Mientras Birmania estuvo bastante aislada del resto mundo, entre 2008 y 2013, sufrió grandes pérdidas por causas naturales, una situación que permaneció prácticamente se desconoce fuera de sus fronteras.
En esos cinco años, este país de 60 millones de habitantes sufrió por lo menos ocho desastres naturales que se cobraron la vida de más de 141.000 personas y afectaron a unas 3,2 millones más.
El ciclón Nargis, en mayo de 2008, es el mayor responsable, pues dejó más de 130.000 muertos y 2,4 millones de damnificados.
Este país es vulnerable al aumento de eventos climáticos extremos como muchos de sus vecinos.
Pero el Grupo de Trabajo para la Reducción de Riesgos de Desastres de Myanmar (nombre oficial de Birmania) señala en un extenso análisis sobre su preparación para afrontar desastres, que los riesgos se incrementaron porque las autoridades no han tomado medidas contra las consecuencias del cambio climático.[pullquote]3[/pullquote]
La ubicación de este país en el lugar 167, entre 176 estudiados por el Instituto para la Adaptación Global “es tanto un reflejo de la exposición de Birmania al cambio climático como de su baja capacidad para gestionar los riesgos climáticos”, subraya el informe.
La falta de preparación tiene un costo terrible. El mismo documento señala que 2,6 millones de personas viven en áreas propensas a sufrir desastres naturales, desde ciclones en el sur hasta terremotos en el norte.
Desde que asumió el gobierno el reformista Thein Sein, en mayo de 2011, existe la voluntad de instrumentar medidas que permitan al país hacer frente a los desafíos del cambio climático.
“Creo que el gobierno se toma en serio lo de tomar medidas a este respecto, saben lo importante que es”, dijo a IPS la coordinadora de reducción de desastres de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) en Birmania, Helena Mazarro.
En junio de 2013, el gobierno dio a conocer la nueva Ley sobre Gestión de Desastres y creó el Comité Nacional de Trabajo para la Preparación de Desastres Naturales, bajo la órbita de la Oficina del Presidente.
También se trabaja en la redacción de un nuevo código que regule la construcción para asegurarse de que el actual auge del sector no socave los estándares en la materia ni ponga más gente en riesgo.
El 1 de abril de este año se estableció una prohibición total a la exportación de madera sin procesar como forma de controlar la tala.
“La preparación frente a desastres mejoró de forma notoria desde el ciclón Nargis. A mediados de 2013, Birmania estaba en condiciones significativamente mejores para responder al ciclón Mahasen que se avecinaba”, indicó Maciej Pieczkowski, gerente de programa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Mahasen causó menos daños materiales, pero dejó 200 personas muertas, y más de 120.000 fueron evacuadas de la occidental región de Rakhine antes de que la tormenta causara estragos.
Pieczkowski señaló que después del ciclón, el gobierno realizó una evaluación del grado de preparación para hacer frente a eventos climáticos extremos.
Pero a pesar de la nueva ley de gestión de desastres, todavía hay que racionalizar la coordinación entre el gobierno y las distintas organizaciones no gubernamentales. Las agencias internacionales suelen ordenar el trabajo por áreas temáticas, como refugios de emergencia, agua o saneamiento, pero las autoridades nacionales no tienen ese enfoque estructurado, explicó Mazarro, de OCHA.
El responsable de coordinar la asistencia es el Ministerio de Bienestar Social, Alivio y Reubicación. “Tratamos de mejorar la coordinación y mejorar las leyes de gestión de desastres. Es un trabajo en curso”, apuntó.
Jaiganesh Murugesan, especialista en riesgo de desastres de UN-HABITAT, dijo a IPS que la preparación a escala nacional mejoró, pero que las zonas rurales están quedando rezagadas. “Debe ponerse el foco en la reducción de riesgos a largo plazo, mientras que la preparación es esencial para el trabajo inmediato”, explicó.[related_articles]
Peeranan Towashiraporn, director del Centro de Preparación de Desastres de Asia, aseguró a IPS que la falta de recursos es una de las principales preocupaciones por la gran cantidad de áreas vulnerables que tiene este país.
“Las diferentes zonas geográficas de Birmania corren distintos riesgos. La región del Delta, como ya vimos con Nargis, puede sufrir el impacto de un ciclón y de las inundaciones costeras. El Estado de Rakhine, en el oeste, está expuesto a ciclones, al desborde fluvial, al crecimiento del nivel del mar y a los terremotos. Y en la llanura central, a lo largo del río Irawadi, no solo pueden haber inundaciones, sino también terremotos”, detalló.
Towashiraporn remarcó que el nuevo código de la construcción, que tiene en cuenta la amenaza de los terremotos y tormentas, deberá implementarse con rigurosidad para que sea efectivo.
Birmania todavía goza de una de las selvas más intactas de Asia sudoriental, pero el grado de deforestación es alarmante. Esta vegetación cubre casi la mitad del país, pero podría estar perdiendo alrededor de 466.000 hectáreas al año, si no más, según la iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) de la Organización de las Naciones Unidas.
Entre 1990 y 2005, la selva se redujo en 18 por ciento. Muchos especialistas sostienen que la deforestación se aceleró por la tala comercial y la extracción de leña para uso doméstico.
La prohibición a la exportación maderera vigente desde abril se propone, en parte, controlar la tala ilegal. En los 12 meses previos a su entrada en vigor, los ingresos que dejó la venta al exterior de este producto superaron los 1.000 millones de dólares, por encima del promedio anual de entre 600 y 800 millones de dólares, según la Asociación de Comerciantes de Madera de Birmania.
Kevin Woods, autor del estudio “Timber Trade Flows and Actors in Myanmar: The Political Economy of Myanmar’s Timber Trade” (Actores y flujo comercial de la madera en Myanmar: la economía política del comercio maderero), dijo a IPS que el gobierno tenía un discurso adecuado, pero que debía mejorar la implementación.
“El gobierno también prevé disminuir de forma drástica la cuota para talar madera. Pero hasta donde yo sé, no se ha implementado nada, pese a que hay una mayor voluntad política al respecto”, añadió.
