El Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia acabó con una previsible condena moral a tres corporaciones extranjeras, entre ellas la petrolera canadiense Pacific Rubiales Energy, que posee decenas de operaciones de crudo y gas natural en varias zonas de este país.
Entre el 16 y el 18 de este mes, casi 500 dirigentes campesinos e indígenas se reunieron en Bogotá, en algunos casos tras cubrir trayectos de hasta 20 horas desde distintos rincones de este país montañoso y selvático, para participar en las audiencias del juicio moral.
El proceso fue preparado por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), que reúne a organizaciones de la sociedad civil y a juristas nacionales e internacionales.
Además de Pacific Rubiales, también fueron enjuiciadas la empresa minera sudafricana AngloGold Ashanti y Emgesa, filial de la corporación española-italiana Endesa, por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en el sudoccidental departamento de Huila.
Unos 25 representantes de comunidades afectadas, víctimas e investigadores presentaron testimonios y pruebas de las presuntas vulneraciones de derechos ambientales, sociales y laborales.[related_articles]
Uno de ellos fue Marcos Arrepiche, exgobernador del resguardo (territorio indígena) de Turpial – La Victoria, del pueblo achagua, en el central departamento de Meta, que concentra la mitad de la producción petrolera colombiana.
A través de su subsidiaria Meta Petroleum Corporation, Pacific Rubiales extrajo en 2012 la mayor parte de su producción de 246.575 barriles diarios de crudo, según su informe anual.
Por el resguardo pasa el oleoducto que se dirige desde Campo Rubiales hasta Monterrey, en el vecino departamento de Casanare.
“La tubería cruza el resguardo», dijo Arrepiche a IPS. Su lucha legal llegó a la Corte Constitucional, que en septiembre de 2011 dictó una sentencia en la que indicaba que la comunidad debió ser consultada antes de que se instalara el oleoducto. Ante los hechos ya consumados, el máximo tribunal ordenó “adoptar medidas para mitigar los efectos (culturales, económicos, sociales, religiosos, etc.) que causaría la construcción del oleoducto en territorios tradicionalmente utilizados”.
La comunidad recibió entonces ganado, que no mitigó ni compensó los daños causados.
Además del oleoducto, «a diario pasan cerca unos 800 camiones tanque, afectando nuestra vida y los cultivos», añadió Arrepiche. «Los espíritus del agua empiezan a irse. Los ríos Meta y Morichales han bajado mucho su nivel», denunció.
Ese «oleoducto rodante» se extiende 360 kilómetros entre Campo Rubiales, Puerto Gaitán y Villavicencio, capital del Meta.
De ellos, 190 kilómetros no tienen pavimento, así que “el polvo que levantan los caminos daña los pastos y por ende el ganado no puede comer”, describió a IPS el activista Ricardo Apolinar, de la no gubernamental Corporación Choapo.
Pacific Rubiales aseguró a IPS que “la compañía opera bajo los más exigentes protocolos ambientales, laborales y sociales reconocidos, y es auditada de forma permanente por instituciones independientes reconocidas en el mundo”, en un texto de una página remitido por correo electrónico, en respuesta a una solicitud de entrevista.
«La relación con la etnia sikuani es de permanente diálogo y bajo el mayor respeto por su cultura”, añadió.
Hay varios pueblos indígenas en municipios del centro-este colombiano donde se despliegan actividades de Pacific Rubiales. La etnia sikuani es la que se asienta más cerca de Puerto Gaitán, donde la empresa tiene su mayor base de operaciones.
Las denuncias abarcan también las complejas tramas de la guerra civil colombiana de casi medio siglo. En esa zona actúan el ejército y grupos paramilitares.
«A los muchachos los intentan reclutar o paramilitares o el ejército. Luché mucho para que me devolvieran a ocho jóvenes que se llevaron. Y a las niñas las abusan, ofreciéndoles plata (dinero) o emborrachándolas”, aseveró Arrepiche.
Tras escuchar los testimonios, un tribunal de tres miembros declaró responsables a las empresas y corresponsable al Estado.
Susana Deranger, activista canadiense de la nación originaria Athabasca Chipewyan, Eduardo León Navarro, sociólogo de la no gubernamental Consejería en Proyectos, y el médico cirujano Manuel Vega Vargas, candidato a doctor en historia de la Universidad Nacional de Colombia, conformaron el tribunal.
Como fiscal ejerció el abogado Francisco Ramírez Cuéllar, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares.
No hubo defensa, ya que las partes acusadas no se presentaron a la convocatoria.
El veredicto moral «es el paso previo a procesos judiciales, civiles y penales, dentro o fuera del país”, dijo a IPS el abogado Ramírez Cuéllar, él mismo litigante en alguno de esos casos.
“Un grupo de abogados en Colombia, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña evalúan las pruebas. En un futuro próximo intervendrían abogados de Australia y Sudáfrica. Procesos similares avanzan contra Drummond, Chiquita, Del Monte, Cerrejón, y BP”, detalló.
“Son procesos lentos, porque se requiere alcanzar solidez en las pruebas. Pero la denuncia de las comunidades y la confirmación de la violencia, la pobreza y los impactos ambientales que dejan las multinacionales son fundamentales para ponerlas contra la pared”, agregó.
Aunque las empresas no replicaron, según Ramírez Cuéllar “hacen seguimiento (a la condena moral) porque les interesa saber hasta dónde llegamos en las investigaciones y qué significa peligro para ellos”.
Apolinar comentó a IPS que en los procesos de consultas previas obligatorias para conseguir la aprobación de sus iniciativas de inversión y explotación, las empresas acusadas ofrecen a las comunidades «proyectos de avicultura, ganadería o siembra de algunas hectáreas que al final mueren por falta de seguimiento».
«La pobreza de las comunidades indígenas rodea el 65 por ciento y muchos se alimentan de agua de panela (melaza del jugo de la caña de azúcar) y yuca asada. Entonces, ¿dónde está el desarrollo que promueven?”, continuó Apolinar.[pullquote]3[/pullquote]
El activista también denunció que, como Pacific Rubiales es un importante anunciante en muchos medios de comunicación, el público colombiano casi no recibe información sobre estas denuncias.
IPS inquirió sobre los controles estatales a la empresa al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La agencia respondió con un informe de seguimiento socio-ambiental, que registra inspecciones realizadas desde 2010 y cuatro solicitudes de derecho de petición presentados por la comunidad, por daños ambientales y sociales.
«A raíz de los derechos de petición recibidos en 2013, y con el objeto de hacer seguimiento a los avances del plan de acción (…), las auditorías Social y Ambiental de la ANH realizaron nuevamente visita de seguimiento los días 11 y 12 de julio de 2013”, dice el documento enviado a IPS.
Con los resultados se elaboró un informe, que “está pendiente de envío a la compañía y a Cormacarena para complementar el plan de acción (…) y realizar el respectivo seguimiento”, añade.
Cormacarena es el acrónimo de la gubernamental Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena, que administra una zona biológica y geográfica estratégica de 34.000 kilómetros cuadrados donde se conectan los ecosistemas andino, orinoquense y amazónico.
En algunos de sus municipios hay actividad petrolera de Pacific Rubiales.
Además, dirigentes sociales de las zonas afectadas denunciaron amenazas. Redher sufrió el robo de parte del material recopilado para la audiencia, y se reiteraron los mensajes amedrentadores y acciones de hackeo a sitios y páginas digitales de las entidades participantes.
En el sitio de la organización Avaaz se colocó una petición de garantías para las entidades y personas que tomaron parte del juicio ético y se creó la etiqueta #PacificnoesColombia para los mensajes de la red social Twitter.
