El pozo Terra-123 estuvo en llamas desde fines de octubre en Tabasco, estado del sudeste de México. A una distancia de 1,5 kilómetros viven unas 1.500 personas que conforman la población indígena de Oxiacaque.
La fuga de gas, que Petróleos Mexicanos (Pemex) solo controlar el 21 de diciembre, ocasionó ya daños irreversibles, dijo a IPS el activista Hugo Ireta, de la Asociación Ecológica Santo Tomás, dedicada a trabajar con poblaciones de Tabasco que soportan daños ambientales, de salud y económicos por las operaciones de la empresa estatal.
La reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, aprobada en diciembre por el parlamento, allana el paso a la inversión privada, nacional y extranjera, en exploración, extracción, refinación, transporte, distribución y venta de hidrocarburos.
De tal forma, el Poder Ejecutivo podrá otorgar licencias de exploración y explotación, en un esquema utilizado en varios países de América Latina, como Argentina, Ecuador y Perú, a menudo acompañado de conflictos con comunidades locales.
«Si ha costado con Pemex, con empresas privadas va a ser una anarquía, van a estar en un paraíso. Si Nigeria tiene problemas serios, lo mismo nos va a pasar», dijo Ireta a IPS, en referencia al país africano donde grupos armados patrullan los yacimientos o perforan oleoductos para abastecer el mercado ilegal de combustibles.
La Asociación y poblaciones afectadas de Tabasco presentarán en 2014 una demanda contra Pemex por daños a la propiedad.
El análisis de muestras tomadas en mayo, agosto y septiembre, dispuesto por los futuros litigantes, halló plomo, cadmio y aluminio en el agua de la planta potabilizadora Chilapa, que opera en el municipio tabasqueño de Centla y atiende a 21 comunidades.
En junio, habitantes de las localidades de Cunduacán y Huimanguillo presentaron una demanda colectiva contra Pemex, que se encuentra en proceso en tribunales mexicanos.
En 13 de los 17 municipios tabasqueños hay actividad petrolera, con una producción diaria de 500.000 barriles.
Los derrames de crudo vienen aumentando desde 2008. Entre 2000 y 2012 se vertieron en Veracruz más de 26.000 barriles de petróleo y en Tabasco más de 28.000, según la estatal Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Hidalgo (este), Puebla (sudeste) y sus rutas hacia Ciudad de México son también vulnerables a la actividad petrolera.[related_articles]
La industria libera metales pesados, ozono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, sulfuro de hidrógeno, sales, amonio, cadmio y ácidos.
«Las comunidades han peleado por resarcimiento y Pemex señala que no hay daños, cuando se ha documentado el impacto. Los problemas ambientales generan problemas sociales y las autoridades no están respondiendo a expectativas sociales de un ambiente sano», señaló Ireta.
Ahora que México ha abierto el sector al capital privado internacional, existe riesgo de que estas situaciones se multipliquen y crezca la presión sobre el agua, un insumo clave para extraer gas de esquisto (shale gas).
El gobierno “no tiene la capacidad técnica y humana para hacer frente a empresas transnacionales. La población no tiene idea de qué es el shale gas y las consecuencias de su extracción. señaló Waldo Carrillo, un veterinario que cría ganado y caza venados de cola blanca en su rancho en Piedras Negras, en el norteño estado de Coahuila.
Por ese territorio se extiende la Cuenca de Burgos, un depósito de gas que también abarca los estados de Nuevo León y Tamaulipas y que tendría yacimientos de gas de esquisto.
«Lo que pretendemos es informar a la sociedad desde otra perspectiva. Queremos alertar de los riesgos», agregó Carrillo, uno de los fundadores de la no gubernamental Amigos del Río San Rodrigo, que intentan preservar el ecosistema de ese curso de agua local.
«El gobierno habla de empleos, inversiones y crecimiento, pero no tiene la otra visión. Tiene un discurso bien optimista», añadió.
El estatal Instituto Mexicano del Petróleo reconoce que la percepción pública es desfavorable hacia el gas de esquisto y la atribuye a “información limitada” o a un “manejo inadecuado”.
Pemex viene perforando desde 2011 al menos seis sitios de rocas de esquisto en Nuevo León y Coahuila y desarrolla exploraciones en el norte del sudoriental estado de Veracruz. Además, planifica taladrar 20 pozos para 2016, con una inversión superior a los 2.000 millones de dólares, en los que las corporaciones extranjeras tienen puestos los ojos.
La técnica para extraer este tipo de gas, la fractura hidráulica, requiere un gran consumo de agua.
En Coahuila los recursos hídricos no sobran. En 2010 ese estado sufrió una sequía intensa. La recarga subterránea es de 1.604 millones de metros cúbicos por año, pero el consumo de aguas del subsuelo ronda los 1.890 millones de metros cúbicos, según el gobierno estadual.
En nueve de los 28 acuíferos de Coahuila la extracción rebasa la recarga, según la Comisión Nacional del Agua.
«La gente necesita más información», dijo Carrillo. Su organización prepara para 2014 una intensa campaña de divulgación sobre el gas de esquisto.
