El Fondo Verde para el Clima (FVC), creado en el marco de las Naciones Unidas para financiar las gigantescas inversiones que demanda el cambio climático, habilitó en marzo la observación de la sociedad civil y del sector privado.
Pero las organizaciones no gubernamentales presionan por mayor participación ahora que el FVC ingresa a la fase crucial de diseño de políticas y entrega de recursos, en especial la polémica Línea de Crédito del Sector Privado.
“Ahora se discute qué tipo de observadores y ejecutores pueden estar en el Fondo. Se abre una posibilidad de que haya ejecutores, instituciones financieras involucradas, y se analizan los criterios de calificación y las salvaguardas», dijo a Tierramérica la abogada colombiana Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). En ese proceso, «nos ignoran», añadió.
Como una de las organizaciones observadoras de la región, AIDA monitorea las sesiones del FVC, con sede en Corea del Sur.
La creación del FVC fue acordada en la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada a fines de 2011 en la ciudad mexicana de Cancún. Allí, las naciones industriales se comprometieron a suministrar 30.000 millones de dólares hasta 2012 de fondos nuevos y adicionales, priorizando los recursos para adaptación de los países más pobres y vulnerables.
El compromiso se completaba con la meta de entregar 100.000 millones de dólares por año al FVC a partir de 2020.
En forma interina, se entregó la administración del FVC al Banco Mundial por los primeros tres años.
Un año después, en Durban, Sudáfrica, la Convención dio forma al órgano director, un Consejo con 24 delegados, la mitad de países en desarrollo, responsable de la ejecución y la vigilancia de los recursos.
En su próxima sesión, prevista para septiembre en París, el Consejo verificará los avances en materia de modelo de negocios, políticas de transparencia, financiamiento privado y condiciones de acceso a los recursos.
[related_articles]“Es importante que lo que se haga tenga relación con las pequeñas y medianas empresas. El enfoque debe centrarse en las necesidades de la gente común de los países en desarrollo y luego ver cómo se hace participar al sector privado”, dijo a Tierramérica la analista de política internacional de la filial estadounidense de Amigos de la Tierra, Karen Orenstein.
“Es tremendamente importante que el país decida qué es bueno y que el sector privado se someta a esa decisión», resaltó.
En su reunión del 25 al 28 de junio en la ciudad sudcoreana de Songdo, donde tiene sede, el FVC decidió que la Línea de Crédito del Sector Privado comenzará a operar a través de entes nacionales, regionales e internacionales e intermediarios acreditados. También estableció que podría trabajar directamente con actores privados a mediano plazo, bajo la supervisión del Consejo.
La decisión descarriló los intentos de Estados Unidos y Australia de dar a las corporaciones acceso directo a los fondos, saltándose el control de los gobiernos.
En un reporte publicado en junio, un consorcio de cinco organizaciones no gubernamentales financiado por la británica Alianza Clima y Desarrollo, destacó el papel de las instituciones nacionales.
«Especialmente el FVC debe priorizar el acceso a actores locales (…) a los fondos disponibles», señala el documento. «Hay que instaurar modalidades claras de financiamiento para asegurar que las decisiones sean procesos plurales, e incluir a participantes subnacionales y no estatales, así como desarrollar fondos en el plano local», agrega.
Las empresas, que también tienen observadores ante el FVC, desean que los fondos transferidos por los países ricos cubran sus inversiones en proyectos limpios en países en desarrollo, que les sirvan para contabilizar que han reducido sus emisiones de gases que recalientan la atmósfera.
En Songdo faltaron los delegados de América Latina, pues no acudió ni el titular, el senador mexicano Ernesto Cordero, ni el suplente, Rodrigo Rojo, subdirector de Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas de Chile.
Pero no fue el único problema.
«La última reunión fue desastrosa para la participación ciudadana. Nos cerraron la puerta en algunas discusiones, como en la definición del modelo de negocios, con el pretexto de que las organizaciones no teníamos experiencia en esos temas», dijo Puentes.
Orenstein lamentó que «los países que pusieron los mayores obstáculos fueron Australia y Estados Unidos, que se precian de ser campeones de la transparencia. Los campeones fueron Zambia, República Democrática del Congo y Suecia. Fue regresivo; se vedó el ingreso de los representantes en las discusiones más importantes».
En noviembre de 2012 se habían comprometido casi 34.000 millones de dólares en financiamiento climático, indica un análisis realizado por instituciones de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Japón y Noruega. De ellos, 28.000 millones estaban solicitados o presupuestados por órganos ejecutivos.
Sin embargo, es mucho más difícil determinar si esos recursos son «nuevos y adicionales» y no parte de una asistencia o financiación previamente resuelta. Cada país aplica diferentes mecanismos e inclusive canaliza los recursos a través de esquemas e instituciones diversas. Tampoco está claro que se haya dado prioridad a la adaptación de los más vulnerables.
Los montos realmente invertidos no pasan de 3.000 millones de dólares.
El 24 de junio, un día antes de que comenzara la reunión de Songdo, varias organizaciones no gubernamentales solicitaron en una carta al Consejo que atendiera los pedidos de un rol más activo y abierto de la sociedad civil.
«El Consejo se beneficiaría de tener participación de la sociedad civil por el vasto conocimiento y la experiencia de los diferentes grupos e individuos” que la representan, decía la carta.
