La vasta y pintoresca pradera de Tosamaidan, a unos 112 kilómetros al oeste de esta capital del norteño estado indio de Jammu y Cachemira, se convirtió en una zona mortal debido a las maniobras de artillería realizadas por el ejército.
Los proyectiles sin estallar que han quedado dispersos en los pastos han arruinando muchas vidas.
Reshma perdió en 1997 a su hijo de 19 años, Bilal Ahmad, cuando este jugaba cerca de la pradera. “Soy madre y no quiero ver más niños muriendo así”, dijo a IPS.
En 1964, el ejército de India firmó con el gobierno estadual un contrato de arrendamiento de la pradera, de más de 150 hectáreas, por 50 años.
El contrato expirará en abril del año próximo, y los habitantes de más de 30 aldeas que rodean Tosamaidan, iniciaron una campaña en contra de su renovación.
Estos denuncian que los proyectiles han causado un gran número de muertes y dejado lisiadas a cientos de personas, además de aniquilar el ganado y dañar el potencial turístico del área.
“No queremos que nuestros hijos sufran como nosotros”, afirmó Fatima Begam, de la aldea de Jag, madre de tres hijos.
“Si nuestros padres hubieran dicho en 1964 que el ejército no debía realizar ejercicios militares cerca de nuestras aldeas, nosotros no habríamos sufrido”, dijo Begam a IPS en la puerta de su hogar.
El valle de Cachemira fue por décadas escenario de un sangriento conflicto entre India y Pakistán. Al menos 60.000 personas perdieron la vida desde que estalló la insurgencia separatista en 1989. A partir de entonces hay una gran movilización de tropas indias en la región.
Ahora el ejército procura firmar un nuevo contrato de arrendamiento de Tosamaidan por otros 20 años.
El teniente coronel N.N. Joshi, portavoz del ejército en Srinagar, dijo a IPS: “No puedo decir más que la extensión del contrato está actualmente siendo discutida”.
Pero los residentes de Jag, Beerwah, Arzal y muchas otras aldeas se oponen vehementemente a que eso pase.[related_articles]
Una investigación hecha por un legislador cachemiro en agosto pasado reveló que al menos 63 personas murieron por proyectiles dispersos en la pradera. Los datos fueron provistos por el ministro jefe de Jammu y Cachemira, Omar Abdalá.
Desde entonces, los pobladores que exigen el cese de los ejercicios militares recibieron el apoyo de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de varios políticos cachemiros.
Mehbooba Mufti, presidente estadual del Partido Democrático del Pueblo, en la oposición en la región, demandó el cese de los ejercicios militares y pidió que se aprovechara la belleza de Tosamaidan para atraer el turismo.
“No se puede ignorar el pedido de miles de aldeanos que han sufrido en muchos frentes debido a estos ejercicios militares”, dijo Mufti a IPS.
Líderes del gobernante partido regional la Conferencia Nacional también están en contra de la extensión del contrato de arrendamiento.
El gobierno cachemiro creó un comité de alto nivel para que estudie el caso y presente un informe, mientras crecen las voces en contra de los ejercicios militares.
“Tanto en tema de principios como desde el punto de vista legal, el gobierno tiene razones suficientes (para suspender los ejercicios). Además, un gobierno democráticamente electo siempre tiene que considerar las genuinas demandas de su pueblo”, señaló en su editorial del 12 de noviembre el diario Kashmir Uzma, en urdu.
Los aldeanos también advierten que los disparos de artillería están afectando sus formas de sustento.
“Esos ejercicios afectan las actividades relacionadas con la agricultura y el ganado, además de arruinar todas las posibilidades de desarrollar el área como destino turístico”, advirtió Arjumand Talib, quien ha publicado numerosos trabajos sobre el conflicto y la economía de Cachemira.
Ajtar Hussain, otro habitante de Jag, dijo que las actividades económicas en la zona se han vuelto prácticamente imposibles.
“Hace unos años, el ejército impidió la construcción de una carretera en la zona arguyendo que permitiría a los aldeanos acceder fácilmente al campamento militar”, contó a IPS.
Los habitantes dicen que no solo hay proyectiles en las zonas más altas de la pradera, donde pasta el ganado, sino que también muchos explosivos caen rodando a las áreas más bajas cuando se producen las lluvias torrenciales del verano.
En mayo pasado se pudo evitar una tragedia cuando un residente le advirtió a un activista social que había un proyectil sin explotar cerca de un arroyo.
“Uno de nuestros aldeanos, Bashir Ahmed, me llamó por teléfono para decirme que había encontrado un artefacto sospechoso cerca del arroyo. De inmediato lo informé a la policía, y lo hicieron estallar de forma segura”, contó a IPS el activista Raja Muzaffar.
“Pero lamentablemente esto no es siempre así. La mayoría de las veces, la gente se topa con esos proyectiles y comienza a manipularlos o los pisa accidentalmente”, añadió.
Raja y otros activistas presentaron una petición ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jammu y Cachemira.
“Tenemos la esperanza de que la Comisión le dé claras instrucciones al gobierno estadual para que no arriende más esa tierra”, dijo Raja a IPS.
