Desde los crueles efectos de la actual crisis económica sobre los sectores vulnerables de la población de España hasta las heridas aún abiertas de la Guerra Civil (1936-1939) pasaron por el tamiz del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que supervisa el apego de los países miembros a los tratados internacionales sobre derechos humanos, emitió el viernes 23 en esta ciudad suiza 189 recomendaciones a las autoridades de Madrid.
El documento “apercibe nuevamente a España del incumplimiento” de sus obligaciones internacionales en material de reparación de las victimas de la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), observó el experto español Aitor Martínez.
Otro especialista, Ignacio Jovtis, de la sección española de Amnistía Internacional, consideró “interesante” que un número mayor de países hicieran referencia a las secuelas de ese conflicto que perduran tras la muerte del dictador.
Jovtis resaltó que Argentina planteó la necesidad de que España reforme su Código Penal para incorporar la figura de la desaparición forzada conforme a la interpretación que consagra la convención internacional sobre esa materia.
Las víctimas del conflicto, más de 150.000, siguen esperando algún tipo de reparación de las instituciones nacionales, que continúan negándole el acceso a la verdad, justicia y reparación, puntualizó Martínez, director de proyectos de la Fundación Internacional Baltasar Garzón.
Las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, no hacen más que “acreditar la violación por España de sus obligaciones internacionales suscritas en materia de sanción y reparación de los casos de desaparición forzada de personas”, evaluó el experto.
De esa manera, tras el examen al que el país fue sometido dos días antes, el gobierno de Madrid “ha merecido nuevos apercibimientos de las instancias internacionales”, subrayó.
El representante de Amnistía celebró que numerosos países expusieran su preocupación por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada ya antes de su aprobación cómo “Ley Mordaza” y que impulsa en solitario el gobernante y derechista Partido Popular.
Gran Bretaña preguntó a las autoridades de Madrid cómo van a asegurar que esa nueva norma de seguridad pública no termine impidiendo o limitando las protestas legítimas, incluso con restricciones a los escenarios donde pueden realizarse las manifestaciones y con multas por infracciones menores.
A Inés Díez de Frutos, responsable del área jurídica de la Red Acoge, le llamó la atención la insistencia de los países en reclamar a España el respeto y el acceso a los derechos económicos y sociales.
Brasil, por ejemplo, pidió que las medidas de austeridad que aplica el gobierno de Mariano Rajoy no tengan efectos negativos para esas garantías, en especial en los derechos a la vivienda, salud, alimentación y educación.
Noruega, Nicaragua, Argelia, Egipto, Cuba, Venezuela y Eslovenia, entre otros, expresaron aflicción por el impacto de esas políticas en las poblaciones más desfavorecidas, las personas discapacitadas, niños, mujeres, ancianos e inmigrantes.
Durante la sesión sobre España, una percepción general de la comunidad internacional fue que desde que el país se sometió al primer EPU, en 2010, ha habido allí un notorio empeoramiento de los derechos humanos.
Temas como nuevas limitaciones al derecho a la educación y la salud, o abusos policiales estuvieron también entre los toques de atención de las delegaciones.
“Una preocupación compartida por muchos de los 89 países que intervinieron en el EPU de España fue precisamente la cuestión del respeto de los derechos de los migrantes, tanto regulares como irregulares”, dijo Díez de Frutos.
En particular, demandaron a España la ratificación de la convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias.
La responsable de la Red Acoge apuntó que el jefe de la delegación española ante el EPU, el secretario de Estado Ignacio Ybáñez, respondió que esa recomendación no será atendida pues su país solo se ratificara la convención europea sobre la materia.
El gobierno de Madrid tiene hasta junio para estudiar las 189 recomendaciones emanadas del EPU, y decidir cuales se compromete a cumplir y cuales rechaza.
El caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, los enclaves colindantes con Marruecos, motivó pedidos de numerosos países de respeto al derecho de asilo.
También se requirió a las autoridades el cumplimiento del principio de no “devolución en caliente”, como se denomina a las expulsiones expeditivas de los inmigrantes y solicitantes de asilo que ingresan por esa frontera.
“Las expulsiones deberán ser precedidas por procedimientos administrativos, con todas las garantías de asistencia letrada y el apoyo de intérpretes”, precisó Díez de Frutos.
Durante el EPU, Estados Unidos fue el único país que mencionó un tema dominante actualmente en los medios españoles: la corrupción. La delegación de Washington reclamó al gobierno español sólidos esfuerzos para promover un sistema político transparente.
Con ese fin sugirió racionalizar y agilizar los procedimientos judiciales para investigar y perseguir con toda prontitud la corrupción.
Las autoridades estadounidenses deberán esperar por la reacción de Madrid, pues Ybáñez ya adelantó ante el Consejo de Derechos Humanos que su país hará uso de su derecho a no manifestar de inmediato su respuesta a las recomendaciones.
El actual periodo de sesiones del EPU se realiza entre el 19 y el 30 de este mes en el Palacio de las Naciones de esta ciudad, y el total de países examinados va a ser de 14.
Editado por Estrella Gutiérrez
