El creciente enfrentamiento en Egipto, durante la etapa posterior a la revolución de 2011, entre el Poder Judicial y el presidente Mohammad Morsi parece llegar a su punto máximo con un proyecto de ley que regula la labor de la justicia.
El proyecto está a estudio del Consejo Shura, cámara alta del parlamento con estatus consultivo, pero actualmente dotado de poderes legislativos.
El artículo más polémico de la iniciativa es el que propone reducir la edad de jubilación de los jueces de 70 a 60 años.
Miles de magistrados deberían retirarse si se aprueba la propuesta, presentada por el Partido Wasat, de tendencia islamista moderada, y respaldada por la Hermandad Musulmana, a la que pertenece el presidente Morsi, en el poder desde junio de 2012.
Los críticos al proyecto, entre los que están la mayoría de los jueces y de la oposición laica, consideran que es un intento de la Hermandad Musulmana para usurpar el poder y cubrir los cargos judiciales con elementos allegados su ideología.
El dirigente izquierdista Hamdin Sabahi, quien quedó segundo en las primeras elecciones justas realizadas en Egipto hace un año, declaró que de aprobarse la ley se estaría perpetrando una “masacre” de jueces en el país.
“Hay una clara intención de la Hermandad Musulmana de dominar las instituciones judiciales del país para que sea imposible que la justicia supervise los futuros comicios”, declaró Sabahi en mayo, cuando participaba en una protesta ante la sede del Consejo Shura en El Cairo.
La cámara alta del parlamento, con poderes legislativos solo hasta que se elija a la nueva Asamblea del Pueblo, proceso que está en un limbo legal, “no tiene derecho a legislar porque que fue elegida solo por siete por ciento del voto popular”, arguyó.
El profesor de derecho constitucional de la Universidad de El Cairo, Gaber Gad Nassar, coincidió con él.
“El proyecto de ley, que obligará al retiro de unos 8.000 jueces en funciones, constituye un intento de la Hermandad Musulmana y de sus aliados de controlar la justicia”, explicó Nassar a IPS.
A su juicio, la organización trata de “designar a sus propios jueces para poder amañar las próximas elecciones parlamentarias a su favor”.
Mientras, los defensores de la iniciativa niegan de forma rotunda las acusaciones, y sostienen que la norma solo apunta a purgar la justicia de elementos favorables al derrocado presidente Hosni Mubarak, quien gobernó Egipto de 1981 a 2011.
Respaldan el proyecto la Presidencia, la Hermandad Musulmana y su brazo político, el Partido de la Libertad y la Justicia (FJP, por sus siglas en inglés).
Walid Shirabi, portavoz de “Jueces por Egipto”, un movimiento integrado por jueces y funcionarios judiciales favorables a la Hermandad Musulmana, consideró “ilógicas” las críticas de la oposición sobre que el proyecto de ley se propone llenar el Poder Judicial con magistrados favorables a esa organización.
“Según la Constitución, el Consejo Judicial Supremo (SJC) es responsable de designar a los jueces”, que luego deben contar con la aprobación del presidente, explicó Shirabi a IPS.
“Y el SJC no tiene ni un juez de la Hermandad Musulmana”, remarcó. Esa institución de 15 miembros es la máxima autoridad judicial del país.
También rebatió la idea de que el retiro masivo de miles de magistrados perjudicaría el funcionamiento de la justicia en Egipto, que ya está empantanada con, literalmente, millones de casos en todo el sistema de tribunales del país.
“En cambio, el trabajo se volverá más expeditivo con la designación de cuadros frescos”, apuntó.
Shirabi también arremetió contra la crítica de que el Consejo Shura no tiene autoridad legítima para adoptar una nueva ley. “La Constitución que se aprobó hace poco le otorga el derecho de legislar hasta que haya una nueva cámara baja”, indicó.
“Toda declaración contraria apunta a mantener la corrupción del régimen de Mubarak, quien elevó la edad de jubilación de 60 a 70 años, con el objetivo expreso de mantener a los jueces favorables”, añadió.
El primer enfrentamiento entre el Poder Judicial y las fuerzas islamistas de Egipto comenzó hace casi un año, cuando la Alta Corte Constitucional declaró que la ley que permitió organizar las primeras elecciones tras la caída del régimen de Mubarak, realizadas a fines de 2011 y principios de 2012, era inconstitucional.[related_articles]
Al día siguiente, el 15 de junio de 2012, el entonces gobernante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ordenó la disolución de la recién elegida Asamblea del Pueblo, la mitad de cuyos asientos estaban en manos del FJP, de la Hermandad Musulmana, mientras otra cuarta parte estaba ocupada por otros partidos islamistas.
Muchos rivales políticos de la Hermandad Musulmana aplaudieron la disolución del parlamento islamista, pero especialistas legales cuestionaron la legitimidad del fallo de la Alta Corte Constitucional.
“Solo un tercio de los escaños del parlamento, los reservados a los candidatos independientes, eran cuestionables desde el punto de vista constitucional”, dijo entonces el profesor de derecho constitucional de la Universidad de El Cairo, Atef al-Banna, en entrevista con IPS.
“Pero la Alta Corte Constitucional no ofreció ningún argumento legal para disolver toda la Asamblea”, remarcó.
La asesora de asuntos políticos de Morsi, Pakinam al-Sharqawi, acusó en abril al Poder Judicial de intervenir de forma injusta en la política nacional, “desde la disolución de la Asamblea del Pueblo el año pasado”, una iniciativa que calificó de “peligrosa y sin precedentes”.
“Nunca antes se le permitió a un tribunal disolver efectivamente un parlamento que había sido elegido democráticamente por 30 millones de ciudadanos”, remarcó.
El año pasado hubo más enfrentamientos, como la fallida tentativa de la Presidencia de restablecer la disuelta Asamblea del Pueblo, el exitoso intento de nombrar a un nuevo fiscal general y un decreto ejecutivo que protege de forma temporal las decisiones presidenciales del Poder Judicial.
Actualmente, el FJP, que tiene una mayoría considerable en el Consejo Shura, trata de que se apruebe el controvertido proyecto de ley sobre la edad de retiro de los magistrados.
Por su parte, la justicia pide que todo debate sobre el texto legislativo se posponga hasta la elección de la nueva cámara baja.
Pero la semana pasada, para ira de muchos jueces y dirigentes de la oposición, el FJP envió a discusión el proyecto de ley al comité de asuntos legislativos. Pero no está claro, cuando, o si el Consejo lo someterá a votación.
Mientras, el Club de Jueces de Egipto, una asociación de magistrados que no simpatizan con Morsi, amenazó con suspender toda la actividad judicial si se aprobaba el proyecto.
