Ambientalistas reclaman al gobierno de Estados Unidos salvaguardas reglamentarias para 81 especies marinas en situación especialmente vulnerable, desde corales hasta tiburones.
Según la organización conservacionista WildEarth Guardians, las autoridades estadounidenses no han protegido a las especies oceánicas como sí lo han hecho con otras terrestres.
Lo más importante, según la organización, es que los hechos científicos no sustentan tal disparidad.
Estados Unidos cuenta desde hace décadas con una norma federal, la Ley de Especies en Peligro (ESA, por sus siglas en inglés), que protege a las especies vegetales y animales consideradas oficialmente en peligro de extinción.
Según datos de WildEarth Guardians, la ESA protegió a 2.097 especies desde que fue promulgada en 1973.
Pero solo 94 de estas son de océanos y mares. La lista de la demanda de la organización ambientalista prácticamente duplicará las especies marinas bajo protección federal.
“Hasta ahora, Estados Unidos no ha protegido a especies marinas en el marco de la ESA”, reza una declaración de WildEarth Guardians divulgada el lunes 8.
La nueva petición “apunta a corregir este desequilibrio, que no refleja la realidad de las especies en riesgo de extinción. La demanda demuestra que las amenazas a las especies marinas no es menos nefasta o diversa que las que ponen en peligro a las terrestres”, añade.
WildEarth Guardians señaló que quiere aprovechar el reclamo, que enumera solo a las especies que reconocidas organizaciones científicas internacionales consideran en peligro o en estado crítico, para lanzar un debate nacional sobre la disparidad y, más ampliamente, sobre el estado de creciente peligro de los ecosistemas y la vida marina.
“Hubo un claro desequilibrio histórico en términos de la protección federal ofrecida a las especies marinas, en parte porque por mucho tiempo la ciencia se concentró en las terrestres; sencillamente era más fácil decir cuándo estas estaban en problemas”, dijo Bethany Cotton, directora de programa de WildEarth Guardians, en entrevista con IPS.
“Pero la ciencia se actualizó sobre muchas de las especies marinas y su situación de peligro es muy clara”, apuntó.
“En cierta forma, el público se relaciona con el océano según el dicho ‘ojos que no ven, corazón que no siente’, lo que hace que sea más fácil que animales grandes y carismáticos, como las ballenas, reciban atención, no así los más pequeños o de especies menos conocidas”, explicó.[related_articles]
Cotton se refirió también a las “amenazas sin precedentes” sobre los ecosistemas marinos por la acidificación de los océanos, por los mayores grados de contaminación y por la sobrepesca, en particular en aguas internacionales.
También señaló que las especies marinas son particularmente vulnerables a la sobreexplotación del comercio internacional.
Una portavoz del Servicio Nacional de Pesca Marina, Connie Barclay, dijo a IPS que el equipo de trabajo de especies en peligro no ha visto la demanda de WildEarth Guardians, y por ello no podía hace comentarios al respecto.
“El propósito de la Ley de Especies en Peligro es conservar a las que están amenazadas y en riesgo, así como sus ecosistemas. Ayuda a guiar los esfuerzos de conservación y asegura que las especies no se extingan”, explicó Barclay por correo electrónico.
“Nuestro proceso de listar especies bajo la ESA es transparente y ofrece oportunidades para que haya comentarios públicos”, apuntó.
Casos de prueba
La demanda de WildEarth Guardians sigue a una orden ejecutiva emitida en 2010 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que expresa preocupación por el deterioro de los ecosistemas oceánicos.
También ordenó a todos los organismos estatales “utilizar todo el conocimiento y la ciencia disponible para proteger, mantener y restablecer la salud y la diversidad biológica de los ecosistemas oceánicos”.
La orden se basó en recomendaciones de un equipo de trabajo nacional, que también llevó a la creación de una nueva política marina general. Hace tres meses, el gobierno de Obama publicó un plan final para la implementación de la nueva Política Nacional de Océanos.
“El gobierno de Obama se concentró en crear un marco integral para gestionar nuestros océanos”, dijo Miyoko Sakashita, director de océanos del Centro para la Diversidad Biológica, en entrevista con IPS.
“Pero la Ley de Especies en Peligro es un ejemplo de norma que probablemente fue subutilizada en el Plan Nacional de Océanos”, acotó.
Aprovechando un artículo de la ley que habilita al público a realizar peticiones basadas en evidencia científica, la demanda de WildEarth Guardians se basa en evaluaciones de dos organismos internacionales, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, por sus siglas en inglés), un acuerdo global de 1973.
Las 81 especies incluidas en la demanda son consideradas en peligro o en situación crítica por IUCN y Cites. Los ambientalistas entienden la nueva petición como una forma de poner a prueba la seriedad de los reguladores estadounidenses tras la orden presidencial de 2010.
“Si el gobierno no toma medidas en situaciones tan nefastas como las de estas especies en situación de grave peligro, mostrará que la agencia no quiere hacer nada más que hablar sobre el deterioro de la salud de los océanos”, dijo Jay Tutchton, abogado de WildEarth Guardians.
El ejido
La Ley de Especies en Peligro permite al gobierno de Estados Unidos ofrecer protección fuera de su territorio. Esto puede acarrear una disminución en la demanda nacional de ciertos productos derivados de fauna y flora silvestre y habilitar fondos para actividades en el extranjero.
“Hay una mayor conciencia del significado de la amenaza para los ecosistemas oceánicos y la salud marina, pero hemos visto varias veces que las acciones a escala internacional quedan obstaculizadas por cuestiones políticas”, se lamentó Bethany Cotton.
Una vez que el Servicio Nacional de Pesca Marina haya recibido la demanda de WildEarth Guardians, las autoridades tienen tres meses para decidir si alguna de las especies justifica una investigación. Luego, la agencia tendrá 12 meses para decidir si merece protección y para presentar una propuesta con normas.
“Los océanos son complejos, pues están bajo muchas jurisdicciones y chocan con muchos problemas colectivos”, explicó Sakashita, del Centro para la Diversidad Biológica.
