La demanda de diversificación de la matriz energética y el fantasma del desabastecimiento de ese insumo se alzan como temas centrales del debate en Chile en la campaña para las primarias de este domingo 30, que nominarán a los candidatos a la Presidencia para las elecciones del 17 de noviembre.
En particular, la polémica apunta a HidroAysén, el proyecto que pretende la construcción de cinco grandes centrales hidroeléctricas de embalse en los ríos Baker y Pascua, unos 1.600 kilómetros al sur de Santiago, en la Patagonia chilena.
Se trata del proyecto más polémico de los últimos años, que por un lado genera alto rechazo ciudadano pero, por otro, se plantea como una solución concreta para resolver la profunda crisis energética que algunos proyectan para la próxima década.
La precandidata de la centroizquierda, la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010), quien encabeza las encuestas de opinión de voto, señaló el domingo 23 que “HidroAysén no es viable y, por lo tanto, me parece que no debería seguir adelante”.
En la otra vereda, el precandidato de la centroderecha, Andrés Allamand, de Renovación Nacional, coincidió en que el proyecto “está muerto”.
[related_articles]El proyecto HidroAysén, propiedad de Colbún, empresa controlada por el consorcio chileno Matte, y de la firma europea Endesa-Enel, se prevé construir en un área que involucra a 5.910 hectáreas.
Sus centrales tendrán una capacidad total de 2.750 megavatios, que serán aportados al Sistema Interconectado Central, que abastece a 90 por ciento de los más de 17 millones de chilenos.
La propuesta contempla una inversión cercana a los 3.200 millones de dólares e incluye también la instalación de una línea de transmisión de 1.912 kilómetros entre la patagónica ciudad de Cochrane y Santiago, la más larga del mundo.
Según los ambientalistas, la zona donde estará emplazado el complejo Hidroaysén es patrimonio natural de la humanidad por su vasta biodiversidad, y posee una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.
“Nos oponemos a las megacentrales hidroeléctricas, no solo por las razones ambientales, que hay muchas, sino porque además hay un tremendo perjuicio social”, alertó ante la consulta de IPS el activista Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, que en 2011 movilizó a 120.000 personas en una marcha contra el proyecto.
Rodrigo recordó que “Chile y el mundo están cambiando”. “Vemos lo que pasa en Brasil, y las empresas tendrán que ajustarse a desarrollar los proyectos que son concordantes con las metas de la sociedad y no imponer metas en las que los ciudadanos no están de acuerdo”, indicó.
Pero el vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, advirtió que este país está expuesto a una próxima crisis energética de magnitud que es “mucho más grande” que este proyecto.
Chile tiene una capacidad instalada de 17.000 megavatios, 74 por ciento de los cuales está en el Sistema Interconectado Central (SIC), 25 por ciento en el Sistema Interconectado Norte Grande (SING) y el resto en redes medianas de las regiones australes de Aysén y Magallanes.
Hay casi 40 centrales hidroeléctricas en todo el país, y 10 proyectos se encuentran bajo evaluación ambiental.
Por otra parte, este país importa 97 por ciento de los hidrocarburos que necesita para funcionar, y su matriz energética se compone en un 40 por ciento de hidroelectricidad y el resto de combustibles fósiles y contaminantes, a través de centrales termoeléctricas.
La carencia de fuentes energéticas ha ubicado el precio de producción de un megavatio hora entre los más caros de América Latina, con un costo que supera los 160 dólares. La misma medida cuesta 55 dólares en Perú, 40 en Colombia y 10 dólares en Argentina, precisó el ejecutivo.
Fernández recordó que, según datos de la Comisión Nacional de Energía, en los próximos años se deberán generar entre 7.000 y 8.000 megavatios más. Además, en torno a 2030 la demanda se triplicará.
Hidroaysén, aprobada en mayo de 2011, está ahora a la espera de que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad decida sobre su futuro en base al análisis de 38 recursos de reclamación que ha recibido el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Fernández indicó que “no hay ninguna intervención humana, menos un proyecto de energía, que no tenga algún impacto ambiental”, pero advirtió que por el momento no hay proyecto alguno que produzca la cantidad de energía que proyecta Hidroaysén y que genere menos impacto.
El ejecutivo aseguró a IPS que la tardanza del Consejo de Ministros en resolver el futuro del proyecto es “un golpe a la institucionalidad” ambiental, y emplazó al sistema político a establecer una “política energética de Estado” que permita a los inversionistas “saber a qué atenerse”.
“Si las señales que da Chile son que hay incertidumbre en la aprobación de proyectos, que hay permanente judicialización, que no se cumplen los plazos, entonces no está invitando a que haya inversión”, advirtió Fernández.
“Ya hay inversionistas que no quieren invertir en Chile”, aseguró, y añadió que “es una obligación legal y administrativa” del gobierno del derechista Sebastián Piñera pronunciarse respecto al futuro de Hidroaysén.
Para Rodrigo, la amenaza de una crisis energética y de una fuga de inversiones es “un fantasma, una campaña del terror del monopolio eléctrico”, que en Chile lo componen Endesa, Colbún y Gener.
Aseguró que en este país sudamericano “hay proyectos de energía suficientes para que no exista crisis”.
Rechazó, además, el proyecto de ley de Concesiones Eléctricas, que se tramita en el parlamento y que, denuncian, pretende entregar a perpetuidad las concesiones a las empresas eléctricas.
Respecto a la postura de Bachelet y otros candidatos, el dirigente afirmó que “la expresidenta está escuchando la voz ciudadana”.
“Hay un consenso de los líderes políticos de que la Patagonia vale más desde el punto de vista ambiental, social y económico, con su patrimonio natural, que llenándola de represas”, aseveró.
Para Fernández, en cambio, el problema energético de Chile es tan grande “que radicar el tema de Hidroaysén es reduccionista”.
