La problemática de las drogas no debe abordarse como un tema de seguridad sino de salud pública, con acciones de “prevención, tratamiento y rehabilitación” de las personas afectadas, coincidieron las delegaciones de los 34 países participantes de la 43 Asamblea General de la OEA.
El encuentro, que se inauguró este martes 4 en la colonial ciudad guatemalteca de Antigua, culminará el jueves 6 con una declaración final que, se espera, recogerá una postura consensuada sobre las estrategias más viables para combatir el narcotráfico en el continente americano.
Sin embargo y pese a que existe acuerdo en cuanto a que esta situación se debe abordar desde la salud y no con enfoque de seguridad como ocurre ahora en la mayoría de los países, el borrador de la Declaración de Antigua de la Asamblea General de la OEA (Organización de los Estados Americanos) no contempla acciones concretas y ni siquiera una hoja de ruta mínima a seguir.
El tema que sigue siendo contencioso y que los cancilleres deberán resolver antes del cierre de este jueves 6 es el mecanismo de seguimiento que deberá implementarse.
Actualmente, 14 países proponen que el Consejo Permanente de la OEA convoque a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea, que se celebrarían en 2014 también en Guatemala, con el objetivo de avanzar en el debate sobre nuevas estrategias de combate al tráfico de estupefacientes y diseñar un plan de acciones concretas a desarrollarse de 2016 a 2020.
[pullquote]3[/pullquote]Bajo esta propuesta, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) se encargaría de los trabajos preparativos de la reunión.
Pero el resto de los 20 países restantes (Cuba está suspendido como miembro activo desde comienzos de los años 60) rechazan la propuesta, entre ellos Estados Unidos, que está a favor de seguir debatiendo la cuestión de las drogas pero que se opone a la celebración de una asamblea extraordinaria y a que intervenga la Cicad.
Canadá propone en concreto que el Consejo Permanente de la OEA, en vez de la Cicad, determine cómo darle seguimiento al tema.
Otra novedad es la incorporación de “una perspectiva transversal de derechos humanos” y un enfoque de género a las políticas públicas que se diseñen a raíz de la cumbre con el propósito de reducir la demanda y la oferta de drogas ilegales.
Sabor a poco
Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), dijo a IPS que el consenso sobre la necesidad de tratar el tema del narcotráfico como un problema de salud y no de seguridad pública refleja un cambio en el abordaje de este flagelo, incluso por parte de Estados Unidos, ya que lleva implícita la admisión de que el combate armado ha sido un fracaso.
En México, durante la presidencia del conservador Felipe Calderón (2006-2012), se registraron más de 83.000 asesinatos relacionados con el crimen organizado, según cifras oficiales, sin que la demanda de drogas por parte de los países consumidores, como Estados Unidos, se haya reducido, motivo por el cual existe un creciente consenso entre los gobiernos latinoamericanos de que es hora de pensar en nuevas estrategias.
[related_articles]“Algunos países de América Latina han ido haciendo presión y la idea de que Washington solo exige mientras que la región debe cumplir, empieza a cambiar. Me parece que ha habido una evolución a partir de la llegada al gobierno de (Barack) Obama en el sentido de ser más autocrítico”, manifestó Asturias.
El experto sinaloense David Martínez-Amador, del Proyecto Criminova México, destacó que “se haya puesto en la mesa del debate” el enfoque de salud, pero criticó el hecho de que no se hayan acordado políticas concretas ni sancionado el uso de los ejércitos en la lucha antidrogas.
“Como en la mayoría de estos foros, la conclusión es motivar y esperar que la discusión continúe en espera de la reunión extraordinaria y, con ello, se pierde el tiempo”, advirtió Martínez-Amador en conversación con IPS.
Varios países están dando pasos hacia la implementación de marcos regulatorios para la producción legal de la marihuana, entre ellos Argentina, España, Portugal y en particular Uruguay, donde el parlamento, impulsado por el gobierno izquierdista del Frente Amplio, analiza un proyecto de despenalización al respecto.
“Este foro es eso, un foro, pero cuando las luces se apagan cada país está obligado a construir sus propias rutas”, dijo el especialista mexicano.
Pérez Molina quiere “pasar la página”
Cuando el presidente anfitrión esta semana de la Asamblea de la OEA, Otto Pérez Molina, propuso a comienzos de 2012 legalizar las drogas, la sorpresa fue mayúscula.
Es que en la campaña electoral se había pronunciado en contra de esa idea y días después de que asumiera el gobierno, el 14 de enero de ese año, creó una dirección especial de lucha contra el narcotráfico, una especie de zar antidrogas, y confirmó al frente del combate al Comando Kaibil, la unidad de élite del ejército acusada de las peores violaciones a los derechos humanos en el pasado.
Por ello nadie, ni siquiera su propio gabinete ministerial, podía vaticinar que un mes después este general retirado que llegó a la Presidencia de Guatemala con la promesa de combatir la criminalidad con estrategias de “mano dura” afirmara que había llegado la hora de considerar la despenalización como una posible solución a la creciente ola de violencia asociada al narcotráfico.
Posteriormente, en abril de 2012, volvió a poner el tema sobre la mesa durante la Cumbre de las Américas en la ciudad colombiana de Cartagena, aunque Estados Unidos respondió con una previsible negativa.
Se han planteado diversas hipótesis sobre cuáles podrían ser las motivaciones de Pérez Molina al enarbolar el tema de la despenalización de las drogas.
Poco después de conocido su planteo, la revista británica The Economist publicó que el mandatario guatemalteco trataba de obtener más fondos de Estados Unidos, mientras que Natalie Kitroeff, investigadora del neoyorkino Council on Foreign Relations, dijo que buscaba presionar para que se levantara el embargo de armas que existe desde 1978 sobre este país debido a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1960-1996).
“Al presidente lo mueve la imagen. (Pérez Molina) quiere ser visto a nivel internacional como alguien comprometido con la democracia y no con su pasado”, sostuvo Asturias.
Esta cumbre le permite “pasar la página” tras el polémico juicio del exdictador Efraín Ríos Montt, durante el cual un testigo acusó directamente a Pérez Molina de haber participado en masacres en el departamento altiplánico de Quiché, cuando comandaba la Fuerza de Tarea Gumarcaj, subrayó.
