“Hay que entender que la información, por encima de cualquier cosa, es un servicio social. Si perdemos esa dimensión empezamos a hacer las regulaciones en función de su carácter mercantil y el Estado tiene muchas otras obligaciones, como garantizar la libertad”, sentenció Frank La Rue.
“En América Latina cometimos un error histórico al permitir que prevalezca la versión comercial de la información”, sostuvo La Rue, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión.
En entrevista con IPS, el experto guatemalteco indicó que “la libertad de expresión debe entenderse como un derecho colectivo de la sociedad a estar informada, a asociarse y expresarse, pero también, como un derecho de los pueblos a tener una cultura, idioma, valores y a trasladarlos al mundo con medios propios de comunicación”.
También se refirió a los otros desafíos que afronta la libertad de expresión en la región. Uno de ellos son las llamadas “leyes de censura” que castigan, por ejemplo, la difamación a funcionarios públicos y que inhiben la posibilidad de hacer planteamientos críticos a quienes están en el poder, o la sanción penal al uso no autorizado de frecuencias radiales.
Otro, “muy importante”, es el caso de las leyes de telecomunicaciones que se discuten en países como Honduras y México.
IPS: ¿Qué condiciones básicas deben cumplir las nuevas leyes de telecomunicaciones?
FRANK LA RUE: Parte de la libertad de expresión es defender la diversidad cultural. He venido sosteniendo que debe haber cuatro categorías de medios de comunicación con el uso de frecuencias electromagnéticas
Una son las radios comerciales, que deben regularse por una norma de concesiones, las comunitarias, que deben tener los mismos derechos que las primeras sin importar que sean de baja potencia y de corto alcance, una tercera para los grupos étnicos claramente identificables y, finalmente, la telecomunicación pública, que es del Estado no del gobierno de turno.
[related_articles]En este último caso, no se trata de medios controlados por quien tiene el poder político, sino del uso de recursos públicos para un medio público.
Y debe haber una recuperación de lo público. Eso se perdió en América Latina, a diferencia de Europa, donde hay varios países en los que se mantiene la visión de lo público.
Pero las frecuencias son un bien público, existen en el ambiente, y el Estado es el que regula como se administran para beneficio de todos, igual que con otros recursos naturales.
IPS: ¿Es necesario dividir el espectro en partes iguales?
FLR: El Estado no necesita una tercera parte de las frecuencias, como en Argentina. No tendría la capacidad administrativa ni los recursos para hacerlo. Lo que si debe haber es una reserva para frecuencias comunitarias.
Hay un principio en derechos humanos, de diversidad de medios y pluralismo de posiciones: Por encima del derecho individual del periodista, está el derecho humano de la sociedad de estar informada.
La idea es que la gente de un pueblo pueda construir un pensamiento propio. En ese sentido, la concentración de medios es un atentado contra la democracia, no solo contra los derechos humanos.
¿Dónde está el truco? En los mecanismos de concesión. La subasta no es el mecanismo idóneo, porque privilegia el poder económico. Debe haber concursos públicos y transparentes, con reglas claras.
IPS: ¿Qué tipo de reglas?
FLR: Las frecuencias, como son un bien del Estado, no son regalo ni una concesión vitalicia. Por eso deben darse por un tiempo determinado.
Hay una característica básica: frecuencia que nos es usada en el momento de la concesión, debe perder el derecho, porque de pronto hay gente que las acumula y no las usa, las tiene solo para evitar competencia.
Entonces, hay que establecer normas que regulen como se puede perder la concesión, y debe haber un límite de cuantas frecuencias puede tener una persona, porque la acumulación indebida lleva al manejo de la opinión pública y eso no es correcto.
IPS: Eso nos lleva a otro tema, que se discute en México, por ejemplo, sobre mecanismos de financiamiento, porque se entiende que solo los medios comerciales pueden acceder a publicidad…
FLR: Una entidad no lucrativa no es que no cobres, sino que no lucres con ella, que no te beneficies con el usufructo de las ventas.
El Estado debe tener un reglamento de distribución de la publicidad oficial, con criterios claros. Y poner orden, pero no criminalizar las radios comunitarias. Tener una emisora fuera de las normas legales no puede ser un delito, porque, además, si uno revisa el origen de los grandes consorcios tampoco hubo procesos legítimos de entrega de concesiones. Todos los dieron gobiernos dictatoriales o corruptos.
IPS: En Honduras ha sido muy controversial la inclusión de regulación de contenidos en el proyecto de ley de telecomunicaciones…
FLR: El Estado no debe meterse en los contenidos en ningún caso. Hay limitaciones legítimas a la libertad de expresión, basadas en normas y principios de derechos humanos, pero yo dejaría un solo aspecto de contenido, que es la regulación de horario para la protección de la niñez.
Se debe prevenir que niños, niñas y adolescentes presencien en vivo escenas gráficas de violencia directa y de actos sexuales, no de sexualidad, sino de actos sexuales y de pornografía o del uso malintencionado de la sexualidad.
Pero nada más. En la libertad de expresión, la norma que prevalece es la apertura y la amplitud. Las limitaciones son la excepción y no deben generalizarse demasiado, porque es ahí donde entramos en censura. Y siempre existe la tentación, a la hora de legislar, de que cada quien quiera imponer su opinión.
IPS: ¿Y en Internet?
FLR: Menos. Internet es un espacio abierto en el que caben todos. Por su naturaleza, está fuera de las posibilidades de la regulación, que no sea el monitoreo, pero eso atenta contra la privacidad.
Es un tema de autorregulación. Hay un nuevo desafío de profesionalismo y de ética que le corresponde a la misma prensa autodefinirlo. No es el Estado quien debe definirlo, sino son los mismos periodistas y las periodistas y los medios.
