Las mujeres víctimas de violencia de género en Líbano siguen a merced de los estrictos tribunales religiosos, mientras un proyecto de ley civil contra este tipo de agresiones continúa estancado en el parlamento.
Una de las tantas libanesas que exigen el divorcio y el derecho de custodia de sus hijos es Aisha, de 24 años y originaria del Valle de la Becá, a unos 30 kilómetros al este de Beirut.
Casada hace ocho años con un jeque musulmán sunita, Aisha sufría continúas golpizas. Además, su esposo la forzaba a prostituirse más de cuatro veces al día en esta ciudad, para pagar así la cocaína de la que era adicto, contó ella a IPS.
Aisha, quien pidió reserva de su apellido, dijo que incluso ejerció la prostitución durante dos de sus embarazos, y que su esposo, frecuentemente en prisión por tráfico de drogas, consumía narcóticos ante la mirada de sus cuatro hijos y tenía sexo con otras mujeres en su hogar.
“Tenía relaciones sexuales con mi esposo, pero no había sentimientos”, dijo con tono sombrío.
Hace un año, Aisha huyó de la casa. “Quería una nueva vida para mis hijos. No quería que tuvieran una madre con mala reputación”, señaló.
Ahora vive en Beirut con dos de sus hermanos, y sufre depresión. Su esposo acaba de ser liberado nuevamente y se turna con ella para visitar a sus hijos, que se encuentran en un orfanato.
Los pequeños, de los que la mayor es una niña de ocho años, le tienen miedo a su padre, pero Aisha los convence de que lo vean, por temor a represalias.
Ahora su demanda de divorcio y de custodia de los niños se encuentra estancada en un tribunal sunita.[related_articles]
Esos tribunales religiosos islámicos tradicionalmente benefician al esposo en caso de disolución del matrimonio, y los padres tienen siempre el derecho a la custodia de los hijos a partir de los siete años y de las hijas a partir de los nueve.
Aisha asegura que su esposo está sobornando al jeque a cargo del tribunal para que frene el caso. “No ha pasado nada. En el Valle de la Becá es como una familia, todos se conocen”, afirmó.
Para agravar la situación, el tribunal está ubicado en Arsal, una localidad en el tope de una colina sobre la frontera con Siria, escenario reciente del conflicto bélico en el país vecino y al que los abogados se resisten a ir.
En Líbano hay 18 diferentes grupos religiosos y cada uno de ellos dicta sus propias normas en asuntos como matrimonio, divorcio, custodia, pensiones, manutención y herencias.
Las víctimas de violencia familiar están atadas por estrictas leyes religiosas, como las aplicadas en tribunales musulmanes sunitas y cristianos maronitas, que prácticamente les impiden divorciarse. Los tribunales drusos y cristianos ortodoxos son un tanto más indulgentes.
Una encuesta a más de 100 libanesas, publicada este año por el Centro Médico de la American University de Beirut, indica que más de dos tercios sufrieron violencia verbal de sus esposos, mientras que 40 por ciento fueron víctimas de abusos físicos.
La mayoría de las mujeres consultadas dijeron que nunca abandonarían su hogar pues temen perder la custodia de sus hijos, así como el apoyo financiero y social que supone el matrimonio.
El actual proyecto de ley sobre violencia familiar fue aprobado por un subcomité parlamentario en julio, luego de una considerable presión de activistas, y supone un gran avance ya que el abuso en el hogar deja de ser un asunto privado.
“Lo más importante es que la mujer golpeada tiene derecho a ir a la policía y presentar una queja, y hay funcionarios especializados en violencia de género”, destacó Raghida Ghamlouch, trabajadora social en el Consejo Libanés para Resistir la Violencia contra las Mujeres.
La organización provee asesoría legal y psicológica a mujeres víctimas de abusos. “El Estado tendrá el derecho de castigar al agresor”, añadió.
El proyecto también incluye otras salvaguardas, como órdenes cautelares, acciones judiciales contra abusadores y la provisión de refugio para las víctimas.
Pero lo que aún falta, señalan activistas, es que se penalice la violencia dentro del matrimonio y que el texto especifique la protección a la mujer, y no solo a “miembros de la familia”.
La multiplicidad religiosa se ve reflejada en todos los aspectos de la vida política y social de Líbano, y se hizo más profunda en la guerra civil que asoló este país entre 1975 y 1991 y concluyó con el Acuerdo de Taif, por el cual los distintos grupos se repartieron el poder y el gobierno.
El presidente es cristiano maronita, el primer ministro es musulmán sunita y el presidente del parlamento de la rama chiita del Islam.
Temas como el matrimonio están solo regidos por leyes religiosas, que establecen importantes limitaciones.
Aun cuando un tribunal religioso falle a favor de una mujer, la implementación es complicada, dijo Nicole, una maronita de poco más de 40 años.
Esta madre de dos hijos huyó de su casa hace 10 años porque su esposo la torturaba con cigarrillos y con choques eléctricos.
Según las normas maronitas, el esposo siempre tiene el derecho de custodia de los hijos a partir de los dos años de edad. Por eso, ella pasó a ser una “secuestradora”.
Nicole finalmente ganó el divorcio, y más tarde la custodia y una manutención, pero su esposo hasta ahora se niega a pagar. Ella aún vive escondida con sus pequeños, y ocho años de temor y enfrentamientos legales le han pasado factura psicológica: sufre una profunda depresión.
Son casos como este los que más le preocupan a Raghida Ghamlouch. Pero la inestabilidad política en este país puso una vez más todos los proyectos legislativos en espera.
“Estamos esperando una nueva ley, pero no sabemos cuándo se reunirá el parlamento”, lamentó.
