La extradición a Estados Unidos del primer presunto traficante de drogas desde Honduras, abre en este país una nueva etapa en la lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado, coinciden analistas consultados por IPS.
Carlos Arnoldo Lobo, de 38 años y conocido como “El Negro” Lobo, fue extraditado la noche del jueves 8 para ser juzgado en Estados Unidos por delitos de conspiración y narcotráfico, en el primer caso desde que este mecanismo jurídico se introdujo en 2012 en la Constitución.
La medida, dijeron los expertos, debe representar el inicio de una etapa irreversible en la desarticulación de las redes criminales de narcotráfico que operan en esta nación centroamericana, que pasó de ser país puente a ser procesador, consumidor y comercializador, aunque en menor escala.
El jurista experto en drogas Roberto Velásquez dijo a IPS que la extradición de “El Negro” Lobo representa “muchos desafíos, especialmente políticos porque detrás de él existen redes criminales que en cualquier momento pueden reaccionar”.
“La pregunta es si el Estado será capaz de responder a esa reacción cuando existen zonas donde el narcotráfico controla gran parte de la institucionalidad, y la violencia, alimentada en parte por la disputa de plazas entre los carteles, sigue su espiral ascendente”, agregó.
La extradición de Lobo se vivió en Honduras como una película de suspenso, pues nadie vio cómo se lo llevaron, apenas las cámaras televisivas lograron captar cuando dos helicópteros de la armada de Estados Unidos aterrizaban en un batallón militar para recoger al presunto capo hondureño.
Lobo se encontraba en las instalaciones del primer batallón de infantería, al sur de Tegucigalpa, desde donde fue llevado a Palmerola, en el central valle de Comayagua, donde funciona desde los años 80 una base militar estadounidense con unos 1.200 efectivos. Desde allí, el acusado fue conducido a Estados Unidos.
Una pequeña llovizna precedió su salida, mientras en las afueras del batallón sus familiares veían impotentes la partida de “El Negro” Lobo, al que las autoridades consideran uno de los principales transportistas marítimos de drogas a Estados Unidos desde Colombia, Panamá, México, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Su madre, Cándida Rosa Lobo, de algo más de 50 años, relató que no la dejaban ver a su hijo antes de su viaje, pero que los encargados de su custodia cedieron finalmente, y lo despidió entre lágrimas.
Lobo fue capturado el 27 de marzo en la norteña ciudad de San Pedro Sula, a 250 kilómetros de la capital, y luego trasladado a una celda de máxima seguridad en la Penitenciaría Central de Tegucigalpa. Pero ante presuntos intentos de fuga, fue internado el 3 de abril en las instalaciones del primer batallón de infantería.[related_articles]
Allí permaneció bajo la protección de fuerzas militares hondureñas y estadounidenses, según confiaron a IPS fiscales antidrogas, en espera de que el juez especial encargado decidiera si procedía o no su extradición, que finalmente fue concedida el 21 de abril.
Los abogados de Lobo interpusieron una apelación, pero el pleno de máximos magistrados del Poder Judicial ratificó por unanimidad el 2 de mayo la decisión de extraditarlo.
El jueves 8, la defensa agotó sin éxito el último recurso, y el Ministerio de Relaciones Exteriores hondureño notificó a la embajada estadounidense que podía extraditar a Lobo cuando quisiera.
En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Juan Orlando Hernández confirmó que el proceso había concluido, tras aseverar que el país entraba a una “etapa inédita” en su historia.
“Esto demuestra nuestra disposición a trabajar dentro de las reglas de la convivencia de las naciones, y (que) Honduras colabora de manera responsable con la justicia de otro país, en este caso Estados Unidos, el país que lo juzgará”, acotó.
Una reforma constitucional en enero de 2012 habilitó la expatriación de hondureños por delitos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado.
El Estado decidió legalizar la extradición, luego de que en 1988 otro hondureño, Ramón Matta Ballesteros, fuera llevado ilegalmente a Estados Unidos por fuerzas estadounidenses, provocando un revuelo político y protestas que culminaron con la quema parcial del edificio de la embajada de ese país en Honduras.
Matta está preso en una prisión estadounidense de máxima seguridad, pagando delitos de narcotráfico y presunta complicidad en el asesinato del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, cometida en México en 1985. Se asegura que tenía conexiones con los carteles mexicanos y colombianos, mientras su familia lucha sin éxito por su repatriación.
Lobo es originario de la comunidad de Esparta, en el caribeño departamento de Atlántida. En su cédula de identidad tiene la profesión de jornalero, para despuntar posteriormente como un “próspero” empresario de la pesca.
Hace dos años, la fiscalía contra el crimen organizado le incautó unas 46 propiedades, entre casas, yates y terrenos, y cuentas bancarias en un operativo realizado en tres regiones del litoral atlántico: Islas de la Bahía, La Ceiba y San Pedro Sula, sus principales centros de operación.
Sus propiedades estaban a nombre de supuestos testaferros, según la autoridad. Nuevas propiedades le fueron incautadas luego de su captura.
Un analista político y catedrático universitario consultado por IPS bajo reserva de su nombre, aseveró que “Honduras parece haber entrado a una fase más frontal en la guerra contra las drogas”.
“Esperemos que esta extradición no sea solo simbólica, sino que toque a fondo las redes criminales con fuertes nexos políticos y económicos. La guerra será feroz”, acotó.
En un comunicado emitido este viernes 9, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa felicitó la decisión “histórica” de Honduras, tras calificarla como un “claro mensaje” a quienes ponen en peligro la seguridad de los hondureños, de que no podrán “esconderse de la justicia”.
Estados Unidos puso en su lista de narcotraficantes buscados a otros hondureños: los empresarios José Miguel Handal, conocido como “Chepe” Handal, y los hermanos Javier y Leonel Rivera, del cartel de Los Cachiros. Todos ellos operan en el litoral atlántico.
No se sabe si Estados Unidos colocó esos nombres en una lista de otros siete extraditables que han sido solicitados a Honduras.
El gobierno de Hernández achaca la violencia a que por este territorio pasa 80 por ciento de la droga que va al mayor consumidor del mundo, Estados Unidos.
También responsabiliza del narcotráfico de que este país tenga el índice de homicidios más alto del mundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó en mayo que en 2012 hubo en el país 90,4 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.
