Tres años antes de los Juegos Olímpicos de 2016, cientos de deportistas de esta ciudad brasileña que será su sede, fueron desalojados de la única pista pública de atletismo y llevan seis meses sin entrenar.
Las grandes obras para dotar a Río de Janeiro de infraestructura para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y para los Juegos Olímpicos afectan inclusive a deportistas con aspiraciones de competir en 2016.
«Se decidió demoler el único estadio público de atletismo del estado de Río de Janeiro. Y la comunidad deportiva no fue informada con anticipación», dijo a IPS el presidente de la federación estadual de estos deportes, Carlos Alberto Lancetta.
El estadio al que se refiere, el Célio de Barros, se erigió en los años 70 como parte del complejo deportivo de Maracaná, inaugurado para el campeonato mundial de fútbol de 1950.[related_articles]
Famoso por el fútbol, el Maracaná se convirtió en símbolo de la ciudad carioca. Hoy vive un proceso de privatización, pues su gestión será entregada en concesión a una empresa privada por 35 años.
Con una superficie de 25.000 metros cuadrados, el Célio de Barros, situado dentro del complejo, tiene capacidad para 9.000 espectadores y una pista que fue modernizada para los Juegos Panamericanos de 2007.
Las 800 personas que asistían a diario al complejo como atletas o alumnos de deportes no tienen dónde entrenar, pues las condiciones de la concesión implican demoler la pista, el parque acuático e inclusive una escuela municipal que funciona dentro del predio.
Varios atletas con aspiraciones para 2016 debieron dejar ese complejo para entrenar en otros estadios, lamentó Lancetta.
«La ciudad olímpica está perdiendo a sus atletas. La situación es caótica, el atletismo brasileño agoniza», sentenció.[pullquote]3[/pullquote]
Lancetta, que lleva en el mundo del atletismo desde 1962, fue entrenador y actualmente preside la federación, afirma que nunca estas disciplinas vivieron en Brasil un momento tan malo como el actual.
De los 600 atletas que entrenaban aquí, 150 eran de alto nivel y algunos compitieron en 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres.
La alternativa de las autoridades y del consorcio que obtuvo la concesión es construir una pista y un parque acuático nuevos. Mientras tanto, los atletas fueron transferidos al Estadio Olímpico João Havelange, conocido como Engenhão, inaugurado en 2007 y entregado en alquiler por 20 años al club de fútbol Botafogo.
Pero en marzo, las autoridades decidieron cerrar el Engenhão por tiempo indefinido al hallar fallas estructurales en su construcción.
Para los deportistas «sin techo», la solución improvisada fue enviarlos a entrenar a parques públicos e instalaciones militares.
Lancetta sostuvo que el cierre y la demolición del Célio de Barros deberían practicarse solo cuando estuvieran listos el nuevo estadio olímpico y la piscina.
Pero esas obras estarán terminadas apenas un mes antes de que comiencen los Juegos Olímpicos y 30 meses después de la apertura de una licitación específica, prevista para agosto de este año.
Se trata de «un genocidio del deporte olímpico y no podemos hacer nada para impedirlo. Los Juegos Olímpicos le están haciendo un flaco favor al deporte brasileño», argumentó Lancetta.
El 9 de enero quedó marcado a fuego en la memoria de mucha gente vinculada a estas disciplinas, cuando atletas y entrenadores se encontraron con los portones cerrados del complejo Maracaná.
La exatleta y entrenadora Edneida Freire no pudo siquiera ingresar a la pista para recuperar el material que utiliza en las actividades que realiza con niñas, niños, adolescentes y personas enfermas, y que tienen entre otros fines descubrir nuevos talentos.
«Nos desalojaron. Ni siquiera nos avisaron, llegamos un día y el portón estaba cerrado. Esa ya no es nuestra casa», relató Freire a IPS.
Ella se siente de luto pues muchos de sus alumnos ya no pueden asistir a las clases dictadas en plazas, por falta de seguridad.
«Muchos eran prometedores. La gran mayoría eran niños y niñas de las favelas (barrios hacinados) o con problemas judiciales, que practicaban deportes como una actividad socio-educativa. Todo eso hoy está amenazado», destacó.
Pero Freire todavía tiene esperanza de volver al Célio de Barros, hasta que se termine la construcción de un nuevo complejo, si bien la pista ya fue demolida. «Peor no podemos estar, no tenemos dónde competir», describió.
El Comité Popular de la Copa y de las Olimpíadas, que agrupa a 50 movimientos sociales, investigadores, organizaciones no gubernamentales y sindicatos, cree que todavía hay tiempo para revertir la situación, al menos en parte.
«En ese lugar van a construir un estacionamiento y un centro comercial. Quieren valorizar la zona. Anunciaron que construirían otro edificio, pero no lo harán. Solo existen promesas», dijo a IPS el integrante del Comité, Marcelo Edmundo.
Además de la comunidad de atletas, el desalojo pende sobre los 350 alumnos de una escuela pública que lleva casi 50 años funcionando dentro del complejo de Maracaná.
A la escuela municipal Friedenreich –nombre que homenajea al jugador de fútbol Arthur Friedenreich (1892-1969)— se la considera una de las mejores de la red pública de la ciudad y la cuarta del estado.
Es incierto el destino del alumnado y del cuerpo docente, que tienen hasta fines de 2013 para desalojar las instalaciones.
«Nos vamos a ir cuando la empresa concesionaria construya una nueva escuela. Nos quieren arrastrar al terreno de otra escuela. Vamos a invadir el espacio de otra unidad», protestó Carlos Ehlers, representante de la comisión de padres, alumnos y exalumnos de la institución.
Según Ehlers, una de las primeras cosas que se verán afectadas es la sala para atender a estudiantes con discapacidades.
Falta diálogo con la empresa constructora, admitió. «La concesionaria ya determinó que tenemos que irnos. Dijeron que no teníamos ninguna posibilidad. Hoy, creo que tenemos 50 por ciento de probabilidad de impedir el desalojo», valoró.
El pliego de condiciones de la concesión, presentado en noviembre de 2012, establecía que la empresa concesionaria debía invertir en el complejo 210 millones de dólares hasta 2016, incluyendo la demolición y reconstrucción del parque acuático y del gimnasio del Célio de Barros, así como de la escuela.
El proceso licitatorio, que concluyó con la concesión del Maracaná al consorcio formado por las empresas IMX, Odebrecht y AEG Administração de Estádios, fue denunciado ante la justicia.
La fiscalía señaló irregularidades en el proyecto de administración del complejo y cuestionó la necesidad de demoler instalaciones ya existentes.
