Pradeep Dongol, funcionario de protección a la infancia en Niños y Mujeres en Servicio Social y Derechos Humanos (CWISH), recibió en diciembre una llamada urgente de una de las muchas oficinas de esta organización con sede en la capital de Nepal.
Dongol llegó a toda prisa y encontró a una niña de 11 años que estaba al cuidado de un miembro de la no gubernamental CWISH. Sus ojos estaban hundidos, sus manos llenas de heridas y había perdido mechones de cabello.
Más tarde, Dongol supo que la pequeña había escapado de la casa en la que trabajaba porque ya no podía “soportar… todos los abusos”.
Reema (nombre ficticio) cursaba el tercer grado en una aldea ubicada a unos 400 kilómetros de la capital cuando sus padres decidieron enviarla a Katmandú con personas que les eran totalmente desconocidas.
La familia, una pareja joven, prometió a los padres de Reema que la niña viviría con ellos, iría a una buena escuela y sería una “hermana mayor” para su pequeño hijo.
Sin embargo, la vida de Reema en Katmandú resultó ser muy diferente. La pareja nunca la inscribió en la escuela. Ella solo comió sobras, se hizo cargo del hijo del matrimonio, hizo todas las tareas domésticas y nunca recibió un salario.
La niña tuvo muy poco contacto con los familiares que había dejado atrás. La golpeaban regularmente y, a menudo, le tiraban del pelo.
Un día, cuando iba camino a dejar al hijo de la pareja en su escuela, conoció a algunos de los trabajadores locales de CWISH que daban clases cerca de allí. Cuando llegó a la casa y expresó su interés en concurrir a ese centro de estudios, la golpearon.
Al día siguiente se escapó, encaminando sus pasos hacia la oficina de CWISH, donde solicitó protección.
De los 7,7 millones de niños y niñas de entre cinco y 17 años que viven en Nepal, se estima que 3,14 millones trabajan. Dos tercios de ellos tienen menos de 14 años.
Una evaluación rápida realizada por Plan International, una de las organizaciones más antiguas dedicadas a la infancia en el mundo, y World Education, estima que alrededor de 165.000 niños que trabajan lo hacen como empleados domésticos.
“No se le da importancia a su situación porque tiene lugar entre las cuatro paredes de la casa de alguien, y no al aire libre”, dijo Bishnu Timilsina, líder de un equipo de CWISH en Nepal, a IPS.
[related_articles]Timilsina subrayó la tradición nepalesa de llevar niños de aldeas apartadas a trabajar en casas particulares de áreas urbanas, agregando que, históricamente, las parejas adineradas incurren en esta práctica prometiendo a las familias rurales una vida mejor y educación, así como oportunidades de empleo para uno de sus hijos.
Es difícil resistirse a esos ofrecimientos: aunque Nepal ha avanzado en materia de reducción de la pobreza, el Informe de Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo ubicó en el puesto 157 de 187 países listados.
Según la Encuesta Nacional de Estándares de Vida 2010-2011, más de 30 por ciento de los nepaleses viven con menos de 14 dólares al mes.
Alrededor de 80 por ciento de los nepaleses, como la familia de Reema, viven en áreas rurales y dependen de la agricultura de subsistencia. Se espera que los niños pequeños ayuden a sus padres con las tareas agrícolas y domésticas.
Aproximadamente la mitad de los menores de cinco años en el apartado cinturón rural de Nepal están desnutridos, mientras que sus comunidades carecen de servicios básicos como atención primaria a la salud, educación y agua potable.
La costumbre de arrancar a los niños de sus aldeas cobró impulso con la rápida industrialización de los años 90, cuando el crecimiento de la clase media, aparejado con las migraciones internas durante los años de la guerra civil (1996-2006), alimentó la demanda de mano de obra barata.
Los niños llenaron rápidamente el vacío que dejaron las mujeres al abandonar sus roles tradicionales como trabajadoras en el hogar al salir en busca de empleos pagos, y asumieron todas las responsabilidades domésticas de cocinar, fregar y lavar ropa, e incluso cuidar bebés y enfermos.
Ahora, según la evaluación rápida de Plan International y World Education, hay tantos niños que se desempeñan como trabajadores domésticos en centros urbanos (62.579) como en áreas rurales (61.471).
Activistas por los derechos de niños y niñas dicen que uno de los mayores desafíos es la percepción social generalizada de que el trabajo infantil no necesariamente es algo malo.
“Existe la concepción de que los niños tienen que trabajar para aprender el ‘valor’ del trabajo”, explicó Nita Gurung, gerenta de programa del estatal Consejo Central de Bienestar Infantil, a IPS.
A consecuencia, no es fácil aplicar leyes que prohíban que los niños realicen trabajo doméstico.
La gente ve a pequeños trabajando en las casas de sus “vecinos, parientes y amigos” y acepta esto como una parte normal de la vida, dijo Danee Luhar, funcionario de protección a los niños en la oficina nepalesa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Es necesario romper con esa percepción, para que la sociedad vuelva inaceptable el trabajo doméstico infantil”, declaró a IPS.
Nepal ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación”, y el Convenio 138 de la misma entidad “sobre la edad mínima de admisión al empleo”.
Estos acuerdos internacionales se tradujeron en leyes nacionales a través de la Constitución Interina de Nepal de 2007, y están consagrados en la Ley de Infancia de 1992, la Ley de (prohibición y regulación del) Trabajo Infantil, de 2000, y la Ley de Prohibición de la Servidumbre, de 2002.
Sin embargo, la creación de legislación nacional e internacional sin un aumento de la capacidad de aplicarla ha generado confusión en torno a qué agencia del gobierno implementa qué leyes en casos de trabajo doméstico infantil.
En la actualidad, 10 inspectores de trabajo están encargados de vigilar a todo el país y a su población de 30,49 millones de habitantes.
Estos inspectores solo cubren a sectores formales como la minería, el turismo y las industrias de los cigarrillos y las alfombras. Todavía no está claro quién es responsable de rescatar y rehabilitar a los niños trabajadores en contextos informales, como casas particulares.
“Esto es extremadamente problemático, porque en casos de abusos y explotación primero hay una confusión sobre quién está a cargo, y luego sobre qué ley interpretar”, dijo Luhar, de Unicef.
Cuando Reema huyó de sus empleadores, por ejemplo, la llevaron a una casa segura, y se presentó una demanda en su nombre en la oficina de trabajo del gobierno.
Luego, ante la insistencia de las autoridades, los perpetradores le pagaron a Reema una compensación en efectivo equivalente a 210 dólares, y firmaron un documento legal accediendo a liberarla.
Ahora Reema está de regreso en su aldea, pero todavía no ha cobrado el dinero que le deben, y sigue pendiente su caso en la oficina de trabajo.
“En el papel hay regulaciones para responsabilizar a los perpetradores, pero raramente se cumplen, y la protección de las víctimas todavía no es una prioridad”, dijo Kamal Guragain, activista por los derechos de los niños, a IPS.
