El histórico triunfo en los tribunales de un grupo de agricultores de Taiwán, que lograron revertir la expropiación de sus tierras tras batallar por años, dio nuevos bríos a la ciudanía para defender sus derechos, mientras dejó conmocionado al gobierno local.
El veredicto alentará la lucha de organizaciones civiles y legisladores de la oposición para reformar la controvertida Ley de Expropiación de Tierras, después de una amarga resistencia a las acciones emanadas de esa norma, que costó dos vidas.
La disputa en Dapu, en el central condado de Miaoli, es el caso judicial de más sonado en Taiwán en la lucha contra las “expropiaciones de zonas”, en las que vastas áreas se venden compulsivamente al Estado.
El gobierno usa parte de las tierras expropiadas para proyectos de infraestructura y la venta de parcelas destinadas la construcción, o para engrosar las arcas de las administraciones locales.
En la actualidad, se procesan en los tribunales 95 causas de expropiaciones, por un total de unas 7.600 hectáreas.
También se realizan campañas de resistencia a la proyectada expropiación de 3.000 hectáreas para crear una “ciudad de la aviación” cerca del Aeropuerto Internacional Taoyuan de Taiwán.
Así mismo, se lucha contra la asignación de 447 hectáreas de tierras agrícolas para un “parque industrial basado en el conocimiento” en el condado de Hsinchu, y de otras 236 hectáreas, donde se proyecta una estación para una línea de transporte rápido entre el aeropuerto y la capital.
“Expropiaciones a gran escala de excelentes tierras agrícolas se extienden por todo Taiwán, habitualmente con el pretexto de crear nuevas poblaciones o zonas industriales, sin considerar las necesidades reales, y a menudo la tierra se vende para especulación”, dijo el presidente del Frente Rural de Taiwán (TRF), Hsu Shih-jung.
“El resultado es la rápida erosión de la mejor tierra agrícola de Taiwán”, señaló Hsu, para agregar que el veredicto “expuso los males del sistema de expropiación de zonas y es un punto de referencia para la justicia agraria”.
En 1999, el alcalde del condado de Maioli, Liu Cheng-hung, ordenó la expropiación de 156 hectáreas, principalmente arrozales de alta calidad, para expandir un parque tecnológico cercano. La fábrica de productos ópticos que iba a instalarse allí solo necesitaba 28 hectáreas.
Las expropiaciones, además, continuaron pese a que el proyecto se canceló.
[related_articles]El caso de Dapu dominó los titulares de los medios internacionales en junio de 2010, luego de que un periodista con ciudadanía taiwanesa filmó a las excavadoras del gobierno en el condado de Miaoli, protegidas por cientos de policías, destruyendo hectáreas de arrozales listos para la cosecha.
La convulsión pública en torno a la destrucción de los cultivos y el posterior suicidio de Chu Feng-min, una anciana agricultora de una de las familias querellantes, luego de que excavadoras destruyeran su terreno, alimentó una campaña de protesta, bajo el lema “Devuelvan nuestra tierra”.
La protesta fue liderada por la Asociación de Autosalvación de Dapu y el TRF.
Pese a las negociaciones con el gobierno central y a los procedimientos legales, las excavadoras del condado de Miaoli, protegidas por cientos de policías, derribaron las viviendas de las últimas cuatro familias en resistencia, incluida la farmacia de Chang Sen-wen, el 18 de julio de 2013.
El TRF respondió con una manifestación en la que participaron más de 10.000 personas. Un mes después, Chang Sen-wen fue hallado muerto bajo un puente cercano a su casa. Se consideró que era un suicidio.
El 3 de este mes, un panel de tres jueces de la Alta Corte Administrativa de Taichung concluyó que fue ilegal la compra compulsiva de tierra perteneciente a Peng Hsiu-chun, la viuda de Chang, y a otras ocho personas de cuatro familias.
También consideró ilegales las demoliciones y anuló la orden de expropiación aprobada por el Ministerio del Interior.
El abogado Chan Shun-kuei, quien representó a los habitantes de Dapu, dijo a IPS que era improbable que el Ministerio del Interior y el gobierno del condado de Miaoli lograran que la Suprema Corte Administrativa de Taiwán revirtiera el fallo.
El Ministerio del Interior y el gobierno de Miaoli “no lograron aportar evidencias documentales de que había habido un debate sustancial sobre las alternativas a la expropiación, o sobre si la expropiación era necesaria para el interés público”, señaló Chan.
En una conferencia de prensa realizada en Taipei tras el fallo, Hsu Shu-jung, del TRF, dijo que el veredicto había llegado “demasiado tarde”, para poder salvar a Chu Feng-min y a Chang Sen-wen.
“Queremos que nos devuelvan nuestras tierras y casas, y que Liu Cheng-hung se disculpe y explique por qué obligó a mi esposo a morir”, declaró Peng Hsiu-chun, agregando que ella demandará una reparación, al amparo de la Ley Nacional de Compensaciones.
Hsu dijo a IPS que el difunto Chang Sen-wen le había preguntado: “¿Qué delito cometí para que el gobierno me trate de esta manera? ¿Qué le da al gobierno el derecho a decidir si yo vivo o muero?”.
Ku Chung-hwa, miembro del Consejo Ciudadano de Vigilancia del Congreso y ex representante sindical, dijo a IPS que “las controversias sobre Dapu y otras expropiaciones y la cruel actitud de las agencias ejecutivas llevaron a los jueces a darse cuenta, final y gradualmente, de la necesidad de enfatizar los derechos ambientales”.
“La sociedad civil ha ganado una batalla, y el gobierno necesitará prestar por lo menos cierta atención al requisito de audiencias sustanciales y transparentes, y puede hallar difícil bloquear la revisión de la Ley de Expropiación de Tierras”, dijo Ku.
Además de prohibir que sigan las expropiaciones de zonas, los proyectos de reforma de la Ley de Expropiación de Tierras buscan “proteger el derecho de supervivencia del pueblo y los derechos de propiedad”, además de imponer una garantía sustancial del interés público y una evaluación pública democrática y transparente.
Los proyectos han sido presentados por legisladores del opositor Partido Democrático Progresista en nombre del TRF y otras organizaciones civiles.
El profesor de economía agraria Tai Hsiu-hsiung, de la Universidad Nacional de Chengchi, en Taipei, dijo a IPS que los impuestos excesivamente bajos de Taiwán habían llevado a los gobiernos locales a usar este método para financiar infraestructuras públicas y obtener terrenos para vender y así mejorar sus balances fiscales.
