Una masacre, donde en 1932 murieron cerca de 40.000 indígenas en El Salvador, volvió invisibles a los integrantes de los pueblos originarios en el país. Ahora, una reforma de constitucional que reconoce su existencia y todo lo que ello conlleva, les devuelve sus derechos colectivos.
Pero a casi tres años de la aprobación de la reforma del artículo 63 de la Constitución y a casi uno de su ratificación por la Asamblea Legislativa, poco o nada se avanzó para traducir en realidad esos derechos. Representantes de organizaciones indígenas, especialistas e integrantes de los pueblos originarios contaron a IPS su nueva batalla para que la reforma no se vuelva letra muerta.
