Tras la última de las 18 elecciones en Venezuela en 15 años, la democracia no prospera sino que se deteriora, se militariza y se dirige hacia formas autoritarias de gobierno, opinan analistas antes de cumplirse un mes de que Nicolás Maduro fue elegido presidente.
Venezuela “vive una crisis política y el Estado trata de superarla con más autoritarismo y más represión, aun cuando selectiva”, señalo a IPS la historiadora Margarita López Maya, directiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
“No se crea una situación de dictadura, como las clásicas conocidas en la región (latinoamericana), sino que paulatinamente disminuye la democracia”, agregó López Maya, también profesora titular en el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.
El tema de la calidad democrática resurgió apenas Maduro asumió el cargo para cumplir el sexenio 2013-2019 para el cual había sido reelegido en octubre Hugo Chávez, quien gobernó el país desde 1999 y hasta su muerte, víctima de un cáncer, el 5 de marzo.
Su contendor, Henrique Capriles, líder de la heterogénea oposición, exigió una auditoría integral de los comicios, pero el poder popular decidió realizarla en forma limitada, después de ratificar que Maduro obtuvo 50,61 por ciento de los votos válidos y Capriles 49,12 por ciento.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) recomendó el 18 de abril, un día antes de la juramentación de Maduro, realizar esa auditoría para zanjar la controversia.
Capriles introdujo el 2 de este mes un recurso de impugnación total de las elecciones y cinco días después otro de impugnación parcial ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuya admisión deberá decidir ese órgano en los próximos días
Durante esta segunda semana de mayo, dirigentes del gobierno, comenzando por el presidente Maduro, y de la oposición viajaron por América del Sur para exponer sus contrapuestos puntos de vista sobre la crisis política.
El presidente de la unicameral Asamblea Nacional legislativa, Diosdado Cabello, un militar retirado, rehusó conceder derecho de palabra a los diputados de oposición si no declaraban a viva voz que reconocían a Maduro, y destituyó a los opositores que dirigían comisiones de trabajo parlamentario.
En una sesión, desde la bancada oficialista se arrojó un micrófono que rompió la cara del diputado opositor William Dávila, el 23 de Abril. Siete días después, los diputados opositores tocaron pitos y cornetas en el hemiciclo de sesiones para acallar la voz de los oficialistas en protesta por negárseles el derecho de palabra.
Desplegaron además una pancarta que rezaba “Golpe al Parlamento”, lo que devino en señal para que algunos diputados oficialistas se abalanzaran sobre los opositores y en la gresca resultaron 11 legisladores lesionados, incluidos dos con rotura de huesos de la cara, María Corina Machado y Julio Borges, de la bancada opositora.
Una situación así, recordó Elías Pino, de la Academia de la Historia, no se vivía desde un cruento asalto al Congreso por seguidores del presidente José Tadeo Monagas en 1848.
Cabello había declarado días antes que el presidente Chávez “era como el muro de contención de las locuras que a veces se nos ocurrían” en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que encabeza tras la desaparición de su líder histórico.
Entretanto, fue arrestado el general retirado Antonio Rivero, quien se pasó a la oposición después de servir en el gobiernos de Chávez como director de Protección Civil.
A Rivero se le acusa de “asociación para delinquir”, bajo los parámetros de una ley antiterrorista sancionada hace un año, después que un vídeo lo mostró dando instrucciones a jóvenes que protestaban en calles de Caracas tras anunciarse el triunfo de Maduro.
En varias ciudades del interior hubo grandes manifestaciones, algunas severamente reprimidas por la policía y la militarizada Guardia Nacional, con saldo de varios heridos y decenas de detenidos. Al menos dos sedes partidarias, una del PSUV y otra de la opositora Acción Democrática, fueron incendiadas.
En paralelo, el gobierno denunció que militantes opositores atacaron en varios estados del país centros de salud de “misiones” atendidas por médicos cubanos y que 10 partidarios del PSUV perecieron baleados en el marco de esos ataques, la semana posterior a los comicios. La Fiscalía General investiga esas muertes.
Maduro declaró “héroes de la patria” a los adherentes fallecidos durante las protestas opositoras y el canciller Elías Jaua opinó que “la burguesía atacó misiones emblemáticas y descargó su odio contra el pueblo”.
El gobierno y dirigentes oficialistas acusaron a Capriles como instigador de los desmanes, y la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, dijo que ya tiene lista la celda para el excandidato, y también que los parlamentarios opositores “se merecían esos coñazos (puñetazos)”.
“Es gravísimo que las cabezas de los poderes públicos manejen ese lenguaje, tengan esa conducta y que Maduro no los desautorice. Las relaciones entre Estado y sociedad reguladas por la civilidad, es decir, por el reconocimiento, el respeto al otro, el diálogo para construir consensos, viven su crepúsculo”, opinó López Maya.
La analista agregó que “la democracia venezolana se muere entre el autoritarismo militarista, que está cristalizando, y la anarquía. Que tal régimen sea de izquierda o de derecha da igual, es un retroceso político lamentable”.
Maduro “ha demostrado, en el poco tiempo de gestión que lleva hasta ahora, una vocación autoritaria”, dijo a IPS el coordinador de la organización no gubernamental humanitaria Provea, Marino Alvarado.
Provea, al denunciar la represión de las manifestaciones postelectorales, fue acusada por Jaua y el ministro de Información, Ernesto Villegas, de ser “retaguardia del fascismo”.
Otra característica del presente venezolano es el intenso uso de los términos “fascismo” y “fascista”, que oficialistas y opositores atribuyen a la otra acera de la lucha política.
El Foro por la Vida, una coalición de organizaciones humanitarias, reclamó la conducta de los poderes públicos, condenó la violencia en el parlamento, pidió cesar la represión y demandó que se abran espacios de diálogo y respeto entre los luchadores políticos.
Alvarado también observó “una merma en los derechos políticos de la ciudadanía cuando se cercenan los derechos de representación y palabra de diputados electos por el pueblo”.
Adicionalmente expresó preocupación por “una militarización creciente de la sociedad y del Estado, continuada por Maduro con la colocación de más oficiales en cargos de naturaleza civil y su orden de sacar militares a vigilar y patrullar zonas urbanas”.
Con el fin de enfrentar un desbordamiento de la actividad criminal, que dejó tan solo en Caracas 498 muertes en abril, el lunes 13 unidades de la Fuerza Armada se sumarán a las policías civiles en el patrullaje de varios sectores de la capital.
Provea destacó “el potencial riesgo para los derechos humanos” de la iniciativa, pues en los últimos 15 años en distintos hechos 315 civiles perecieron por la acción de efectivos militares.
