Un mes después de que los huracanes Ingrid y Manuel causaran a México la mayor destrucción por un fenómeno natural en 30 años, se impone otra: el hambre en comunidades supuestamente atendidas por un programa rural de abastecimiento de alimentos.
Las historias se repiten en los 14 municipios de la sierra del sudoccidental estado de Guerrero, indican testimonios de la gente que ha llegado a las cabeceras municipales para pedir socorro, como los tres hombres de la comunidad de Los Laureles que caminaron tres días y cruzaron ríos usando cuerdas para poder llegar a Coyuca.
«Necesitamos alimentos, ya se acabó todo, no tenemos que comer», dijo a IPS uno de esos habitantes, Gregorio Angulo, que llegó a pedir un helicóptero para trasladar ancianos y mujeres embarazadas.
Guerrero fue el estado más afectado por el impacto combinado de dos huracanes casi simultáneos: Ingrid, en el Golfo de México sobre el océano Atlántico entre el 12 y el 17 de septiembre, y Manuel, que se formó el 13 y se disipó el 20 de ese mes en el Pacífico.[pullquote]1[/pullquote]
«El hambre ya está”, declaró el presidente de la Confederación Nacional de los Consejos Comunitarios de Abasto, Porfirio González Cortés, a un periódico del sureño estado de Oaxaca, el segundo estado más dañado.
Con decenas de carreteras federales cortadas, contar con alimentos locales y a bajo precio resulta clave en este país de 118 millones de habitantes. Para eso se creó en la década de 1970 la empresa estatal Diconsa (acrónimo de Distribuidora Conasupo Sociedad Anónima).
Mediante una red de algo más de 25.000 tiendas destinadas a atender a comunidades marginadas de menos de 2.500 habitantes, Diconsa debería ofrecer una canasta básica de 22 productos, como maíz, frijol, arroz, azúcar, aceite y pasta, a precios subsidiados.
Por años, este sistema se encargó de regular el mercado en las regiones de mayor pobreza. Durante las inundaciones de 1999, por ejemplo, garantizó el abasto de las comunidades aisladas.
Pero en los últimos 15 años fue perdiendo capacidad operativa y presupuesto.
Un evaluación del desempeño de Diconsa, hecha este año por Coneval, un organismo público y autónomo, encontró «problemas de abasto regular y permanente en las tiendas». Además, en 10 por ciento de las localidades rurales atendidas, estas tiendas eran el único lugar donde obtener alimentos y solo un tercio de todos los centros contaban con los 22 productos previstos.
Entre 1998 y 1999 se redujo a la mitad el presupuesto federal para todos los programas alimentarios, incluyendo Diconsa, Liconsa (sistema de distribución de leche) y Fidelist (subsidios a la tortilla de maíz, ya desaparecidos).
En 2000, las autoridades quisieron eliminar por completo el subsidio a Diconsa, pero una fuerte movilización de los consejos comunitarios lo impidió.
Ya entonces se advertía que el presupuesto asignado, de 41 millones de dólares, apenas cubría los costos de operación. Este año se le asignaron apenas 14 millones de dólares, de acuerdo a la información del Presupuesto de Egresos de 2013.
Esto crea otros problemas. La canasta subsidiada de 22 productos cuesta unos 220 pesos (casi 20 dólares), mientras en un comercio cualquiera o un supermercado se puede adquirir por entre 230 y 330 pesos.
Además, abundan las denuncias de que las tiendas Diconsa venden otros productos, incluso alimentos «chatarra», al mismo precio o más caros que en cualquier comercio.[related_articles]
El sistema aprovecha muy poco la pequeña agricultura local y depende de una costosa distribución centralizada en este extenso país de geografía accidentada. Muchos de sus alimentos son importados.
México es el segundo mayor importador de alimentos del mundo, después de Japón, señala la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.
Este país, que pertenece al exclusivo club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tenía el año pasado 27,4 millones de personas con carencias de alimentos, según cifras oficiales. Casi 14 de cada 100 alumnos preescolares tienen baja talla para la edad, señal de desnutrición crónica. Y entre los indígenas este problema afecta a 33 de cada 100 niñas y niños.
En Guerrero, María Natividad ahorró hasta el último centavo en julio y agosto. Tenía ya una buena cantidad y, como cada año, lo gastó todo en carne, cerveza y Coca-Cola, suficiente para llenar dos refrigeradores. Pero nada de eso era para su consumo.
Con algo de suerte, la venta del largo fin de semana del Día de la Independencia (16 de septiembre) le daría ingresos para aguantar hasta Navidad. Su local, una pequeña casa de dos pisos, está sobre la ribera del río Azul que bordea Santa Fe, el centro turístico más importante del centro de Guerrero.
En la madrugada del día 15, el Azul se desbordó en minutos y llegó casi 100 metros tierra adentro. La casa de Natividad quedó casi toda sumergida y cuando el agua se retiró, una mescolanza de lodo y basura llenaba por completo el piso bajo.
Casi un mes después, su única fuente de ingreso desapareció y, aunque el balneario es el principal sustento de todo el pueblo, las autoridades dan largas a sus peticiones, pues como centro turístico figura en los últimos lugares de las urgencias.
Natividad es una de las miles de personas en Guerrero que no han recibido ayuda, ni de dinero ni de alimentos. A Santa Fe “nadie ha llegado”, dijo a IPS.
Las inundaciones dañaron medio millón de hectáreas cultivadas. La devastación trajo alzas súbitas en los precios del limón, la cebolla, el frijol, el maíz y el tomate. También murieron 157 personas, hay varias decenas de desaparecidos, medio millón de damnificados y 1,2 millones de viviendas dañadas.
Con aportes de Ximena Natera (Coyuca y Santa Fe, Guerrero).
