Las autoridades hondureñas ajustan los detalles para poner en marcha en octubre un cuerpo militar de elite para combatir la inseguridad ciudadana. Activistas y opositores lo consideran un drástico retroceso en los esfuerzos de desmilitarización iniciados hace dos décadas.
La Policía Militar de Orden Público, que se inaugurará con 900 de los 5.000 efectivos que la completarán a comienzos de 2014, tendrá entre sus funciones controlar los barrios y asentamientos irregulares de los cuales se ha retirado la fuerza civil, superada por la organización y poder de fuego de la delincuencia común y el crimen organizado.
También tendrá facultades para convocar a reservistas militares y ejercer actividades de inteligencia interna.
Esta última función es al margen de la labor que ya realizan la Dirección Nacional de Inteligencia, creada hace unos seis meses, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la fiscalía antidrogas.
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, se manifestó férreo opositor a esta creación por entender que se viola la Constitución y que se sepulta prácticamente a la policía nacional civil, creada hace más de 15 años cuando los militares comenzaron a ceder terreno a los civiles.
Para hacer uso de los reservistas se debe emitir una ley especial en donde el Estado hace una declaratoria de emergencia o de guerra, “pero eso no está contemplado en la ley aprobada el 21 de este mes”, dijo Custodio a IPS, tras reafirmar que la decisión es un “enorme retroceso”.
En cambio, para el parlamentario Celin Discua, del gobernante Partido Nacional, la fundación del cuerpo de elite es histórica, al darle “a los militares un poder que se les había quitado”. “Ahora vamos a estar más seguros”, añadió.
Discua justificó la determinación en la crisis que sacude a la policía nacional civil, que afronta desde hace dos años un proceso de reforma y depuración al descubrirse sus nexos con la criminalidad y la corrupción.
Por la violencia que asola a este país centroamericano, mueren unas 20 personas por día. A criterio de los expertos, la depuración policial no avanza y se estima que apenas 30 por ciento de sus 12.000 efectivos son rescatables, añadió.
El diputado German Leitzelar, del socialdemócrata Partido de Innovación y Unidad (PINU), sostuvo que la ley en cuestión tiene “vicios de inconstitucionalidad, y se está confundiendo los ámbitos de la defensa y la seguridad, dos cosas distintas que a la larga pueden chocar y degenerar en violaciones humanitarias”.
En la estrategia de acercamiento a las Fuerzas Armadas, el gobierno del derechista Porfirio Lobo emitió un decreto el 13 de este mes por el cual le otorga al nuevo escuadrón la explotación de los bosques existentes en predios bajo control castrense para comercializar madera.
El dinero resultante de estas actividades será volcado al Instituto de Previsión Militar (IPM), que hasta hace dos décadas fue responsable de manejar los negocios de esa fuerza.
El IPM vendió las empresas luego que Honduras comenzó un proceso de desmilitarización, que le había quitado el privilegio de competir por fondos estatales con el sector privado.
Pero ese proceso parece revertirse. “Los militares pueden estar en casi todas las áreas del desarrollo del país y crear condiciones futuras para volver a un espacio en donde, aunque no les guste a los civiles, no los podrán sacar, como es ser empresarios”, comentó a IPS el sociólogo Eugenio Sosa.
La inseguridad y la presencia del crimen organizado constituyen la coyuntura que favorece este reposicionamiento castrense, mientras el país entra de lleno en la campaña con vista a las elecciones generales de noviembre.
Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) indican que la cantidad de homicidios pasó de 7.104 en 2011 a 7.172 el año pasado, que equivalen a 85,5 por cada 100.000 habitantes. A pesar de que la mayoría de esas muertes fueron por heridas de bala, un proyecto de ley de regulación de tenencia de armas de fuego sigue sin tratarse desde hace tres años.
Las zonas más inseguras del país son desde hace nueve años el central departamento de Francisco Morazán, donde se encuentra Tegucigalpa, y los norteños Atlántida y Cortés, aunque el crimen organizado se ha extendido últimamente a toda la costa con el mar Caribe.
Entre los asesinatos emblemáticos achacados a la policía se destacan los de dos estudiantes universitarios en 2011, uno de los cuales era hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, experta en temas de seguridad y gobernabilidad que había impulsado desde la academia una fuerte presión social en busca de reformas en toda esta área del Estado.
Hace un mes fueron condenados cuatro de los ocho policías implicados en el crimen, pero aún se desconoce al autor o autores intelectuales. Estos crímenes llevaron finalmente a que se descorriera el velo de la corrupción policial, que incluye secuestros, relaciones con las mafias del narcotráfico y otros delitos graves.
El analista político Miguel Cálix señaló a IPS que las potestades otorgadas a los militares para explotar el comercio de la madera deben ir precedidas de reformas legales y el dinero obtenido en esa actividad debe ir a las arcas del Estado y no directamente a las Fuerzas Armadas.
¿A cambio de qué es todo esto? se pregunta Cálix. En la sociedad hondureña sigue primando “una visión militarista pese a la crisis de 2009”, afirmó.
El 28 de junio de ese año fue derrocado el presidente constitucional Manuel Zelaya y sacado en la noche a punta de metralleta de su domicilio y llevado a Costa Rica. La asonada fue avalada por el Congreso legislativo, que impuso en el cargo a Roberto Micheletti.
No obstante, dentro de la frágil institucionalidad hondureña, los militares se encuentran en el tercer lugar de la confianza ciudadana, detrás de las iglesias y los medios de comunicación, según las encuestas.
Ese posicionamiento les vale para que, ante la inseguridad, la gente clame su salida a las calles, en principio acompañando a la policía civil, pero ahora con autonomía para tener su propia fuerza de tarea.
