La construcción de un gran terminal portuario de 48,3 kilómetros cuadrados en el nororiental estado de Bahia es centro de críticas y denuncias ante la justicia, por el gran impacto ambiental y social que acarreará el mayor proyecto de su tipo en Brasil.
Varias batallas legales fomentan la polémica. Con un presupuesto de 2.200 millones de dólares, el Porto Sul será construido Aritaguá, en las inmediaciones del municipio de Ilhéus, corazón de la llamada Costa del Cacao, con largas franjas de playas paradisiacas y donde sus habitantes han vivido tradicionalmente del turismo y del cultivo cacaotero.
Cuatro medidas cautelares fueron interpuestas hasta ahora en la justicia contra el proyecto, mientras movimientos de la sociedad civil prometen mantener su lucha contra la megaobra con acciones legales y de otro tipo.
El conocido como Complejo Portuario y de Servicios Porto Sul será financiado por el gobierno brasileño, a través del Programa de Aceleración del Crecimiento, destinado a obras de infraestructura.
La construcción del complejo, con su puerto de aguas profundas, va a emplear durante su pico de construcción a 2.500 personas, pero es frontalmente adversado por los habitantes de la zona y organizaciones sociales por su impacto ambiental, que algunos de sus portavoces consideran “sin precedentes”.
Sus detractores definen la obra como el “Belo Monte de Bahia”, en referencia a la central hidroeléctrica que se está construyendo sobre el río Xingú, en el norteño y amazónico estado de Pará, que cuando esté plenamente operativa será la tercera del mundo por su capacidad de generación.
Los ambientalistas denuncian que el nuevo terminal portuario y su zona logística e industrial dañarán un corredor ecológico que conecta dos áreas protegidas.
Se trata del Parque Estadual de la Sierra de Conduru, de 92,7 kilómetros cuadrados y de gran biodiversidad en fauna y flora, y el Parque Municipal Boa Esperança, un espacio de 4,4 kilómetros cuadrados en la zona urbana de Ilhéus, refugio de especies raras y santuario de agua dulce.
“Es una falta de respeto a la vocación natural de la región que es el turismo y la conservación. Luchamos desde 2008 para intentar demostrar que el proyecto es inviable”, dijo a IPS la activista Maria Mendonça, presidenta del Instituto Nossa Ilhéus, dedicado al monitoreo social de las políticas públicas.
Ilhéus, con 180.000 habitantes, cuenta con el más largo litoral del estado y la localidad es también famosa por ser el escenario de algunas novelas del renombrado escritor bahiano Jorge Amado, como “Gabriela, clavo y canela”.
El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, elaborado en 2013, identificó 36 potenciales daños ambientales, de los que 42 por ciento no pueden mitigarse y afectan a especies marinas que serán ahuyentadas por las obras, incluidas delfines y ballenas. Además se producirá una mortandad entre la fauna que vive en el lecho marino.
Aritaguá, el epicentro de Porto Sul, “es una importante localización pesquera de la región, donde faenan más de 10.000 pescadores que viven de esa actividad artesanal a lo largo de 10 kilómetros de la costa”, añadió Mendonça.
En el región de impacto existen, además, 15 áreas protegidas, bajo administración pública o privada, que abrigan, además, “a decenas de fuentes de agua mineral pura”, afirmó.[pullquote]1[/pullquote]
El proyecto removerá, según las estimaciones, 100 millones de toneladas de tierra en esta frágil región, donde las alarmas ambientales por la obra conviven con la promesa de desarrollo económico y empleos, en un área con precariedades socioeconómicas.
El activista socioambiental Ismail Abéde es una de 800 personas que viven en la comunidad costera de Vila Juerana y que serán desplazados por la obra.
“La erosión alcanzará los 10 kilómetros en el norte del puerto, donde vivimos, y el mar adentrará hasta 100 metros tierra adentro. Será una catástrofe, denunció Abéde a IPS.
Recordó que el complejo nació originalmente como parte del Proyecto Piedra de Hierro, un emprendimiento de Bahia Mineração (Bamin), la filial brasileña de Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), y del consorcio africano Zamin Ferrous.
Ese proyecto, operado por Bamin, explotará un yacimiento situado en Caetité, un municipio de 46.000 habitantes en el interior del estado, del que se estima extraer 20 millones de toneladas anuales de hierro.
El mineral será transportado por una nueva vía férrea Caetité-Ilhéus, de 400 kilómetros, construida con la principal finalidad de llevar el mineral hasta el centro especial de embarque de Bamin en Porto Sul.
El proyecto minero obtuvo el permiso ambiental en noviembre de 2012 y el de operación en junio de 2014.
En tanto, el complejo de Porto Sul recibió el permiso de construcción el 19 de septiembre de 2014, sus obras deben comenzar máximo uno año después y estar finalizadas y en operación comercial el último día de 2019.
Porto Sul, considerado el mayor desarrollo portuario del nordeste de Brasil y una de sus mayores estructuras logísticas, se convertirá en tercer puerto más grande del país, que moverá 60 millones de toneladas durante sus primeros 10 años de actividad.
La mayor conexión con el complejo será por vía férrea, pero también se proyecta construir un aeropuerto internacional en su área de influencia, además de nuevas carreteras y un gasoducto.
El interconectado Proyecto de Piedra de Hierro requiere inversiones por 1.500 millones de dólares y el potencial productivo del yacimiento es de 398 millones de toneladas, lo que le aseguraría una vida útil de 20 años.
“La mina no es sostenible y el tendido férreo para trasladar el mineral hasta el puerto tiene un trazado que corta áreas protegidas y comunidades en su tendido”, denunció Mendonça.[related_articles]
Los activistas argumentan que, además de ser tóxico y contaminante, el polvo del mineral se diseminará durante su traslado por la región, afectando las siembras de cacao y los ríos que atravesará el ferrocarril.
Abedé reclama también la forma como la compañía comunica a las familias como les afectarán uno de los dos proyectos, según asegura sin consulta o diálogo de sus responsables o de las autoridades públicas.
“El Estado puede expropiar cuando es para el beneficio colectivo y no para una compañía privada internacional”, dijo.
ENRC, un consorcio kazajo con sede legal en Luxemburgo, fue expulsado en noviembre de 2013 de la Bolsa de Londres bajo acusaciones de fraude y corrupción.
“Preparamos informes que vamos a presentar a bancos públicos para impedir que financien las obras”, anunció Abedé entre las medidas que sumarán a su lucha en los tribunales.
Editado por Estrella Gutiérrez
