La fuerte tormenta tropical de diciembre de 2013, seguida de grandes inundaciones, quedará registrada en la historia de San Vicente y las Granadinas como el mayor desastre sufrido por este país insular del Caribe, cuyos daños y pérdidas ascendieron a 103 millones de dólares.
Seis meses después, este país, que pertenece a la Organización de Estados del Caribe Oriental, todavía no se recupera del golpe. Pero el ministro de Turismo, Cecil McKee, dijo que se aprendieron varias lecciones y que el país quedó mejor preparado para futuras catástrofes vinculadas a eventos climáticos.
“Hemos estado lidiando con nuestras defensas fluviales y costeras”, dijo McKee en entrevista con IPS. El gobierno no solo repara las viviendas dañadas, sino que “reubica a las personas cuyas casas están en las márgenes de los ríos en zonas en las que obviamente están en riesgo si hay otro evento similar”, precisó.
Las lluvias del 24 de diciembre de 2013 arrojaron cientos de milímetros de agua sobre los pequeños estados insulares de San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Dominica, y causaron la muerte de por lo menos 13 personas.
Los científicos consideraron las inundaciones el peor desastre de que se tenga memoria en estos pequeños estados del Caribe, causado por precipitaciones de 381 milímetros, mucho más del promedio habitual y que desbordaron la capacidad del sistema de drenaje para escurrir el agua.[pullquote]3[/pullquote]
El desastre de Navidad, como se le conoce, fue un recordatorio de que “el cambio climático vino para quedarse”, aseguró Mckee.
“Si prestamos atención a lo que ocurrió en la Noche Buena de 2013, creo que podemos coincidir en que el cambio climático afecta no solo a San Vicente y las Granadinas, sino a todo el Caribe y de forma significativa”, remarcó.
Pero no basta con comprender el problema, muchos estados insulares del Caribe necesitan con urgencia recursos económicos para tomar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Fondos para el clima
Las inundaciones son comunes en el Caribe. Así le sucede a Guyana, uno de los países más propensos a este problema en la región, que se benefició de un esquema de crédito multimillonario para protegerse de los desbordamientos de las aguas.
Un comunicado del Banco Mundial señala que más de 300.000 personas de las regiones propensas a las inundaciones del río Demerara estarán a salvo de inundaciones y riesgos climáticos gracias a un préstamo de 11 millones de dólares de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), de ese organismo multilateral.
Casi 90 por ciento de la población de Guyana vive en la estrecha franja costera que, en su mayor parte, se encuentra por debajo del nivel del mar y muy expuesta a los efectos del cambio climático.
Las intensas lluvias de 2005 causaron inundaciones y varios daños estimados en casi 60 por ciento del producto interno bruto (PIB), entonces unos 465 millones de dólares.
El impacto sobre la pobreza fue evidente, muchos agricultores de subsistencia, pequeños comerciantes y vendedores se vieron perjudicados.
Sophie Sirtaine, directora del Banco Mundial para el Caribe, indicó que los fondos servirán para crear oportunidades para las guyanesas y los guyaneses disminuyendo su vulnerabilidad al cambio climático.
El proyecto mejorará partes importantes de los canales y represas de la Conservación Hídrica del Demerara Oriental, mejorará la capacidad de los drenajes en áreas prioritarias a lo largo de la costa fluvial y aumentará la preparación ante inundaciones mediante instrumentos para monitorear los datos hidro-meteorológicos.
El crédito de AIF tiene un vencimiento final de 25 años, más otros cinco de gracia.
Durante la junta anual de gobernadores realizada en Guyana en mayo, el presidente del Banco de Desarrollo del Caribe, Warren Smith, dijo que la región es cada vez más consciente de la severa amenaza que supone el cambio climático para la vida cotidiana.
“Siete países del Caribe están entre los 10 principales que, en relación con su PIB, sufrieron las mayores pérdidas económicas por desastres causados por eventos climáticos entre 1993 y 2012”, observó.
“Se estima que las pérdidas anuales podrían rondar entre cinco y 30 por ciento del PIB en las próximas décadas”, añadió.
Según Smith, a pesar de la gran vulnerabilidad de esta región y de su exposición al cambio climático, los países del Caribe no lograron acceder o movilizar recursos económicos que se ajusten a sus necesidades.
Los países de la región esperan que el Fondo Verde para el Clima (FVC), con sede en Corea del Sur, resulte más beneficioso que otras iniciativas globales para lidiar con las consecuencias del cambio climático.
La directora ejecutiva del FVC, Hela Cheikhrouhou, señaló que la preocupación de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en todo el mundo tiene un gran eco en el Caribe, donde muchas personas ya han sufrido los devastadores efectos de los huracanes.[related_articles]
“A pesar de que las naciones caribeñas contribuyeron muy poco a la emisión de los gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático, pagarán un alto precio por no actuar para mitigar sus efectos”, alertó Cheikhrouhou.
El Fondo Verde para el Clima se creó en la 16 sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, realizada en el balneario mexicano de Cancún en noviembre de 2010.
El objetivo del fondo es contribuir de forma significativa a los esfuerzos globales para evitar que el recalentamiento planetario supere los dos grados centígrados, ofreciendo asistencia económica a los países en desarrollo para limitar o reducir las emisiones de gases contaminantes y para adaptarse a las inevitables consecuencias del cambio climático.
Se espera que el FVC pueda reunir 100.000 millones al año para 2020.
“Nuestra visión es diseñar nuevos paradigmas para la financiación climática, maximizar el impacto de los fondos públicos de forma creativa y atraer nuevas fuentes de financiación, públicas o privadas, para catalizar la inversión en proyectos de mitigación y de adaptación en el mundo en desarrollo, precisó Cheikhrouhou.
McKee también dijo que la región implementa medidas que permitan movilizar ayuda económica para eventos climáticos como el que afectó a los tres países caribeños en diciembre de 2013.
