En una salida salomónica, las autoridades salvadoreñas decidieron que, por medio de cesárea o de parto inducido, se interrumpa el embarazo a la joven a quien la justicia negó autorización para practicarse un aborto terapéutico, penalizado por ley.
Beatriz, cuyo nombre completo se mantiene en reserva, sufre de lupus, una enfermedad que ataca el sistema inmunológico, y tiene insuficiencia renal. Por si fuera poco, cursa embarazo de un feto con anencefalia, que carece parcial o totalmente de cerebro y, por tanto, con nulas esperanzas de sobrevivir después del parto.
Si bien la justicia salvadoreña le negó el amparo legal que buscaba para realizarse un aborto, práctica que está totalmente prohibida desde 1998 en El Salvador, también dictaminó que recibiera del Ministerio de Salud el tratamiento necesario para dejar fuera de riesgo su vida.
Con esa premisa contenida en el fallo se buscará realizar un parto por cesárea o uno inducido, con lo cual se interrumpe la gestación, pero sin practicar un aborto que, con seis meses de embarazo, sería muy riesgoso, dijo a IPS Ima Guirola, del Instituto de Estudios de la Mujer (Cemujer).
En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, se pronunció el jueves 30 exigiendo al gobierno salvadoreño que asegure el tratamiento médico que la joven necesite.
“Que el Estado de El Salvador adopte y garantice, de manera urgente, todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B (Beatriz) pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes para evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y salud (de ella)”, reza el dictamen.
Esa resolución es considerada histórica, porque es la primera vez que ese tribunal del sistema de la Organización de los Estados Americanos se pronuncia en un tema tan polémico como el aborto.
“El fallo de la Corte Interamericana es complementario con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador”, señaló Guirola. Ambas instancias están asegurando que Beatriz reciba el tratamiento médico que la aleje del riesgo de morir, agregó.
Guirola rechazó, además, que ese dictamen anule lo dispuesto por los jueces nacionales, como se ha manejado en algunos medios de comunicación.
La Corte Interamericana también dispuso que las autoridades salvadoreñas le envíen un primer informe, a más tardar el 7 de junio, notificando del avance en la salud de la joven, y que luego se repita esa comunicación cada 15 días.
El caso de Beatriz ha encendido el debate sobre la necesidad de despenalizar el aborto en El Salvador, que lo prohíbe en todas sus formas y por la causa que sea.
Desde que Beatriz interpuso en abril ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de amparo para que los médicos le practicaran un aborto, el debate saltó de los aspectos legales a los de orden moral y religioso, teniendo entre los abanderados del rechazo a la Fundación Sí a la Vida.
La jerarquía de la Iglesia Católica también se manifestó en contra, advirtiendo que, en caso de permitirse, el aborto de Beatriz podría ser la puerta para que ese método se generalice en el país.
La Fundación Sí a la Vida y otros grupos religiosos, católicos y evangélicos, fueron también los que presionaron fuertemente a los partidos de derecha para que el Congreso legislativo ratificara, en 2011, una reforma constitucional aprobada previamente y en la cual se estableció que la vida humana se inicia en la concepción.
Pero la resolución de la Corte, aparentemente negativa a los intereses de los colectivos feministas, también tuvo noticias esperanzadoras para ellos, al afirmar que el precepto legal de que la vida se inicia desde la concepción no es absoluto.
El fallo “reconoce que no hay derechos absolutos”, dijo a IPS la activista Morena Herrera, portavoz de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico.
“En este país se ha hecho creer que la modificación de la Constitución sobre el derecho a la vida desde la concepción es un derecho absoluto del neonato, pero no” es así, apuntó.
El Salvador integra el grupo latinoamericano, junto a Chile, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, que prohíbe el aborto en todas sus formas, incluso en casos de embarazos por violación.
El aborto fue admitido, en octubre de 2012, hasta un límite de tres meses de gestación en Uruguay, que se sumó así a Cuba y Guyana como los únicos países de América Latina en permitirlo a pedido de la mujer, mientras que en el resto las leyes lo habilitan ante determinados casos o situaciones.
El caso de Beatriz atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales, con influyentes periódicos como The New York Times y el británico The Guardian llevando su historia a las primeras planas.
