El tratamiento de asuntos como la propiedad del carbono forestal y el mecanismo de consulta previa amenazan con descarrilar los planes para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+) en algunos países de América Latina, según especialistas.
Esos temas obstruyen el diseño del plan de México dentro del Programa Conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (ONU REDD). En Panamá llevaron a sus pueblos indígenas a retirarse del programa.
“El gobierno anterior dejó escapar la oportunidad de concluir el proceso por temor a la participación social, especialmente de pueblos indígenas y comunidades campesinas”, dijo a IPS el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), Gustavo Sánchez.
La administración que inició su sexenio en diciembre no se ha pronunciado “sobre si va a hacer suyo el borrador existente” del plan nacional, añadió.
“México sería el segundo país en avance de la región de Mesoamérica, porque Costa Rica ya está en el proceso de aplicación de la consulta, después de llegar a un acuerdo entre indígenas y el gobierno”, refirió.
La REDD+ es un plan de acción que financia programas nacionales en 16 países del Sur en desarrollo para combatir la deforestación, reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y fomentar el acceso de los países participantes al apoyo técnico y financiero.
[related_articles]La iniciativa fue lanzada en 2008 por una agencia y dos programas de la ONU: la FAO, que se ocupa de alimentación y agricultura, el PNUMA, que entiende sobre ambiente, y el PNUD, encargado de cuestiones de desarrollo. Su fin es promover la conservación, el manejo sostenible y el aumento de los depósitos de carbono en los bosques existentes.
Por América Latina participan Bolivia, Ecuador, Panamá y Paraguay, mientras que hasta ahora se adhirieron como socios sin recibir financiamiento Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Perú. En total, participan 46 países del Sur.
México tiene unos 65 millones de hectáreas cubiertas de árboles, que son parte de los territorios de unas 2.300 comunidades, 600 de las cuales manejan empresas forestales, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Este país, con casi 117 millones de habitantes, emite anualmente unas 748 millones de toneladas de CO2, uno de los contaminantes responsables del recalentamiento del planeta. Cerca de 16 por ciento corresponde a las actividades agropecuarias, la tala de bosques y a otros usos de suelo.
Las autoridades estiman que se pierden anualmente unas 150.000 hectáreas de bosques, pero organizaciones ambientalistas sitúan esa merma por encima de las 500.000 hectáreas.
En febrero, los pueblos indígenas panameños se retiraron del programa piloto, al considerar que irrespeta la consulta libre, previa e informada, lesiona los derechos colectivos sobre la tierra y vulnera la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007.
«El Estado nos tiene marginados. Lo primero que debe garantizar el programa son las salvaguardas indígenas. No tiene sentido continuar con el programa”, dijo Héctor Huertas, de la Corporación de Abogados Indígenas de Panamá, que representa a la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá.
Por eso, explicó a IPS, la coordinadora que agrupa a los siete pueblos originarios de la nación centroamericana interpondrá en los próximos días una demanda ante un tribunal administrativo en contra de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá para detener la REDD+.
En Panamá, un país de 3,5 millones de personas, habitan unos 417.000 indígenas, según el censo de 2010, sobre una superficie de 16.634 kilómetros cuadrados, equivalente a 29 por ciento del territorio total. Los territorios indígenas funcionan bajo la figura de propiedad colectiva y su tierra no puede ser enajenada ni vendida.
La crisis en ese país con el plan abona la sospecha de docenas de organizaciones no gubernamentales y académicos de distintas partes del mundo de que la REDD+ no es una solución de fondo para los problemas ambientales.
Además, puede ser una lección para los países que estructuran esos programas.
El estudio “Análisis legal de temas transversales en la ejecución de REDD+. Lecciones aprendidas de México, Vietnam y Zambia” , destaca que “las leyes de México no especifican quién posee el carbono, pero podemos presumir que los propietarios de los bosques y los sujetos de derechos serán los beneficiarios directos”.
“La clarificación de los derechos de la tenencia de la tierra es un componente crucial de los enfoques forestales para combatir el cambio climático y definir los derechos de carbono relacionados”, plantea el documento, publicado el 2 de mayo por ONU REDD.
El informe “Juntando las piezas para una buena gobernanza de REDD+: un análisis de 32 propuestas de preparación nacionales”, publicado en marzo, concluye que pocos países de esta iniciativa «consideran opciones de diseño o retos específicos relacionados con la repartición de beneficios, resolución de conflictos o sistemas de administración de ganancias”.
Pero destaca como positivo que “la mayoría incluye planes para abordar estos temas mientras las actividades preparatorias avanzan”.
El documento , elaborado por Lauren Goers Williams, del estadounidense Instituto de Recursos Mundiales, sostiene que “relativamente pocas propuestas preparatorias identifican pasos siguientes específicos para abordar los desafíos de tenencia de la tierra o establecer mecanismos de coordinación con instituciones locales durante la planeación y ejecución de REDD+”.
Aunque en México hay seis proyectos piloto de la REDD+, conocidos como acciones tempranas, es difícil que la estrategia nacional quede lista este año.
“Es preocupante cómo avanzan las acciones tempranas, porque no hay un eje nacional que tendría que venir primero. Se le da menos importancia a propiedad y derechos y más a la medición, reporte y verificación del carbono. Se avanza más en la parte técnica, pero no tiene ninguna perspectiva de sostenibilidad”, criticó Sánchez.
Organizaciones no gubernamentales concernidas en el proceso pedirán a la Comisión Nacional Forestal una definición respecto de la negociación de la estrategia nacional, para dirimir los temas críticos.
En el caso de Panamá, Huertas explicó que los pueblos originarios “demandábamos que hubiera expertos indígenas en el programa y que la consulta la hiciera la coordinadora. Ahora queremos una suspensión bajo el principio precautorio, porque se vulneran derechos fundamentales”.
El retiro indígena se ventila en el 12 periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que se desarrolla en Nueva York entre el 20 y el 31 de este mes.
ONU REDD adelanta actualmente una evaluación externa del programa en Panamá.
Su estudio indica que “para asegurar la distribución exitosa y equitativa de los beneficios de REDD+, la legislación respectiva debe incorporar procedimientos y normas claras y armonizadas, permitiendo la participación abierta entre actores en los niveles subnacional y nacional”.
