Grupos de derechos humanos llaman a Estados Unidos y a la Unión Europea (UE) a ejercer más presión para que el gobierno de Bahrein dialogue con la oposición y ponga fin a la represión contra su mayoritaria población chiita.
“Bahrein asegura estar en camino a una reforma política, pero va en la dirección incorrecta”, afirmó Joe Stork, subdirector para Asuntos de Medio Oriente de la organización Human Rights Watch (HRW), al presentar el jueves 20 un informe que denuncia la represión a la sociedad civil en ese país del Golfo.
El continuo encarcelamiento de activistas de la oposición y un nuevo proyecto de ley que limita la participación de las organizaciones civiles son claras señales de que el régimen, en vez de hacer reformas democráticas, está retrocediendo, añadió.
Brian Dooley, especialista en países del Golfo de la organización Human Rights First (HRF), señaló que el gobierno de Barack Obama “se está dando cuenta” del agravamiento de la situación en Bahrein y por tanto “debe pensar qué hacer”.
“Ha habido un lento pero inequívoco incremento en la represión. Esta situación no puede seguir año tras año, porque hay un verdadero peligro de que derive en algo mucho peor”, indicó.
El informe de HRW y los nuevos llamados a Washington para que adopte una postura más severa llegan en vísperas de una reunión en Bahrein entre comisarios de la UE y sus pares del Consejo de Cooperación del Golfo.
El informe también se presentó dos semanas después de que Obama y otros altos funcionarios estadounidenses recibieran en Washington al príncipe y primer viceprimer ministro bahreiní, Salman bin Hamad Al Khalifa.
El príncipe es el favorito de Washington en la familia real de Bahrein, dado que muestra disposición a adoptar al menos unas reformas limitadas que le darían a la comunidad chiita, que representa 70 por ciento de la población de ese país, una pequeña participación en el poder.
La dinastía Al Khalifa, que ha gobernado Bahrein por más de dos siglos, pertenece a la rama sunita del Islam.
En un esfuerzo por incrementar la influencia de Salman en Bahrein, el gobierno de Obama anunció durante la anterior visita que hizo el príncipe a Washington, hace 13 meses, un acuerdo de venta de armas por 53 millones de dólares.
Pero el paquete fue frenado por miembros del Congreso legislativo estadounidense preocupados por los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del régimen bahreiní contra la oposición, que salió a las calles durante la Primavera Árabe en 2011.
Por ahora, el príncipe no ha respondido como Washington esperaba.
A pesar del lanzamiento en febrero de un muy promocionado diálogo nacional, la represión se incrementó, según observadores de derechos humanos y analistas independientes.
Estos también notaron que no hubo más anuncios de ventas de armas. En cambio, Obama reiteró su apoyo a las reformas en Bahrein y a un proceso de diálogo.
“El diálogo nacional esencialmente se ha congelado”, indicó Toby Jones, experto en asuntos del Golfo en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey.
“Se ha cumplido exactamente lo que la familia real esperaba. Esto es, básicamente paralizar el proceso político en Bahrein”, añadió.
“Washington esperaba que el príncipe y Al Wefaq, el principal partido de la oposición chiita, alcanzaran algún compromiso negociado, pero el príncipe no es tan poderoso como Estados Unidos quería que lo fuera”, explicó Jones.
La situación parece haberse deteriorado, alertan varios observadores, a muchos de los cuales, incluidos Dooley y el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, el régimen bahreiní les canceló sus visas cuando pretendían visitar el país.
Desde febrero, cuando investigadores de HRW viajaron a Bahrein con el fin de reunir insumos para el nuevo informe, titulado “Interfere, Restrict, Control: Restraints on Freedom of Association in Bahrain” (“Interferir, restringir, controlar: Limitaciones a la libertad de asociación en Bahrein), las autoridades de ese país no les han vuelto a conceder visas para que regresen.
“Nuevas leyes y largas condenas a activistas han puesto bajo severa amenaza la libertad de asociación en Bahrein”, señaló HRW, y alertó que en ese país se redacta un proyecto de ley que limita el accionar de las organizaciones de la sociedad civil.
“Las autoridades bahreiníes casi no dejaron espacio para el disenso político pacífico”, advirtió la organización.
