La falta de una declaración final ha dejado abandonadas en tierra de nadie las recomendaciones que la fortalecida sociedad civil latinoamericana presentó de varias maneras a los 35 gobiernos del continente durante VII Cumbre de las Américas.
Para activistas consultados por IPS, resulta una incógnita si los Estados acogerán las demandas ciudadanas, porque los gobernantes no firmaron por falta de consenso el proyecto de declaración que bajo el título de “Mandatos para la acción” debía cerrar la cumbre celebrada en Ciudad de Panamá el 10 y el 11 de este mes.
Ahora circulan disgregadas por Internet las propuestas que sí suscribieron, algunas con disensos, actores de todos los signos ideológicos en espacios paralelos y alternativos, celebrados en la capital que actuó de puente entre los dos países del Norte industrial (Canadá y Estados Unidos) y las 33 naciones del Sur en desarrollo del continente.[pullquote]3[/pullquote]
La cumbre se convirtió en histórica porque fue la primera en que participaron los 35 países americanos, al hacerlo por vez primera el presidente de Cuba, Raúl Castro, quien a su vez consagró en ese escenario con su par de Estados Unidos, Barack Obama, el deshielo entre los dos países vecinos, enfrentados por más de medio siglo.
Alrededor de 800 activistas participaron en el paralelo Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales, realizado entre los días 8 y 10 en el Hotel Panamá, mientras sectores que se sintieron “excluidos” y “poco representados” operaron por separado en otros dos encuentros alternativos a la cumbre oficial.
Más de 3.500 personas se congregaron en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, entre los días 9 y 11, en la V Cumbre de los Pueblos. Además, 300 líderes originarios debatieron en la V Cumbre de los Pueblos Indígenas de Abya Yala (América), de la que resultó la declaración “Defendiendo a nuestras naciones”.
A pesar de discrepancias en cada encuentro y entre los tres espacios, diversas voces ciudadanas de la extrema derecha hasta la izquierda radical, pensaron cómo construir un continente más seguro, economías prósperas sostenibles y garantizar educación gratuita, para erradicar la rampante desigualdad en el hemisferio sur.
También en el foro se estrenó la sociedad civil cubana, aunque en su caso en Panamá escenificó la persistencia del encono entre grupos progobierno y antigobierno de La Habana, que en ocasiones obstaculizó el debate de los activistas sociales del continente.
Las demandas y propuestas de las declaraciones finales de los diversos espacios sociales mostraron los avances y desafíos de América Latina, la región que según el Banco Mundial tiene por vez primera más de la mitad de su población en la clase media (con ingresos diarios de 10 a 50 dólares), tras una historia de colonizaciones y dictaduras militares.
“La educación debe ser en valores, corresponsabilidad y de padres de familia y la sociedad en la formación de un estado pluricultural y multiétnico”, expresó a IPS la mexicana Sofía Martínez, portavoz de las recomendaciones de la comisión de Educación y Cultura del Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales.
El acceso de más latinoamericanos y caribeños a un sistema de enseñanza público, universal y gratuito fue una meta compartida por la sociedad civil, sobre todo porque el sector productivo requiere de profesionales y técnicos para dejar atrás las economías de producción de materias primas y entrar en la senda más sostenible del conocimiento.
De esta manera, pudieran mantenerse fuera de la pobreza los más de 70 millones de personas que salieron de esta franja entre 2000 y 2012, según el Banco Mundial, en momentos en que la economía regional ha entrado en peligrosa desaceleración.
Por su parte, el argentino Sebastián Schuff, portavoz de la mesa de seguridad ciudadana del foro, apuntó que “los gobiernos deben garantizar la protección frente a amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la violencia en todas sus formas, respetando los principios de autodeterminación de los pueblos y soberanía”.
El activismo en ese sentido exigió a los Estados “que no mueran más personas por violencia y falta de atención médica” y hasta propuso “la creación de protocolos y mecanismos que permitan la creación de un banco de ADN regional y contra la trata de personas”, leyó el integrante del Movimiento Frente Joven.
“El flanco débil de la región es la violencia, el crimen y la inseguridad”, certificó el “Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, cuyos datos sirvieron de insumo para los debates de los actores sociales durante la Cumbre.
El documento, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, valoró que América Latina ostenta “democracias más consolidadas, así como Estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social”, pero “sufre la pesada carga de la violencia, con más de 100.000 homicidios registrados por año”.[related_articles]
Las muertes por homicidio presentan en la región tasas “con niveles de epidemia”, ejemplificó el texto. “La desigualdad, la falta de movilidad social y la inseguridad han puesto un freno al desarrollo humano de la región”, que en los últimos 12 años registró mejoras en rubros como salud, educación y esperanza de vida.
Cuestiones de seguridad atravesaron todas las recomendaciones del foro, que también exigió garantizar el acceso universal, gratuito y equitativo a los cuidados de salud, manejo transparente de los recursos, más acceso al agua potable, educación sexual para todas las personas, el derecho a migrar y enfrentar el cambio climático.
El mexicano Pedro Gamboa demandó ante IPS que la gobernanza de los países se oriente al uso sostenible de los ecosistemas y especies en reconocimiento al “derecho humano a un ambiente sano, en particular de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes”.
Aunque “no pudieron producirse los consensos absolutos en las mesas de gobernabilidad democrática y la de participación ciudadana”, en ellas se expresó que “ante el debilitamiento del ejercicio de la democracia, pedimos a los Estados el reconocimiento efectivo de la sociedad civil y de la participación ciudadana”.
Para ello, conminó a mejorar los marcos legales para proteger la libre independencia de los poderes del Estado, garantizar la transparencia de la información pública, el derecho a la libre asociación, acceso universal a la información y a la manifestación pacífica sin retención, entre otros.
Más reivindicativa, la Declaración Final de la V Cumbre de los Pueblos llamó a defender los “recursos naturales, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, nuestros bienes comunes, la madre tierra y la defensa de los derechos ancestrales de los pueblos originarios y las conquistas y derechos sociales”.
El resultado de las 15 mesas de trabajo de esa cumbre alternativa insistió en el empleo, trabajo y salario digno, seguridad social, pensiones, negociación colectiva, sindicalización, el derecho de huelga, libertad sindical, salud ocupacional, erradicación del trabajo infantil y esclavo, y la “justicia con equidad de género”.
Por su parte, la declaración de Abya Yala pidió una vez más que se cumpla con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios en sus territorios.
También requirió implementar una educación multicultural, la titulación de territorios indígenas y realizar reformas constitucionales y legales que incluyan a los 55 millones de indígenas del hemisferio, entre otras demandas.
Editado por Estrella Gutiérrez
