Primero fue YouTube. Ahora, si el gobierno de Sindh se sale con la suya, quedarían inhabilitados Skype, WhatsApp, Viber y Tango para la población de esta sudoriental provincia pakistaní, al menos por tres meses.
Ya parte del vocabulario cotidiano, aplicaciones como Skype ofrece servicios de llamadas rápidos, baratos y fáciles de usar en todo el mundo utilizando la tecnología de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP, por sus siglas en inglés).
Pero esta facilidad de comunicarse también la aprovechan los grupos terroristas, argumenta el gobierno local, del Partido Popular de Pakistán.
Según la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán, este país tiene 30 millones de usuarios de Internet, en una población total de 190 millones de habitantes.
Como 70 por ciento de esos cibernautas tienen menos de 30 años, no es difícil imaginar cuán populares son estas aplicaciones en Pakistán.
Pero las organizaciones terroristas pasaron de los teléfonos celulares a estas aplicaciones, dificultando que los agentes de seguridad los rastreen, planteó el ministro de Información de la provincia, Sharjeel Memon.
Y una gran operación contra terroristas, extorsionistas, pandillas criminales y sicarios en la ciudad portuaria de Karachi es el argumento para bloquear estos servicios.
Pero ni la comunidad de Internet ni las organizaciones de derechos humanos creen en esa excusa. “Es el mayor golpe a los derechos humanos y a las libertades civiles”, dijo a IPS el activista Furhan Hussain, coordinador de Bytes for All (Bytes para Todos, o B4A), con sede en Islamabad.
Según Hussain, se trata de un intento desesperado del gobierno para evadir la responsabilidad de no haber podido controlar la delincuencia que apela a tecnologías avanzadas.
El 17 de septiembre del año pasado, el gobierno de Pakistán bloqueó el acceso público a la red social YouTube, que permite compartir vídeos, argumentando que había transmitido la publicidad de una película que incluía contenido blasfemo contra el profeta Mahoma y los musulmanes.
El gobierno había hecho varios intentos de bloquear solo ese contenido en particular, pero terminó inhabilitando todo el sitio web. La prohibición, que debía durar un año, todavía no se levantó.
“No hay límite al control que (el gobierno) ejerce, pues también ha empezado a bloquear servicios de telefonía celular durante varias horas”, dijo Mohammad Nawaz, fabricante de láminas corrugadas en Lahore.
Un día, su sobrino resultó gravemente herido y las mujeres que estaban en la casa no pudieron comunicarse con los hombres de la familia o llamar a una ambulancia porque no funcionaba la telefonía celular, recordó.
Las autoridades aseguran que bloquean los servicios móviles solo cuando reciben reportes confirmados de que terroristas están usando celulares como detonadores en atentados con explosivos.
Manzar Abbas, experto en seguridad y exdirector de la Autoridad Nacional Contra el Terrorismo, sostiene que, como la carga de las nuevas baterías de estos teléfonos dura más, los terroristas pueden colocar con mucha anticipación los móviles atados a los explosivos en puntos específicos.
“Las suspensiones (de los servicios de telefonía) son problemáticas pero justificadas”, dijo Abbas a IPS.
¿Y en cuanto al aspecto legal? ¿Acaso la ley permite ese tipo de decisiones o son arbitrarias?
Según el abogado Hafiz Shahid, radicado en Lahore, la ley de reorganización de las telecomunicaciones de Pakistán permite desde 1996 suspender los servicios de comunicación si se considera que constituyen un riesgo para la seguridad nacional.
[related_articles]Asimismo, dijo Shahid a IPS, el artículo 19 de la Constitución establece la libertad de expresión individual, pero “sujeta a cualquier restricción razonable impuesta por ley por el interés de la gloria del Islam o de la integridad, la seguridad o la defensa de Pakistán… el orden público, la decencia o la moralidad, o en relación al desacato al tribunal, (la comisión de) o incitación a un delito”.
El activista Hussain, de B4A, desestima este argumento. “Todos los países tienen sus prioridades. Pero, ¿por qué la mayor parte del tiempo la espada de la censura cae sobre nuestras cabezas?”, planteó.
La organización viene librando una batalla contra la censura en Internet. En enero presentó una petición en la Alta Corte de Lahore contra el bloqueo de YouTube, argumentando que era ilegal, inconstitucional y violatoria de las obligaciones de Pakistán bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el mismo tribunal, la organización también litiga la decisión del gobierno de instalar programas de vigilancia y de bloqueo de direcciones web.
El último plan para bloquear los servicios de llamadas por Internet está limitado a la provincia de Sindh. “Esto es muy discriminatorio”, dijo Mohammad Asim, un profesional de mercadotecnia que vive en Karachi, centro financiero del país.
Él usa Skype para participar en conferencias virtuales con personas que están en distintas partes del planeta, y para llegar a potenciales clientes.
“Mis competidores de otras provincias y países definitivamente tendrán una ventaja decisiva sobre mí si estos servicios se bloquean”, dijo a IPS.
Fouad Bajwa, investigador sobre los derechos en Internet y asesor de políticas públicas sobre la red de redes, también condena las políticas restrictivas del gobierno.
La censura en Internet puede ir desde los padres que controlan lo que ven sus hijos en la web hasta gobiernos, empresas e instituciones académicas que vigilan los correos electrónicos de sus accionistas y la información digital que comparten, explicó.
Las autoridades policiales y judiciales que reclaman información a los proveedores de servicios de Internet o de contenidos, e incluso confiscan computadoras de domicilios privados en búsqueda de evidencias de actividades ilegales, usan la misma justificación.
“Nunca se dice cuáles son esas actividades indeseables, porque eso se convierte en una cuestión política”, dijo Bajwa a IPS.
Por ahora, Sindh necesita que el gobierno federal apruebe la prohibición de servicios de llamadas por VoIP en la provincia y ordene a la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán aplicarla.
Como el gobierno federal está en manos de la rival Liga Musulmana de Pakistán (Nawaz), puede sentirse forzado a consentir para evitar que lo culpen de no enfrentar el terrorismo y el crimen organizado.
“En este momento es crucial elevar una voz por la protección del derecho de los ciudadanos a la expresión y la información”, dijo Bajwa. “Hay que convencer al gobierno de que la población también debe ser parte de estas decisiones”.
