El jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto, general Abdel Fatah El-Sissi, se esfuerza por darle un barniz democrático a la decisión castrense de derrocar en julio al presidente Mohammad Morsi.
En las semanas posteriores a la destitución de Morsi, El-Sissi, de 58 años, insistió en que la intervención militar fue necesaria para resolver la crisis política y para “salvar la democracia”.
La popularidad de Morsi cayó en picada cuando pasó apenas un año de su triunfo electoral. El líder islamista ignoró reclamos de reconciliación nacional e hizo la vista gorda a manifestaciones masivas llamando a elecciones adelantadas. Los militares arguyen que esto no les dejó otra opción que removerlo del cargo.
Desde el derrocamiento, el 3 de julio, El-Sissi suspendió la Constitución e instaló un gobierno civil interino que lanzó una campaña de represalias políticas contra el expresidente y sus aliados en la Hermandad Musulmana.
Decenas de líderes islamistas fueron arrestados y acusados de una amplia gama de delitos, como incitar a la violencia, vandalismo e “insultar al sistema judicial”.
Morsi se encuentra virtualmente incomunicado por el ejército desde que fue derrocado. Fiscales lo acusaron de asesinato y espionaje en relación con una fuga carcelaria de 2011, acusaciones que algunos investigadores de derechos humanos sostienen tiene solo motivos políticos.
[related_articles]“Los militares salieron a desacreditar y a destruir a la Hermandad Musulmana utilizando todos los medios que fueran necesarios”, dijo el abogado de derechos humanos Negad El-Borai.
El gobierno sacó del aire a varios canales de televisión simpatizantes con la Hermandad Musulmana, mientras que advirtió a varios medios extranjeros sobre no “desinformar” y les impidió cubrir varias manifestaciones a favor de Morsi.
Mientras, periódicos y canales de televisión estatales, que elogiaban a Hosni Mubarak durante su régimen de 30 años (1981-2011), ahora adulan a las Fuerzas Armadas. Muchos medios privados también se unieron al coro.
El-Sissi dedicó gran parte del mes pasado a intentar reunir apoyo público y legitimar el papel del Consejo Supremo como árbitro final de la democracia egipcia.
Los más firmes partidarios del general –liberales y seculares que se oponen ardientemente a la Hermandad Musulmana- señalan que los militares “tuvieron que destruir la democracia para salvarla”.
Pero muchos critican la nueva incursión castrense en la política egipcia.
Los militares impidieron “todo esfuerzo de último minuto que hubiera guardado las apariencias y preparado el camino hacia un cambio constructivo, como celebrar un referendo sobre la Presidencia o formar un gobierno de unidad, convocando comicios adelantados”, escribió el analista político Marwan Bishara.
Los militares prometieron poner fin a las divisiones y asegurar la estabilidad. Sin embargo, empujaron al principal movimiento del país, la Hermandad Musulmana, fuera del escenario político y parecen estar polarizando a la población.
El-Sissi llamó la semana pasada a los egipcios a apoyar al gobierno de transición frente la oposición de la Hermandad.
“Les pido… que me den un mandato para poder frenar la violencia y el potencial terrorismo”, dijo en una discurso televisado a todo el país.
Días después, al menos 80 partidarios de Morsi murieron y cientos más resultaron durante la represión a una manifestación en El Cairo. Se trató de la segunda acción violenta contra simpatizantes de la Hermandad desde que el presidente fue derrocado.
Pero la violencia solo ha fortalecido al movimiento islámico. Miembros de la Hermandad prometen continuar con las protestas hasta que sea disuelto el gobierno interino y Morsi vuelva al poder.
Pero los militares no muestran señales de dar marcha atrás. En cambio, redoblan la presión contra los partidarios de Morsi, multiplican los arrestos y endurecen la represión, incluso contra manifestantes pacíficos.
Analistas señalan que la amenaza del “terrorismo” es usada como un pretexto para restaurar polémicas prácticas e instituciones de la era Mubarak.
A comienzos de esta semana, el Ministerio del Interior anunció que varios departamentos de seguridad que habían sido desmantelados luego del levantamiento popular de 2011 serían restablecidos.
El gobierno también señaló que podría volver a adoptar la Ley de Emergencia, utilizada por años para reprimir el disenso político.
Aunque el ejército goza de propagado apoyo, muchos egipcios recuerdan los abusos a los derechos humanos y la violenta represión durante los 18 meses de gobierno militar que siguió al derrocamiento de Mubarak en 2011.
Un alto miembro de la Hermandad alertó: “Están reprimiendo a los islamistas, y una vez que se afirmen en el poder irán detrás de cualquiera que quiera expresarse”.
