Los derechos de poblaciones de tierras comunales en el mundo y sus facultades sobre los recursos naturales merecieron la atención inesperada de un grupo de actores tan heterogéneo que combinó dos transnacionales de la minería y la agroindustria, pueblos indígenas, gobiernos, sociedad civil, ecologistas y estudiosos del ambiente.
El objetivo declarado por las autoridades suizas, que patrocinaron la reunión, fue elevar el perfil de los derechos territoriales de las comunidades y precisar sus facultades sobre recursos atesorados en esas comarcas, todas en países en desarrollo.
Algunas de las principales transnacionales extractivas y procesadoras de minería y agroindustria, que podrían beneficiarse con delimitaciones más definidas de la tenencia de la tierra y de la propiedad de los recursos en las zonas que concentran esas riquezas, tienen asiento jurídico en Suiza, observaron participantes de la reunión.
El debate de dos días finalizó el viernes 20 en Interlaken, centro turístico alpino, sin conclusiones resonantes pero con cauta satisfacción de las organizaciones no gubernamentales internacionales que convocaron la conferencia: Oxfam Internacional, la Iniciativa para los Derechos y Recursos, Helvetas Swiss Intercooperation, Land International Coalition, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con apoyo de la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo.[related_articles]
La principal conclusión es “que hoy hemos retado a lo imposible, que es trabajar por los derechos territoriales de las comunidades y aumentar las aspiraciones”, dijo a IPS el asesor de política de tierras para Oxfam Internacional, Duncan Pruett. Y finalmente, “hemos concertado el desafío”.
Del clima de concordancia observado al término de las deliberaciones de 180 expertos y activistas de 40 países surge igualmente que habrá un fortalecimiento de las comunidades, con ayudas para que confeccionen los mapas de sus territorios y con mucha colaboración técnica, amplió Pruett.
La filipina Victoria Tauli-Corpuz, directora ejecutiva de Tebtebba, una organización de redes indígenas, estimó que la reunión “ha sido un buen comienzo”. Es la primera vez que grupos tan diferentes y los pueblos indígenas son capaces de acercarse, comentó, si bien lamentó que la brevedad del encuentro haya impedido profundizar sobre el tipo de esfuerzos que habrá que realizar.
La reunión contó con escasa participación del sector privado. Las dos presencias más notorias fueron los representantes de Rio Tinto, la gigante minera de origen australiano con intereses en todo el mundo, y la agroindustria suiza Nestlé, la mayor en ese rubro.
Chris Anderson, director de comunidades y gestión social de Rio Tinto para las Américas, aseguró que hay avances en el sector minero y puso como ejemplo a su empresa, que incorpora el derecho tradicional y la legislación occidental y trata de operar según el principio del consentimiento previo e informado. Pero Anderson también señaló las dificultades de aplicar ese principio. «Nadie sabe cómo hacerlo», dijo.
El empresario mencionó otros dos problemas: la tendencia a «fetichizar» a las comunidades y tratarlas como un todo homogéneo; y el hecho de que el movimiento ecologista defina la naturaleza como separada de los seres humanos, lo que entra en contradicción con la necesidad de establecer derechos sobre la tierra.
En cambio abundaron expertos el conservacionismo ambiental y delegados de instituciones independientes de cooperación con países en desarrollo. Varios participantes notaron la ausencia de enviados del gobierno y de la sociedad civil de Brasil, país estratégico en estos intercambios a causa de la magnitud de su diversidad biológica. También echaron de menos a representantes del también brasileño Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, de reconocida lucha en el terreno de la reforma agraria.
Se escucharon reclamos por la falta de una definición precisa del concepto de comunidades. Según Liz Alden Wily, especialista internacional en temas de la tierra, residente en Kenia y con actuación especialmente en África, hay unos 2.000 millones de personas desposeídas de tierras rurales en todo el mundo.
De ellos, entre 300 millones y 500 millones son pueblos indígenas, estimó. Luego, son un sector importante pero no la totalidad del grupo, sostuvo Alden Wily. «Lo que ocurre es que los pueblos indígenas han desarrollado un lobby muy fuerte y se hacen oír con una voz poderosa, con una tendencia a cooptar los temas como si fueran cuestiones que solo interesan a ellos», afirmó la experta.
«Hay millones de miembros de comunidades que no se identifican como pueblos indígenas. En África, los pueblos indígenas son una minoría, aunque una importante minoría, hay que decirlo», concluyó.
Tauli-Corpuz admitió a IPS que no existe una definición clara del término «comunidad». El Convenio sobre la Diversidad Biológica, vigente desde 1993, las denomina comunidades locales y especifica que dependen de los recursos naturales.
Los pueblos indígenas quieren que se aclare cuáles son las circunscripciones que verdaderamente tienen comunidades y territorios, expuso. «Existen otras variedades, como los pobladores que dependen de los bosques, los campesinos, los trabajadores rurales y los agricultores de pequeñas parcelas y se precisa una definición muy clara», reclamó Tauli-Corpuz.
El subdirector general de la UICN, Poul Engberg-Pedersen, estimó que para asegurar a largo plazo los derechos de las comunidades sobre la tierra se requiere que los gobiernos adopten marcos políticos, pero también que las autoridades mantengan un diálogo con esas poblaciones. «A menudo ese contacto se deberá establecer con los gobiernos locales para sentarse a conversar y precisar cuáles son los temas», dijo.
En cuanto a los donantes, Engberg-Pedersen espera que faciliten esas acciones sin interferir. «Esta es la clase de cuestiones que debe resolverse en cada país y en cada localidad, en los propios términos», comentó.
El dirigente de la UICN descarta que sea necesario adoptar nuevas normas o tratados pues ya existe un principio establecido de que toda decisión sobre una nueva inversión u obra de infraestructura deberá ser consultada previamente con las comunidades.
Sobre los resultados de la reunión, Pruett se declaró sorprendido por el grado de cooperación de los participantes. Sin embargo admitió que habrá que esperar hasta los próximos meses para determinar qué acciones concretas se podrán ejecutar.
A Tauli-Corpuz la conferencia le dejó experiencias provechosas, pues hubo intercambios sobre las distintas comunidades. «Obtuve una idea de lo que piensa el sector privado, que a veces, creo, es un riesgo. Pero es un riesgo que debemos encarar», expresó.
Alden Wily dijo no estar convencida de que “hayamos logrado más avances de los que ya estamos haciendo en nuestro trabajo”. «Traer a gente para reunirse ha sido muy costoso, en tiempo y especialmente en dinero, y ha estado bien, pero podría haber sido mejor», resumió.
