fuertemente militarizada” del mundo, según el politólogo Bashir Ahmad Dabla.
En 2013, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la violencia contra la mujer, señaló en su informe final sobre India que normas como la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas y la misma norma para Jammu y Cachemira habían promovido la impunidad en materia de violación de derechos humanos.
Las normas impiden que los efectivos sean procesados en tribunales regulares por delitos cometidos contra mujeres civiles, entre otros, e invalida el derecho al debido proceso.
Al constatar que la impunidad de las Fuerzas Armadas “erosiona las libertades y los derechos fundamentales, como la dignidad y los derechos sobre la integridad física de las mujeres en Jammu y Cachemira”, la relatora instó al gobierno indio a derogar la norma.
Dos años después, todavía no se adoptaron las recomendaciones, por lo que no solo los efectivos de las Fuerzas Armadas sino también los distintos funcionarios se sientan libres de violar los derechos femeninos, por lo general mediante abusos sexuales.
Por ejemplo, IPS tuvo acceso al expediente de acoso sexual presentado en bloque por el personal femenino de la Universidad de Agricultura de Cachemira, un recurso para proteger la identidad de las implicadas, ante la Comisión Estatal de Mujeres.
Las demandantes reclaman un “duro castigo” para los responsables, según las disposiciones sobre acoso sexual de la Ley (de enmienda) del Código Penal de 2013.
Nayeema Ahmad Mehjoor, presidenta de la Comisión Estatal de Mujeres, dijo a IPS que tomó medidas en cuanto recibió el expediente y ya visitó la universidad para plantear el asunto a las autoridades competentes.
Violencia doméstica en aumento
La situación es mucho peor en el ámbito doméstico, según especialistas, donde la violencia conyugal o íntima va en aumento.
Gulshan Akhtar, responsable de la única Comisaría de la Mujer, ha estado muy atareada los últimos años con el creciente número de casos de violencia contra la mujer que se da en el ámbito doméstico.
En un día común puede llegar a tramitar entre siete y 10 casos de disputas domésticas que incluyen violencia contra la mujer.
“Cuando se creó esta comisaría, en 1998, solía recibir muchas menos denuncias en comparación con los últimos cinco años”, precisó Akhtar.
“Ahora recibimos entre 1.000 y 1.500 denuncias de violencia doméstica al año”, recalcó. Además, señaló que la Comisión Estatal de la Mujer recibe otras 500 en el mismo plazo.
Según esos números, considerados conservadores ya que muchas mujeres sufren en silencio, cada día, unas cinco mujeres cachemiríes soportan abusos físicos o sexuales.
Versiones de prensa local indican que Jammu, la capital estadual de invierno, encabeza la lista de distritos con mayor violencia doméstica, con unos 1.200 incidentes distintos desde 2009.
El Ministerio del Interior señaló que 4.000 infractores fueron procesados por este tipo de delito, según informó la prensa, pero las organizaciones de derechos de la mujer sostienen que los procesamientos son demasiado bajos como para disuadir a los futuros agresores.[related_articles]
En una movilización realizada en Srinagar, en mayo, para denunciar la situación, Ezabir Ali, secretaria de la organización de mujeres Ehsaas, subrayó: “Ya es hora de que denunciemos esta forma bárbara de naturaleza humana y enviemos un mensaje al gobierno para que actúe de forma estricta contra ese tipo de actos”.
Cachemira registró en 2013, según datos de la organización Crime Branch, 378 casos de violación, 75 más que al año anterior. Todavía no está la información para el período 2014-2015.
Los conflictos dejan a las mujeres en situación de vulnerabilidad
Un informe publicado en 2014 por la organización Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, destaca que “un tribunal local ordenó la reapertura de una investigación sobre las presuntas violaciones en masa en los pueblos de Kunan y Poshpora, en el distrito de Kupwara, en 1991”.
“La población local sostiene que los soldados violaron mujeres durante una operación de acordonamiento y búsqueda”, detalla.
La brutalidad de esos incidentes y el hecho de que las víctimas fueran tanto mujeres mayores como menores de edad, sentó un precedente, según académicos y activistas, pues los culpables nunca fueron procesados.
Hay quienes sostienen que el hecho obedece a los cambios en el papel que la tradición reserva a la mujer en esta región, en parte promovidos por el propio conflicto. Con la muerte de miles de hombres que se encargaban de mantener a la familia, muchas mujeres se vieron obligadas a incorporarse al mercado laboral.
Estudios realizados por Ehsaas revelan que 75 por ciento de los hombres consultados en Jammu y Cachemira “sentían su masculinidad amenazada” si sus esposas no los obedecían.
Se necesitan cambios fundamentales, tanto legales como de comportamiento, si se pretende lograr cierto grado de igualdad de género y de respeto de los derechos de la mujer para crear una sociedad más pacífica, sostienen varias activistas.
Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Verónica Firme
