El parlamento de Taiwán dio un pequeño pero importante paso para frenar la rampante vigilancia del gobierno sobre políticos y ciudadanos, mediante las reformas de la Ley de Seguridad y Vigilancia de las Comunicaciones y del Código Penal.
Las modificaciones son una respuesta al escándalo político que en septiembre de 2013 involucró la interceptación de llamadas telefónicas del presidente del parlamento nacional, así como de otros legisladores, por parte de una secreta Unidad de Investigaciones Especiales (SIU, por sus siglas en inglés), bajo el mando del fiscal general, Huang Shih-ming.
En una conferencia de prensa celebrada el 6 de septiembre, Huang divulgó las transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas, que supuestamente mostraban que el presidente del parlamento, Wang Jin-pyng, había presionado a funcionarios del Ministerio de Justicia para que no apelaran un fallo contra el representante del opositor Partido Democrático Progresista (PDP), Ker Chien-ming.
El fiscal general declaró que las grabaciones habían expuesto “el mayor escándalo de tráfico de influencias de la historia”, aunque su despacho no acusó formalmente a ningún parlamentario.
Ma Ying-jeou, presidente de Taiwán y líder máximo del gobernante Partido Nacionalista Chino (Kuomintang o KMT), intentó usar la revelación para obligar a Wang a renunciar al partido gobernante y a su cargo.
Sin embargo, los tribunales concedieron a Wang una orden judicial contra su expulsión del KMT, y el funcionario se mantiene en su puesto.
En el interín, las revelaciones de que la Unidad de Investigaciones Especiales había “pinchado” la centralita telefónica del Poder Legislativo generaron un escándalo parlamentario. Legisladores del PDP denunciaron que Ma estaba restituyendo “la vigencia de la policía secreta”, que extendió su dominio entre 1949 y comienzos de los años 90.
Lu Hsueh-chi, parlamentario por el KMT, dijo que la interceptación de llamadas equivalía “a espionaje político”.
El informe final de una investigación de Control Yuan, la defensoría del pueblo de Taiwán, dado a conocer el 15 de enero, confirmó que el fiscal general había abusado de sus poderes, a fin de que la SIU realizase “múltiples investigaciones sobre un solo caso” para tratar de “pescar” alguna ilegalidad y vigilancia no autorizada a legisladores.
“La tormenta de septiembre disparó un contragolpe en torno a la vigilancia penal, prácticamente sin control, que ejercen los fiscales, los investigadores y la policía”, dijo Kao Yung-cheng, directivo de la Fundación por la Reforma Judicial, en diálogo con IPS.
Citando cifras del Ministerio de Justicia, Kao dijo que los fiscales habían propuesto un promedio anual de 15.312 interceptaciones de llamadas entre 2008 y 2012, de las que 74 por ciento de las cuales fueron aprobadas por tribunales.
En comparación, las solicitudes de escuchas telefónicas en ese período representaron, en promedio, 2.720 casos anuales en Estados Unidos, que tiene una población 11 veces mayor que la de Taiwán.
[related_articles]“Estas cifras muestran que o bien Taiwán es un paraíso para los delincuentes, o bien hay un gran abuso de las escuchas telefónicas y de las invasiones desproporcionadas a la privacidad por los organismos y operadores judiciales”, dijo Kao.
Los intentos de la oposición por obligar a Huang a renunciar y a disolver la SIU fracasaron.
Pero el 15 de enero se logró la reforma de la Ley de Seguridad y Vigilancia de las Comunicaciones, con restricciones a las escuchas telefónicas, gracias a la cooperación entre legisladores opositores del KMT, así como a la intensa presión por parte de organizaciones de derechos humanos y de promotoras de cambios legales en el país.
El presidente Ma, con un índice de desaprobación de 75 por ciento a raíz del escándalo, promulgó el nuevo texto el 29 de enero.
“El cambio más importante es el requisito de que los fiscales presenten para su aprobación judicial solicitudes separadas para cada orden (de interceptación de llamadas), para cada persona (a ser espiada), en vez de dar a los fiscales un virtual cheque en blanco”, como sucedía hasta ahora, dijo a IPS la legisladora del PDP Yu Mei-nu, abogada feminista y defensora de los derechos humanos.
“Este cambio debería reducir el uso sin restricciones de la interceptación de comunicaciones, para ‘la pesca’ de delitos no relacionados con la orden inicial, y ayudar a impedir su uso con fines de vigilancia política”, opinó.
Además, desde ahora los jueces deberán rechazar solicitudes de los fiscales para escuchas que incumplan procedimientos legales, carezcan de sólidos argumentos y no se acompañen de explicaciones claras o suficientes.
Además, los fiscales no podrán efectuar registros en las comunicaciones de sospechosos de cometer delitos, cuyas penas sean inferiores a tres años.
Para todas las escuchas se requerirá la aprobación de un juez, excepto para algunos delitos cuyos castigos mínimos sean de 10 años de cárcel, como secuestro, trata y tráfico humano, fraude o intimidación.
Desde ahora los tribunales también deberán notificar oficialmente a la persona cuyas comunicaciones sean interceptadas, durante los siguientes 14 días a la conclusión de la vigilancia.
Así mismo, la ley reformada establece una vía legal para que las víctimas de escuchas ilegales puedan apelar.
Al Ministerio de Justicia se le obliga a emitir públicamente un informe anual de escuchas telefónicas, así como a reportar los datos relevantes al parlamento.
Los jueces y fiscales que violen las nuevas normas podrán ser amonestados o enfrentar consecuencias legales. Además, los funcionarios que hagan mal uso del material obtenido por las escuchas podrán ser castigados hasta con tres años de cárcel.
Pero la campaña por la reforma no logró dos importantes objetivos.
“La mejor manera de impedir excesos en la interceptación e interferencias con la privacidad es que los funcionarios escuchen en el lugar y en tiempo real, y no simplemente que graben y almacenen todo para que los fiscales lo escuchen cuando y como quieran”, dijo Kao.
“Esta propuesta no se aprobó”, puntualizó.
También fueron rechazadas las solicitudes de desmantelar dos entidades centralizadas de vigilancia, operadas por el Buró de Investigación del Ministerio de Justicia y la Administración Nacional de Policía.
“Estas enmiendas constituyen un pequeño paso positivo, pero se necesitan otros aún mayores para frenar realmente el abuso de la interceptación de las comunicaciones”, aseguró Yu Mei-un.
