Rahmatullah Balal ha pasado 10 años contando lo que en Pakistán todos llaman “escuelas fantasmas”. Se trata de centros educativos que solo lo son en el papel, porque en realidad se usan para guardar animales o como espacios reservados para los poderosos locales.
Balal, de 35 años, es presidente de la Sociedad de Desarrollo Rural de la provincia de Sindh, una red de 40 organizaciones no gubernamentales, y batalla por mostrar las escuelas que no existen a funcionarios de educación, principalmente en la ciudad de Hala y sus alrededores, en esta sudoriental región de la que es capital Karachi.
El Departamento de Educación no prestó atención a sus quejas, así que hace unos tres años decidió plantarse con un grupo de amigos frente a las casas de los políticos, identificados con brazaletes negros, o asistir a acontecimientos donde los políticos son invitados.
“Ellos escucharon pero no hicieron absolutamente nada, porque no había ninguna presión de los padres”, dijo.
El año pasado, su organización decidió usar tecnología digital. “Hicimos que la comunidad se involucrara, y cada vez que oíamos sobre una escuela fantasma o que no funcionaba, se enviaban cientos de mensajes de texto desde diferentes números a los parlamentarios”, explicó.
Esto concitó la atención de los medios de comunicación. Los periódicos locales pusieron de relieve el asunto casi a diario. Pero, pese a ello, nada cambió.
Como último recurso, en enero de este año Balal decidió elevar una solicitud a Suprema Corte de Justicia de Pakistán, pidiendo a su presidente, Iftijar Mohammad Chaudhry, que considerara la “lamentable situación” de la educación en Sindh, haciendo particular referencia a las escuelas fantasmas.
A través de mensajes de texto, pidió a organizaciones comunitarias locales y a personas de cada lugar que enviaran detalles sobre esos centros de estudios. “En 10 días hicimos una lista de 1.300 de esas escuelas en todo Sindh”, dijo.
La Alta Corte de Sindh efectuó un nuevo relevamiento e informó a la Suprema Corte que había 6.721 de estas escuelas que eran propiedad del gobierno, y para las cuales incluso aportaba fondos.
“Los edificios escolares se han convertido en establos”, observó Chaudhry, la máxima autoridad judicial de Pakistán, el 11 de febrero de este año, al atender la petición de Balal.
“Esto es lo que estamos haciendo a nuestros niños, cuando la educación es un derecho constitucional”, añadió.
Balal todavía espera una resolución legal. “Me gustaría que se lleve a la justicia a todos los que estuvieron apañando al gobierno”, dijo a IPS.
Sadiqa Salahuddin, directora del Centro de Recursos Indus, dijo preferir que se hable de escuelas “cerradas”. Algunas de las 130 casas de estudio administradas por su entidad en los distritos de Jaipur, Sukkur, Dadu, Jamshoro y Karachi, en la provincia de Sindh, fueron antes escuelas que no funcionaban.
“Las escuelas fantasmas están asociadas con la corrupción, particularmente con el ausentismo de los maestros, cuando ese no es siempre el caso”, dijo a IPS.
“Algunos de los docentes de estas mismas escuelas pueden estar enseñando todavía y ganándose el sueldo honestamente, pero su supervisor puede haberlos destinado a otra parte bajo presión de un superior”, explicó.
Salahuddin admitió que bien podría ocurrir que se transfiriera a los maestros a un área más conveniente.
[related_articles]“Destinar maestras a escuelas de aldeas apartadas, cuando no hay transporte público es el primer paso para fastidiar la carrera de hasta la más dedicada y comprometida”, dijo a IPS, y culpó a las políticas centralizadas de reclutamiento, donde el personal docente que es empleado del gobierno puede ser asignado a cualquier parte.
Según el Informe Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, presentado el 1 de octubre en Pakistán, algunos maestros trabajan en connivencia con las autoridades educativas para “falsificar los reportes sobre el funcionamiento de las escuelas”, mientras en realidad trabajan en otros lugares.
El problema de los profesores que no se presentan a trabajar, o de escuelas que se transforman en establos, radica en la sesgada política educativa, dijo Salahuddin.
El sistema que implementa el gobierno, de construir escuelas en predios donados por la comunidad, es uno de los motivos, dijo. “En el Sindh rural, que conozco bien, la tierra pertenece a un puñado de poderosos, que cuando se desprenden de ella siempre imponen condiciones y ejercen influencia e interferencia”, detalló.
Tal como están las cosas, Pakistán no podrá lograr para 2015 la educación primaria universal, uno de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio. La misma meta está contenida en la Declaración de Dakar de 2000, de la cual este país también es firmante.
Un estudio realizado en 2010 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reveló que unos 25 millones de niños y niñas de entre cinco y 16 años no iban a la escuela en Pakistán, con una población total de 183,5 millones de personas.
En cambio, en la vecina India, con 1,2 mil millones de habitantes, se estimaba que eran ocho millones de entre seis y 14 años los que no asistían a las aulas en 2009, lo que implicaba una reducción significativa en relación a los 25 millones de 2003.
El informe, elaborado con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Universidad de Ciencias Administrativas de Lahore, no incluyó a las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), a Gilgit-Baltistan y a la Cachemira administrada por Pakistán.
Pakistán gasta 1,9 por ciento de su producto interno bruto en educación, cuando el promedio mundial es de cuatro por ciento. En contraste, 54 por ciento del presupuesto se destina a defensa y al pago de la deuda por compra de armas.
Sin embargo, incluso una parte de este bajo presupuesto educativo es subutilizada. Entre 2012 y 2013, las cuatro provincias del país gastaron en el rubro enseñanza el equivalente a 293 millones de dólares, menos de la mitad de los fondos que tenían asignados, según Alif Ailaan, una alianza de organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover la educación.
La entidad hace campaña para que el presupuesto sea mayor y mejor. “Necesitamos ambas cosas, porque la escala de la solución tiene que estar a la altura de la escala del problema”, dijo Mosharraf Zaidi, de Alif Ailaan, en diálogo con IPS.
Zaidi agregó que los edificios escolares y la contratación de maestros se han convertido en herramientas de clientelismo político. Mientras que, paralelamente, a su juicio, el problema de la educación no tiene el protagonismo que debería, porque los políticos no están “expresando indignación por el resultado de este sistema educativo”.
