Zakayo Ekeno pasó décadas pastoreando ganado en las áridas tierras del norteño condado keniata de Turkana, igual que su padre lo había hecho antes que él. Nada en esos suelos liquidados por la sequía podía haberle indicado la riqueza que escondían.
“Muchas veces me pregunté si podía salir algo bueno de esta tierra de mala muerte”, dice Ekeno. Turkana es el más árido y más pobre de los 47 condados de Kenia. En 2011, casi 9,5 millones de personas de esa comunidad principalmente nómade se vieron afectadas por una severa falta de lluvias.
Así que pocos podrían haber soñado que bajo esa tierra agrietada y chamuscada por el sol había suficiente agua para abastecer durante 70 años a un país de 41,6 millones de habitantes como este.
El 11 de este mes, el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) anunciaron el descubrimiento de reservas de unos 200.000 metros cúbicos de agua dulce en la cuenca del Lotikipi, en Turkana.
“Todos los años perdemos ganado por falta de agua y pasturas. También vivimos con temor a que otros nos roben nuestros animales para reemplazar los que perdieron. Yo mismo he salido herido en esos asaltos. El agua es la solución a este conflicto”, afirma Ekeno.
Hasta ahora, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a Kenia como un país con escasez hídrica crónica, y estadísticas de la Unesco muestran que 17 millones de personas no tienen agua potable.
Kenia consume alrededor de 3.000 millones de metros cúbicos por año.
Aunque el descubrimiento fue recibido con emoción, expertos en agua y ambiente, como la científica Judith Gicharu, advierten que el gobierno de este país del oriente africano tiene poca capacidad y marcos legales para manejar esta sostenibilidad hídrica.
“Tenemos la Ley del Agua de 2002 y la Ley de Manejo y Coordinación Ambiental de 1999. Pero ellas no brindan un marco apropiado para la administración del agua subterránea”, dice Gicharu a IPS.
[related_articles]Existen disposiciones en marcos más amplios, pero no abordan específicamente el uso de la tierra y la administración de las napas freáticas, explica Gicharu.
Las decisiones sobre el agua subterránea “no suelen basarse en normas sólidas», añade.
“Pero incluso si hay regulaciones, rara vez se las cumple. La implementación de cualquier disposición se ve comprometida por la superposición de responsabilidades de distintas oficinas del gobierno que se ocupan del agua y el ambiente”, apunta Gicharu.
En Kenia, todos los recursos hídricos pertenecen al Estado, y las entidades del gobierno tienen que aprobar y emitir permisos para el uso del agua. Pero, según un informe que publicó en 2011 el Banco Mundial, “Kenya – Groundwater Governance Case Study” (Kenia: Estudio de caso sobre la gobernanza del agua subterránea), “no hay conciencia estratégica sobre la necesidad de proteger estos recursos”.
Ikal Angelei, de la organización ambientalista comunitaria Amigos del Lago Turkana, advierte que en ausencia de un fuerte marco legislativo que pueda establecer “la forma de explotar los recursos, quién se beneficia de ellos y de qué maneras, es posible que esta riqueza natural no mejore significativamente la suerte del país”.
“Apenas se ha descubierto (el acuífero) y la población de Turkana ya está ausente del diálogo sobre el agua. El gobierno ya habla de abastecer a todo el país con la ‘nueva’ agua, pero, ¿cuánta se destinará a los habitantes del lugar?”, pregunta la activista.
Este es el segundo mayor hallazgo de recursos naturales en Turkana. En marzo de 2012, la empresa de exploraciones petroleras Tullow Oil anunció el descubrimiento de millones de barriles de crudo en la cuenca del Lokichar.
“No podemos seguir el mismo rumbo que tomó la cuestión del petróleo. Desde que se descubrió crudo en Turkana, a los inversores solo les interesa saber cuándo empezará a explotarse. De los beneficios para la comunidad no hablan”, dice Angelei.
El economista Arthur Kimani cree que “el gobierno tiene que ayudar a la comunidad a entender que, más allá de beber el agua, este recurso también puede generar dinero, por ejemplo usándolo para cultivar especies comerciales”, señala.
Una fuente del Ministerio de Ambiente, Agua y Recursos Naturales replica que estas críticas “no pueden estar más lejos de la verdad. De hecho, la población de Turkana obtendrá agua en las próximas dos semanas. También nos comprometemos con el sector privado para concretar asociaciones que resulten económicamente viables para la comunidad”.
Kimani insiste en que el papel del gobierno es clave para administrar el suministro de agua subterránea. Es necesario que haya participación pública para acordar cómo se realizará, agrega.
“Muchas empresas trabajan con una camarilla de gente bien conectada para presentar un sistema opaco de declaración de resultados de lo explotado y de los ingresos», dice.
«Los esquemas de ingresos compartidos deberían adoptarse de manera abierta, para que el sector estatal tenga oportunidad de participar y se desaliente a los funcionarios que buscan beneficios personales a expensas del público, sobre todo de la comunidad que vive cerca de los recursos naturales», plantea Kimani.
Samuel Kimeu, director ejecutivo de la oficina de Transparencia Internacional en Kenia, dice a IPS que se requiere cristalinidad en toda la cadena extractiva. De lo contrario, añade, “los términos de las licencias van contra el interés público, y lo privan de sus posibles ganancias”.
