Todo indica que en la cuenca del brasileño río Tapajós se peleará la batalla decisiva entre aprovechamiento hidroeléctrico y preservación de la Amazonia. Allí están en juego un potencial de casi 30.000 megavatios (MW) y una parte vital del bioma amazónico.
Ocho de las 42 centrales posibles en esa zona figuran en el plan gubernamental de expansión energética hasta 2021.
Uno de los principales tributarios del río Amazonas, en el norte de Brasil, el Tapajós y sus afluentes conforman una región poco ocupada –solo un millón de habitantes en 50 millones de hectáreas— respecto de otros sitios en los que se construyen hidroeléctricas, como la de Belo Monte, en el río Xingú.
Por eso el gobierno de Brasil promete construirlas allí como se extrae petróleo en alta mar: sin acceso terrestre, transportando personal, equipos y materiales por vía área y reforestando después el terreno de los canteros.
Pero tales plataformas no disuaden al pueblo indígena mundurukú de luchar contra las represas en la Amazonia.
Además, hay mucho oro y por tanto “garimpeiros” (buscadores de ese metal) en la cuenca del Tapajós, cuya hidrovía, si es implantada, constituirá la mejor ruta de transporte agrícola desde el estado occidental de Mato Grosso, el mayor productor de soja en Brasil.
Según la filial del Fondo Mundial para la Naturaleza en este país (WWF-Brasil), preservar un gran bloque y otras áreas de la cuenca, dejando libre el río Jamanxim, uno de los grandes afluentes del Tapajós, es la condición para conservar ecosistemas y especies indispensables.
WWF desarrolló una metodología para definir áreas ambientales prioritarias que, aplicada a la cuenca del Tapajós, puede servir de base para negociaciones que superen los antagonismos y conduzcan a mejores decisiones sobre las hidroeléctricas.
Es lo que explica Pedro Bara, líder de Estrategia de Infraestructura de la Iniciativa Amazonia Viva de WWF, en la segunda parte de esta entrevista con IPS. Lea la primera parte aquí y la versión completa en el blog de IPS Noticias.
IPS: Ustedes proponen conservar 30 por ciento de cada uno de los 423 ecosistemas terrestres y 299 acuáticos identificados en la Amazonia, como base para negociar la expansión hidroeléctrica sin pérdidas irrecuperables para el bioma. ¿Cómo se aplica eso al Tapajós?
PEDRO BARA: En la Amazonia, dado el poco conocimiento de toda su biodiversidad, hacemos una aproximación. En el caso del Tapajós pudimos detallar un “arca de Noé”, con 93 ecosistemas terrestres y 28 acuáticos, 46 especies de aves, 17 de mamíferos y 37 de peces, además de 20 hábitat acuáticos, definidos por expertos reconocidos mundialmente.
También se analizó el uso del suelo, el avance de la agropecuaria y del «garimpo», y se concluyó que 22 por ciento del territorio ya está degradado. Pero las áreas protegidas cubren también 22 por ciento y las tierras indígenas 20 por ciento.
La evaluación contempla el tamaño de la represa, las unidades de conservación integral o de uso sustentable y las tierras indígenas.
IPS: ¿Y a que conclusiones se llegó con el empleo de la herramienta y los datos recogidos?
PB: Lo que pretendemos conservar como mínimo es este gran bloque central (Bara muestra en un mapa un área alrededor de la confluencia de los ríos Juruena y Teles Pires, donde nace el Tapajós y donde se prevén por lo menos cuatro hidroeléctricas).
Las otras áreas seleccionadas están marcadas por esas manchas verdes. Algunas centrales son inaceptables, como Chacorão, pues queda dentro de la tierra indígena mundurukú.
IPS: Pero el gobierno afirma que no inundará ningún territorio indígena.
PB: Es porque no lo pone sobre la mesa ni lo incluyó en el Plan Decenal de Expansión de Energía, pues teme reacciones. Pero los mundurukús están conscientes de eso, por eso están reaccionando.
IPS: ¿Que otras plantas son rechazadas por los criterios del modelo de WWF?
PB: La de Escondido, inclusive porque inundará cerca de 1.000 kilómetros cuadrados, para generar 1.248 MW. Es el doble del embalse de Belo Monte, que tendrá una capacidad de generación casi 10 veces mayor.
Entre esas dos están Salto Augusto y São Simão, también problemáticas por ubicarse en el Parque Nacional de Juruena. Las cuatro están dentro del gran bloque central a conservar.
IPS: ¿Pero el gobierno aceptaría negociar São Luiz do Tapajós (6.133 MW), que es estratégica?[related_articles]
PB: No, la Empresa de Pesquisa Energética (EPE) ya dejó claro que, aunque considere excelente nuestra herramienta, no negociaría São Luiz ni Jatobá. Con estas y algunas otras de menor impacto se puede alcanzar la mitad del potencial de la cuenca sin comprometer la diversidad biológica y cultural del gran bloque central. Hay espacio para negociar.
IPS: El presidente de la EPE, Mauricio Tolmasquim, declaró su adhesión al uso de la herramienta para “preservar lo máximo posible” en el programa hidroeléctrico. ¿Hay señales de que el gobierno esté dispuesto a negociar?
PB: Faltan elementos importantes para que la EPE preserve lo máximo posible mirando la cuenca del Tapajós como un todo. Principalmente porque no todos los permisos ambientales están en la jurisdicción federal y, sin articulación entre los estados y la Unión, eso termina generando decisiones conflictivas.
Soy menos optimista respecto de que el gobierno negocie un programa hidroeléctrico en Tapajós. Creo que todavía prefiere una batalla por vez, aunque sea acumulando desgastes.
Pero una batalla por vez, sin saber hasta dónde se va, no contribuye a la vida de aquellos que dependen de ríos libres y de la conservación de áreas críticas como el bloque central de la cuenca del Tapajós.
Por otro lado, hemos observado que un debate amplio y estratégico despierta cada vez más interés de empresas y financiadores.
IPS: Pero los indígenas, especialmente los mundurukús, quieren vetar las represas. ¿Le parece posible convencerlos de negociar?
PB: Estamos en proceso de acercamiento con los líderes indígenas. Son muchas aldeas, algunas muy distantes entre sí, y existe un enorme desafío planteado al pueblo mundurukú en cuanto a cómo organizarse frente a un gran proyecto que afecta su territorio y que mueve grandes intereses. Ellos tienen que informarse, comunicar, crear espacios participativos, deliberar.
Pero la negociación dependerá, obviamente, de la buena voluntad del gobierno en aceptar un diálogo que comienza por la aplicación de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre consentimiento previo e informado de las comunidades, pero que va mucho más allá.
IPS: ¿No ayudaría tener planes de desarrollo consistentes para el territorio afectado?
PB: Pero es necesario que se realicen mucho antes de las obras, no como en Belo Monte, que ya tiene 30 por ciento de avance y el plan de desarrollo apenas comenzó.
