“¿Ahí vivís gratis, no?”, preguntó una señora al pasar por delante de la corrala Buenaventura, ubicada en un edificio de esta sureña ciudad española que fue ocupado en febrero por familias desalojadas de sus viviendas por no poder pagar las cuotas hipotecarias a causa del desempleo.
“No queremos que nos regalen nada. Queremos poder pagar mediante alquileres sociales”, respondió enérgicamente Yuli Fajardo, de 42 años, quien malvivía en una tienda de campaña antes de buscar cobijo junto a otras 40 personas en uno de los 13 amplios apartamentos de este bloque de cuatro niveles en el céntrico barrio malagueño de La Trinidad.
Las ocupaciones de edificios inhabitados propiedad de bancos o agencias inmobiliarias por parte de personas en situación de emergencia se multiplicaron en toda España desde que comenzó la crisis económica-financiera en 2007.
Pero como fenómeno colectivo arrancó en la vecina ciudad de Sevilla con la Corrala de Vecinas La Utopía, un edificio inhabitado de 36 viviendas perteneciente a un banco, que está ocupado desde mayo de 2012 por un centenar de personas, 40 de ellos niños y niñas, explicó a IPS Juanjo García, de la Comisión de Vivienda del 15M (el movimiento de indignados 15 de Mayo) en la provincia homónima.
[related_articles]Precisamente, adoptaron el nombre de corralas por su carácter comunitario y de vecindad asociativa, similar al concepto de los antiguos edificios con patio y servicios comunes que con ese nombre proliferaron en los barrios populares de Madrid y otras ciudades españolas entre los siglos XVI y XIX.
Los colectivos ocupantes reciben apoyo y asesoramiento de movimientos sociales como el 15M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que en España hay casi 3,5 millones de viviendas vacías, casi 14 por ciento del parque inmobiliario, la mayoría en manos de bancos. Los desalojos por impago sumaron alrededor de 363.000 entre 2008 y 2012, según un informe divulgado en enero por la PAH.
Yanira, de 20 años, y su novio José, de 18, pagaron el alquiler de una casa hasta que perdieron su trabajo y buscaron cobijo en Buenaventura, una de las cuatro corralas de Málaga.
También Montse, con una hija de 11 años, se quedó sin empleo y no pudo seguir costeando su vivienda. Macarena, la última ocupante, vive en el primer nivel con sus dos hijos pequeños tras dejar atrás a un “padre alcohólico, que nos echó a la calle”.
“¿Crees que si alguno tuviera otra posibilidad íbamos a estar aquí?, cuestionó Fajardo, quien lamenta los infructuosos intentos de negociar alquileres sociales con el banco propietario del inmueble y advierte que la resolución de un juzgado malagueño prevé el desalojo de la corrala el 3 de octubre.
Es que Buenaventura acaba de ser vendida por el banco a un inversor privado, informó a IPS el abogado José Cosín.
“Pedimos que nos den una oportunidad para salir adelante: marginales, pobres, excluidos sociales. Llevamos grabado como un sello en la piel el estigma y nos juzgan por eso”, exclamó Fajardo, mientras reclama que “un techo digno es un derecho humano”.
El problema radica, según García, en “la mercantilización del derecho a la vivienda” que se produjo durante el auge de la construcción en España que precedió al estallido de la burbuja inmobiliaria hace cinco años.
En la actualidad hay miles de viviendas vacías y personas sin casa por no poder pagar las hipotecas al quedarse sin empleo, situación que afecta a 26,26 por ciento de la población económicamente activa, según los datos del INE correspondientes al segundo trimestre del año.
En Sevilla hay 10 edificios vacíos ocupados por familias que cuentan con el asesoramiento del 15M. Se trata de personas desempleadas o con trabajos precarios, como albañiles o jóvenes con buena formación que se habían independizado de sus padres y mayores de 65 años, apuntó García.
“Estamos luchando por un techo para nuestros hijos”, reivindicó Lidia Nieto, de 28 años, en la corrala Las Luchadoras, un edificio nuevo propiedad de una inmobiliaria que desde abril ocupan nueve madres solteras con otros tantos niños y niñas en el barrio malagueño de La Goleta.
Nieto vive en el nivel bajo del bloque con su pequeño Yeray, de ocho años, y trabaja los fines de semana limpiando locales después de que cierran al público.
“Vimos esto vacío y decidimos meternos”, contó a IPS mientras preparaba la comida picando unas verduras que desechan en una tienda cercana “porque están estropeadas y no las pueden vender”. Antes vivía con una de sus hermanas y con sus padres.
“Nos veíamos en la calle con nuestros hijos. “¿Crees que si tuviéramos un trabajo en condiciones estaríamos aquí?… Hace dos años que estoy desempleada”, declaró.
“Las ocupaciones colectivas están totalmente legitimadas y tienen una razón práctica y ética”, afirmó Iván Díaz, de la comisión de vivienda del 15M de Sevilla durante una conferencia en Málaga.
Los ocupantes de las nuevas corralas reclaman la instalación de contadores para poder pagar la electricidad y el agua que consumen.
María, quien vive a pocos metros de la Corrala Buenaventura, aseguró a IPS que tiene buena relación con sus ocupantes. Pero el encargado de la frutería cercana sí ha oído que algunos vecinos se quejan de ruidos nocturnos.
El ayuntamiento malagueño cortó el suministro de agua de Buenaventura el 18 de este mes, pero debido a la movilización de los realojados, que acamparon esa noche frente al Consistorio, lo restableció al día siguiente.
El gobierno de la región autónoma de Andalucía, en las que se asientan Málaga y Sevilla, aprobó el 12 de abril el decreto ley de la función social de la vivienda, que establece la necesidad de una bolsa de lugares de alquiler social y la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las casas «en inminencia» de desalojo «en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas».
Esta medida, recurrida este mes por el gobierno central del derechista Mariano Rajoy, ha beneficiado con tres meses “solo a 12 familias”, lamentó García, quien cree que es “insuficiente” y que tiene “muchas deficiencias y carencias”.
La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, y el Banco Central Europeo rechazaron el decreto andaluz antidesalojos porque puede afectar “negativamente” a la estabilidad de la banca y la recuperación económica en España, según un informe publicado el 10 de este mes.
