«Es igual que una cárcel. Un día allí son como 100 años», dice la nigeriana Jennifer, de 35 años, de lo que soportó su tía en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de esta sureña ciudad de España, antes de ser deportada.
Quizás sea peor que una cárcel.
En las prisiones de mujeres, el personal de custodia es femenino. En los CIE, las extranjeras son «prisioneras en cárceles supervisadas por hombres», dice a IPS el presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, Luis Pernía.
Las condiciones para los vejámenes están servidas.
El 30 de este mes se celebrará la segunda audiencia del juicio contra cinco policías españoles por el abuso sexual de varias internas, presuntamente cometido en 2006 en el CIE de Málaga, que funcionaba en un antiguo cuartel militar y fue clausurado por ruina en junio de 2012.
En las estancias de las mujeres violentadas se encontraron pisacorbatas. «Las encargadas de la limpieza hallaron preservativos y botellas de alcohol. Hay imágenes de policías descamisados abrazando a internas», relata a IPS el abogado de la acusación popular, José Luis Rodríguez.[pullquote]3[/pullquote]
Estos hechos, enjuiciados siete años después, son «la punta del iceberg», agrega Rodríguez, experto en inmigración de la organización no gubernamental Andalucía Acoge. Se revela así «la sensación de impunidad absoluta de estos policías», alentada por “la opacidad, la falta de regulación y el descontrol» imperantes en los CIE, dice.
Cuatro de las seis denunciantes fueron expulsadas el mismo año de los hechos. «¿Qué hubiera pasado si las víctimas hubiesen sido españolas?», pregunta la marroquí Hakima Soudami, mediadora intercultural en la organización Accem, que proporciona asistencia a inmigrantes y refugiados.
Para Pernía, esta es una historia todavía «no escuchada» por la sociedad española. También el miedo juega su parte. Una mujer que estuvo retenida en el CIE de Málaga y luego puesta en libertad, se negó a contar su historia a IPS por temor.
Según la Ley de Extranjería, los CIE son establecimientos «de carácter no penitenciario», para «la detención y custodia a disposición de la autoridad judicial de extranjeros sujetos a un expediente de expulsión». Nadie puede permanecer allí más de 60 días.
Hay siete centros en funcionamiento, con capacidad para alojar a 1.526 personas, precisaron a IPS fuentes del gobierno. En 2012, ingresaron 11.325 personas, y de ellas «4.390 quedaron en libertad ese año», según una comunicación del Ministerio del Interior al parlamento el 17 de este mes.
Las mujeres allí «comen mal y enferman», apunta la nigeriana Jennifer, que vive en este país y está casada con un español.
A las inmigrantes «se les deniega el derecho básico a la salud dentro de una institución del Estado, lo que puede desembocar en la muerte», dice a IPS la activista Paloma Soria, coordinadora del informe «Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros: Realidades entre rejas», publicado en 2012 por la no gubernamental Women’s Link Worldwide.
La muerte fue lo que encontró la congoleña Samba Martine, de 34 años, en el CIE de Aluche, en Madrid, el 19 de diciembre de 2011. Como las autoridades no tenían su historia clínica, no recibió el tratamiento antirretroviral que requería y solo fue trasladada a un hospital el día que murió.[related_articles]
El escándalo consiguiente «no ha servido para que se tomen medidas que eviten la repetición de la tragedia», sostuvo el 11 de octubre en un comunicado la Campaña por el Cierre de los CIE que aglutina a una treintena de asociaciones de la sureña ciudad de Valencia.
«No se realizan controles periódicos en caso de embarazo, ni se informa a las mujeres de la posibilidad de su interrupción voluntaria», permitida por la ley, observa Soria. Para ella es «demencial» que se nieguen estos derechos.
En agosto de 2006, una brasileña que cursaba embarazo de alto riesgo y fue testigo de los abusos policiales destapados un mes antes en el CIE malagueño, sufrió un aborto mientras seguía retenida a la espera de su expulsión.
Algunas inmigrantes llegan a España como víctimas de trata. Pero se las recluye en los CIE y luego se las deporta sin que se identifique el caso, dice a IPS la presidenta de Andalucía Acoge, Silvia Koniecki. Se necesita «una fiscalización efectiva de estos centros por parte de las organizaciones no gubernamentales» para atajar este «grave problema de indefensión», sostiene.
A la marroquí Soudami le cuesta contener la emoción mientras relata: “Las inmigrantes son objeto de desgracias desde el origen. Huyen de las guerras y la pobreza. A algunas les han matado a toda su familia y hacen largos caminos a pie con sus hijos. Vienen de Nigeria, Sierra Leona… tardan años y sufren malos tratos antes de poder pagar el viaje en patera que acabará en un CIE, si es que sobreviven a la travesía».
Soudami vive en Málaga hace 15 años. Como parte de su trabajo, ha conocido a mujeres recluidas en el CIE y ha sentido «asco» al ver el trato que les dispensaban las autoridades.
Denuncias por mala y escasa alimentación, desinformación y ausencia de traducción para quienes no hablan español figuran en el informe de Women’s Link Worldwide.
En varios centros visitados, las mujeres disponían de menos tiempo que los hombres en el patio y sus espacios comunes eran más pequeños. En el CIE de Valencia se las obligaba a limpiar sus habitaciones, mientras que existía un servicio de limpieza para las de los varones, cuenta Soria.
El gobierno aprobó el año pasado un anteproyecto de Real Decreto para regular temporalmente los CIE, pero que no incluyó “modificaciones de calado”, según el jurista Rodríguez. Las organizaciones de derechos humanos reclaman, por ejemplo, que la vigilancia corra a cargo de personal civil y no policial.
En 2010, una nigeriana menor de edad internada en el CIE malagueño, y con una larga historia de abusos y malos tratos sufridos hasta que llegó a España, fue deportada contrariando las recomendaciones de varias organizaciones.
«Prevalecen las políticas migratorias frente a los derechos humanos», constata Pernía. «Hay una deshumanización terrible».
