Ya pasaron dos años desde que México aprobó la Ley General de Cambio Climático, una norma histórica en materia de legislación ambiental nacional.
Fue una medida significativa que coincidió con la aprobación de otra ley de amplio alcance relacionada con la iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), que estableció la referencia de mejores prácticas internacionales en la materia.
La aprobación de la ley climática (con apoyo de todos los partidos) subraya los avances en materia de cambio climático que se producen a escala global. Numerosos países adoptaron en los últimos años normas importantes como esta y otras relacionadas con la energía.
Esos países promueven legislación a un ritmo que contrasta notoriamente con la marcha de las negociaciones sobre cambio climático auspiciadas por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que se reanudarán en Perú en noviembre.[pullquote]3[/pullquote]
Esta tendencia coincide con un cambio en las relaciones internacionales, un periodo de dificultades económicas para el mundo occidental y un traspaso de poder increíblemente veloz hacia algunas economías emergentes.
Esto se refleja en una reubicación del centro de gravedad del debate mundial sobre cambio climático hacia el ámbito de las legislaciones nacionales. Es nada menos que una transformación mayúscula.
En los últimos dos años, hubo avances legislativos significativos en los países en desarrollo.
En América, por ejemplo, Bolivia aprobó la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien; El Salvador adoptó una Estrategia Nacional de Cambio Climático; en Ecuador, el decreto 1815 creó la Estrategia Nacional Intersectorial para el Cambio Climático, y en Costa Rica se presentó un proyecto de Ley Marco de Cambio Climático.
En Asia Pacífico, China publicó su Plan Nacional de Adaptación y avanzó en un borrador para una ley nacional de cambio climático; Indonesia amplió su suspensión de nuevos permisos de tala; Kazajstán introdujo un esquema piloto sobre el comercio de derechos de emisiones y Micronesia aprobó a fines de 2013 la Ley de Cambio Climático.
En Medio Oriente y el norte de África, Jordania adoptó una Política Nacional de Cambio Climático y Emiratos Árabes Unidos lanzó un Esquema de Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética obligatorio.
En África subsahariana, Kenia adoptó un Plan de Acción de Cambio Climático 2013-2017; Mozambique, una Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013-2015; Tanzania aprobó su Estrategia Nacional sobre REDD+; el parlamento de Nigeria sancionó la adopción de una Estrategia Nacional de Respuesta y Políticas de Cambio Climático.
Al igual que en México, esas iniciativas contaron, salvo pocas excepciones, con apoyos multipartidarios.[related_articles]
Una de las claves de este alentador avance hacia el consenso político es que muchos legisladores reconocen cada vez más los beneficios que entraña legislar sobre el cambio climático: mayor eficacia en los recursos, seguridad energética y menor contaminación aérea.
Todo esto representa un cambio crucial en el debate político sobre este problema ambiental, hasta ahora enmarcado en un discurso sobre cómo compartir globalmente la carga, en el que los gobiernos intentan, naturalmente, minimizar su cuota de responsabilidad.
Los legisladores consideran crecientemente este asunto como de interés nacional, y cada país trata de maximizar los beneficios de las leyes de cambio climático.
De hecho, los países con una fuerte legislación nacional están mejor ubicados para promover la inversión interna en tecnologías bajas en carbono porque en lugar de una gran inseguridad jurídica hay una mayor certeza para los negocios.
Pero, por alentadores que sean estos cambios, todavía no alcanzan para evitar que la temperatura promedio del planeta aumente más de dos grados centígrados.
Sin embargo, los marcos legales y las políticas nacionales para medir, registrar, verificar y gestionar las emisiones de dióxido de carbono tienen una significativa capacidad de contención.
Esta se fortalecerá a medida que los gobiernos experimenten los beneficios del menor uso de energía, la reducción de costos, el aumento de la competitividad y la mayor seguridad energética.
Mientras, el objetivo es traducir los avances en un acuerdo mundial que se adopte en París en 2015. Este asunto será uno de los elementos centrales de la próxima cumbre de legisladores que organizará GLOBE International en México entre el 6 y el 8 de junio.
Las probabilidades de un acuerdo de ese tipo son mayores a medida que más países se comprometen a tomar medidas porque les conviene y no por altruismo. En otras palabras, ese acuerdo reflejará, en lugar de definir, las condiciones políticas internas de los países.
Las negociaciones de la ONU deben ser un foro para que los países inviertan más en diplomacia climática y en una cooperación internacional práctica.
De esa forma se agilizará la creación de condiciones dentro de los países desarrollados y en desarrollo, en sus regiones, municipios, ciudades y áreas metropolitanas, habilitando a los Estados a lograr un acuerdo mundial en 2015.
Resulta paradójico que los países que no pudieron acordar una acción internacional, ahora se comprometan incluso más al adoptar leyes nacionales.
Pero haber dado esos pasos en el ámbito nacional, les hará más fácil comprometerse con un acuerdo global que solo confirme decisiones que ya tomaron por su propia voluntad, libre y soberana.
Alejandro Encinas es senador de México y vicepresidente para América de GLOBE International.
