Pierre Claver Mbonimpa no tiene permiso de acercarse a un aeropuerto, una estación de tren ni un puerto sin autorización de un juez. Tampoco puede salir de su ciudad, Bujumbura, capital de Burundi, y debe comparecer ante las autoridades judiciales cada vez que lo citan.
Esas son algunas de las costosas restricciones de la fianza de uno de los más destacados defensores de derechos humanos de Burundi tras su liberación por razones médicas, en septiembre de 2014, luego de cuatro meses en la cárcel por hacer su trabajo.
Mbonimpa fue arrestado y detenido el 15 de mayo de ese año y acusado de poner en peligro la seguridad del Estado e incitar a la desobediencia pública.[pullquote]3[/pullquote]
La acusación derivó de una entrevista que le hicieron en la emisora independiente Radio Public Africaine, en la que dijo que integrantes de Imbonerakure, el ala joven del gobernante Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), recibían armas y se entrenaban en República Democrático del Congo.
El hecho es sintomático de la represión y la intimidación que sufren defensores de derechos humanos, periodistas, disidentes e integrantes de partidos políticos de la oposición en Burundi a medida que se acercan las elecciones de mayo y junio de este año.
Las de 2015 serán las terceras elecciones desde que terminó la brutal guerra civil, en 2005.
La hostilidad del gobierno del CNDD-FDD y la represión de la sociedad civil y de integrantes de la oposición aumentó, en particular porque el actual presidente, Pierre Nkurunziza, silencia a los críticos y opositores en su interno por gobernar por un tercer período, aun después de que la Asamblea Nacional rechazara su propuesta de extender su mandato.
Las tensiones aumentan a medida que se acercan los comicios, y aunque el presidente no dijo públicamente que participará en las próximas elecciones, las acciones del gobierno y del partido gobernante claramente sugieren que sí lo hará. Sus colegas del partido sostienen que técnicamente solo gobernó por un período, pues no fue “elegido” cuando asumió el cargo en 2005.
Autoridades de la sociedad civil y líderes religiosos arguyen que la Constitución y el Acuerdo de Reconciliación y Paz de Arusha, que puso fin a la guerra civil, claramente limitan los períodos de gobierno a dos consecutivos para una misma persona.
Los integrantes de Imbonerakure lanzaron una campaña de intimidación, de agresiones y amenazas a la oposición con total impunidad. También impidieron algunas concentraciones políticas con el pretexto de garantizar la seguridad.
Incluso se prohibió a organizaciones de la sociedad civil y a movimientos políticos rivales realizar actos públicos, y periodistas y activistas han sido detenidos bajo cargos falsos en un intento por silenciarlos y obligarlos a autocensurarse.
También se recurrió a leyes para reprimir la libertad de expresión y restringir las actividades de periodistas y de medios independientes. En junio de 2013, el gobierno aprobó una nueva ley que obliga a los periodistas a dar información sobre sus fuentes.
La norma otorga amplias potestades a las autoridades y establece requisitos para que los periodistas alcancen cierto grado de educación y experiencia profesional, limita los temas que los periodistas pueden cubrir e impone multas a quienes violen la norma. Además, prohíbe la publicación de artículos por razones de seguridad, defensa, seguridad pública y economía.[related_articles]
La ley se utilizó contra las agencias de medios y profesionales, entre ellos el conocido periodista Bob Rugurika, director de Radio Public Africaine.
El gobierno no hace diferencias entre la oposición y los defensores de derechos humanos y periodistas, y ha acusado varias veces a la sociedad civil y a los medios de ser portavoces de la oposición, describiéndolos como “enemigos del Estado”.
Antes de los comicios de 2010, la oposición decidió boicotear las elecciones y el partido gobernante ganó casi sin dificultad. Pero el período postelectoral fue violento y conflictivo.
Lo ideal sería que estos comicios sirvieran para impulsar la democracia en Burundi. Para ello, los medios y la sociedad civil necesitan funcionar sin miedo ni intimidaciones de actores estatales. En cambio, la represión no hará más que motivar una respuesta violenta de algunos partidos de la oposición y avivará la violencia como ocurrió en 2010.
La comunidad internacional y los donantes de Burundi no pueden permanecer quietos, mientras son testigos de cómo se altera la relativa paz que goza este país desde hace una década, la más tranquila desde su independencia de Bélgica en 1962.
Cada vez es más claro que la población de Burundi necesita el apoyo de la comunidad internacional en un contexto crítico.
La Unión Africana, con su compromiso público hacia la democracia y la buena gobernanza, debe actuar ahora presionando al gobierno de Burundi a que respete los valores democráticos para evitar más abusos y más restricciones a las libertades fundamentales.
También debe reclamar al gobierno que cese las matanzas extrajudiciales y realice investigaciones independientes sobre los miembros de las fuerzas de seguridad e Imbonerakure que hayan perpetrado violaciones de derechos humanos.
Además, socios cercanos de Burundi, en particular Bélgica, Francia y Holanda, deben condenar los ataques contra la sociedad civil e urgir al gobierno a infundir un ambiente propicio para que haya un proceso político, justo y libre, en el que los periodistas y los activistas puedan ejercer sus responsabilidades sin miedos.
Editado por Phil Harris / Traducido por Verónica Firme
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