Pese al alerta temprana del gobierno y a la evacuación de hasta 800.000 personas de áreas vulnerables, el tifón Haiyán (“Yolanda”, para la población local) devastó por completo algunas comunidades y zonas costeras de las centrales islas filipinas de Visayas.
Este supertifón de categoría 5, que se estima el más intenso de la historia, impactó en Filipinas el 8 de este mes, debilitándose levemente antes de matar a miles de personas y de causar graves daños a la economía del país.
Hay estimaciones de hasta 10.000 fallecidos. La ciudad de Tacloban, capital de la provincia de Leyte, fue la más afectada. También hay 600.000 desplazados, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En las primeras horas de la llegada del tifón, informaciones intermitentes daban una idea de potencial impacto, pero las autoridades y agencias humanitarias pasaron varios días sin tener acceso a muchas comunidades.
Esto implicó que miles de personas quedaran sin productos básicos en las horas que siguieron al desastre, mientras un manto de incertidumbre envolvía a muchas áreas afectadas, necesitadas de asistencia inmediata.
Casi un día después del impacto del tifón, la oficina de la ONU en Manila alertó por el canal de noticias Bloomberg que a ciertas áreas no habían llegado todavía las operaciones de alivio, y que ignoraba la cantidad de sobrevivientes que carecían de productos esenciales debido a los enormes daños infligidos a infraestructura básica.
“En los próximos días, tengan por seguro: la ayuda les llegará cada vez más rápido”, declaró el presidente de Filipinas, Benigno Aquino, tras visitar las áreas devastadas, intentando calmar a miles de personas desesperadas.
“La entrega de alimentos, agua y medicinas a las áreas más afectadas es nuestra prioridad”, afirmó.
Horas después de la tormenta, los medios locales retrataban un panorama de desesperación y pánico, mientras mucha gente buscaba víveres donde fuera. Al gobierno le llevó cierto tiempo despachar soldados y personal para organizar la distribución de la ayuda y establecer una mínima estabilidad en las áreas más perjudicadas.
El ejército de Filipinas envió cuatro aviones C-130 a las zonas afectadas, que solo podían aterrizar en horas de luz natural. Un batallón de 250 efectivos fue enviado a Tacloban, el área más devastada.
“Estamos enviando medicinas y otros productos de ayuda, equipos de respuesta a la emergencia y tiendas de campaña, generadores (eléctricos), equipos de comunicaciones y combustible”, dijo a los periodistas el coronel Miguel Okol, portavoz del ejército.[related_articles]
“Pero ahora nuestra prioridad es enviar (efectivos de) seguridad –la Policía Nacional de Filipinas— para hacer frente a (brotes de) violencia», agregó.
Los informes sugieren que la dimensión de los daños superó a las autoridades locales, mientras que, apenas pasado el tifón, el gobierno nacional tenía problemas para comunicarse con las áreas afectadas.
La fuerza de Haiyán destruyó aeropuertos, carreteras, redes eléctricas y líneas telefónicas, volviendo prácticamente imposible una coordinación óptima entre las autoridades y dejando algunas zonas aisladas justo cuando más necesitaban ayuda.
Más de 9,5 millones de personas se vieron afectadas, 20.000 casas quedaron en ruinas y cuatro aeropuertos se vieron obligados a cerrar. Las pérdidas totales podrían alcanzar los 14.000 millones de dólares.
Según el Programa Mundial de Alimentos, al menos 2,5 millones de personas necesitan ayuda de emergencia.
El gobierno anunció que destinaría una suma inicial de 533 millones de dólares para operaciones de ayuda inmediata y tareas de reconstrucción.
En Tacloban, el Departamento de Obras Públicas y Carreteras solicitó unas 100 hectáreas para reubicar a unas 45.000 familias. Hasta ahora, ha adquirido 300 hectáreas del gobierno local.
Mientras, la Autoridad Nacional de Alimentos anunció que tenía listas más de tres millones de bolsas de arroz para enviar en las áreas afectadas, pero los propios funcionarios tenían dudas de poder distribuirlas.
“A veces, no importa cuánto y cómo estés preparado, el desastre simplemente es demasiado grande”, dijo Zhang Quiang, de la Universidad Normal de Beijing, especialista en mitigación de desastres.
Pese a las impresionantes tasas de crecimiento del producto interno bruto de Filipinas en los últimos años, y aunque se pronostica una expansión de hasta siete por ciento para 2013, este país ha hecho pocas inversiones en infraestructura básica.
Miles de carreteras y puentes necesitan mantenimiento y mejoras con desesperación, mientras muchas áreas rurales todavía no cuentan con buena conexión eléctrica y siguen aisladas de los centros urbanos.
La administración de Aquino viene impulsando sin respiro una docena de grandes proyectos de infraestructura en asociación con el sector privado, destinados a impulsar la economía y mejorar la resiliencia del país ante desastres naturales.
Sin embargo, la mayoría de estas obras no estarán listas antes de 2015.
Una combinación de vacíos legales, corrupción y mala administración ha dejado muchas áreas, sobre todo las alejadas de los centros industrializados en la norteña isla de Luzon, carentes de infraestructura básica y de calidad.
Los especialistas presionan con insistencia al gobierno para que mejore esa infraestructura, sobre todo considerando la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales.
Es bien sabido que los barrios pobres y las comunidades costeras son los más expuestos a esos desastres, y por eso el gobierno debería adoptar estrategias como la evacuación de la población y la construcción de búnkers de hormigón capaces de resistir los tifones, señalan los expertos.
Pero, para muchos, la gran cuestión es el cambio climático y el precio que deben pagar países en desarrollo como Filipinas por siglos de industrialización de las naciones del Norte.
Las consecuencias se agravan por el estancamiento de las negociaciones internacionales. Los países occidentales y las grandes economías emergentes se resisten a someterse a una reducción obligatoria de sus emisiones de gases invernadero, causantes del calentamiento.
Pero los países pobres también se quejan de que las naciones ricas no invierten en fondos de adaptación, que podrían ayudar a los más débiles a afrontar los efectos de las transformaciones del clima.
