Activistas de Zimbabwe denuncian que, conforme se acercan las elecciones en ese país de África austral, aumenta la represión contra la sociedad civil.
El presidente para la región occidental de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Zimbabwe, Godwin Phiri, dijo a IPS que era muy difícil informar a los miembros de las comunidades rurales sobre sus derechos como votantes, ya que no están permitidas las reuniones públicas.
"La batalla se produce en las comunidades rurales, donde, según la Ley de Seguridad y Orden Público, tenemos que informarle a la policía cuatro días antes si queremos celebrar una reunión", dijo Phiri.
"Pero la policía dice que hay pedir la autorización, y lo cual hemos visto una vez tras otra es que en realidad ellos deciden qué reuniones pueden realizarse", añadió.
El activista añadió que la policía comenzó a prohibir más reuniones de organizaciones de la sociedad civil en las áreas rurales a medida de que se acerca la fecha de las elecciones, previstas para junio.
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"Lo primero que intentamos, al tener las elecciones tan próximas, es activar son nuestras estructuras locales para usarlas como puntos a través de los cuales difundir información a los votantes", indicó Phiri.
"Pero muchas comunidades viven en un contexto en el cual hay mucha violencia, y sus movimientos están limitados por el miedo a que cualquier cosa que hagan pueda ser interpretado como algo antigubernamental. Así que tienen temor de hablar", añadió.
El grupo de presión feminista Woman of Zimbabwe Arise (WOZA) no ha sido la excepción en la ola de represión a la sociedad civil.
Jenni Williams, fundadora y coordinadora nacional del grupo, dijo a IPS que ella y la cofundadora Magodonga Mahlangu fueron arrestadas más de 50 veces durante los últimos 10 años.
En abril, WOZA presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión Africana.
Sin embargo, Pedzisai Ruhanya, director del Instituto por la Democracia en Zimbabwe, señaló que esa queja no tendrá resultados, pues el presidente de Robert Mugabe ya ha ignorado otros fallos de la Comisión.
"Seguirán haciendo lo mismo, porque esa comisión no tiene dientes, es un bulldog sin dientes que no puede hacer aplicar sus decisiones, y por tanto es un apéndice de los estados parte, incluyendo a Zimbabwe", dijo Ruhanya.
Pero no solo en ese país las organizaciones no gubernamentales tienen cada vez más problemas.
Un nuevo informe divulgado por Civicus, una alianza mundial de la sociedad civil, indica que las expectativas generadas por la Primavera Árabe y los movimientos de ciudadanos en distintos países, como el de "indignados" en España y Ocupa Wall Street en Estados Unidos, no se concretaron.
El informe, titulado, "El estado de la sociedad civil – 2013", divulgado el 29 de abril, afirma que los grandes movimientos populares de 2012 fueron seguidos por "una gama de acontecimientos negativos que hacen todavía más difícil el trabajo de la sociedad civil".
"La creciente difusión de los medios sociales y de la tecnología móvil, así como la multiplicación de las plataformas digitales para la expresión, podrían sugerir que nunca antes la sociedad civil tuvo tantas vías para hacer oír sus posturas y visiones", señala el director de Inter Press Service (IPS), Mario Lubetkin, en un capítulo del informe coescrito con Stefania Milan, de Citizen Lab, centro de estudios interdisciplinarios sobre medios digitales, seguridad global y derechos humanos.
Sin embargo, Milan y Lubetkin aclaran que esto no es así, y en cambio alertan que "la agenda de noticias hoy está enormemente dominada por informes desde el Norte".
"El panorama mediático todavía está caracterizado por una creciente concentración de medios, el predominio del infoentretenimiento y el sensacionalismo en la información y el análisis, y la prevalencia de voces occidentales a expensas de un Sur silenciado", añaden.
Indican además que "la familiarización con el mundo del periodismo, sus necesidades y prácticas, es esencial para las OSC (organizaciones de la sociedad civil), y aun más para las personas cuya tarea es contactar a periodistas".
En su introducción del informe, Dhananjayan Sriskandarajah, secretario general y jefe ejecutivo de CIVICUS, concuerda con Milan y Lubetkin.
"Las nuevas tecnologías facilitan el acceso a la información, conectan a personas con pensamiento similar y movilizan a grandes números de personas. Pero las restricciones a los sitios web y a los medios sociales son cada vez más usadas como herramientas para mantener en la oscuridad e impedirles investigar la corrupción", indica.
El informe señala que varios gobiernos adoptaron planes o leyes para regular la formación y la operación de las OSC.
"Leyes en Kenia, Tanzania y Uganda, por ejemplo, le dan al Estado el poder de declarar ilegal a una OSC o retirar su registro", añade.
Sin embargo, el informe establece que las OSC encuentran formas innovadoras de atender problemas sociales. Por ejemplo, en Kirguistán, "los Consejos de Observación Pública incrementaron la responsabilidad y la transparencia de las agencias del gobierno central".
"Una de las formas en que lo han logrado es a través de varias discusiones en televisión y audiencias públicas involucrando a funcionarios del Estado, a las OSC y a representantes del sector privado", añade.
* Con aporte de Misheck Rusere (Harare).
