Ambientalistas y comunidades diaguitas del norteño Valle del Huasco, en Chile, celebraron la orden judicial de suspender totalmente las obras del proyecto binacional de explotación de oro, plata y cobre de Pascua Lama, propiedad de la firma transnacional Barrick Gold.
«Estas obras se aprobaron con la condición de que no se tocaran los glaciares (de la zona en la cordillera de los Andes), sin embargo, recurrentemente, la Dirección General de Aguas ha confirmado que Pascua Lama está destruyéndolos», dijo Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
Cuenca aseguró a IPS que se «están realizando obras de manera ilegal, que han causado episodios de contaminación graves sobre los pozos de los ríos en la zona y, sobre eso, la institucionalidad ambiental ha dado cuenta de manera parcial».
«Entonces, nos parece muy bien que los tribunales pongan orden, aunque sea una medida temporal», completó.
Emplazada a 4.000 metros sobre el nivel del mar en las cumbres andinas, Pascua Lama es un proyecto minero a tajo abierto, desarrollado a ambos lados de la frontera entre Chile y Argentina.
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Por el lado chileno, el yacimiento está localizado en la cabecera de la cuenca del río El Estrecho, en la comuna de Alto del Carmen, provincia del Huasco, región de Atacama, a unos 700 kilómetros de Santiago.
La decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Copiapó, en la misma región de Atacama, respondió a un recurso de no innovar presentado por el abogado Lorenzo Soto, representante de las comunidades diaguitas de la zona, que se oponen al proyecto de la empresa de origen canadiense.
En el recurso, Soto argumentó infracciones ambientales señaladas al proyecto desde organismos gubernamentales, como el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín), el Sistema de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente.
Soto explicó que el recurso denuncia una serie de irregularidades propias del emplazamiento de la mina, como «la destrucción de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, ubicados en las cercanías, y la contaminación de los recursos hídricos» con altas concentraciones de arsénico, aluminio, cobre y sulfatos, que amenazan el río El Estrecho.
La empresa ya había detenido la construcción del tajo de la mina en noviembre por orden del Sernageomín, por no cumplir con la normativa de seguridad minera. Pero la decisión judicial de este miércoles 10 paraliza integralmente el proyecto. Al respecto, un portavoz de la empresa dijo que las obras del lado argentino no fueron afectadas y continúan adelante.
«Lo que hace esta medida del tribunal es confirmar que la fiscalización y los procesos de sanción que se han llevado a través de la institucionalidad han sido absolutamente insuficientes o parciales y no han dado cuenta de la gravedad de las denuncias que ha hecho la comunidad respecto de las infracciones que comete Barrick», enfatizó Cuenca.
Mientras, el presidente de la Comunidad Indígena Diaguita Chiguinto, Oriel Campillay, señaló a IPS que las entidades aborígenes están «felices». «Vivimos en un valle precioso en el que cultivamos paltas (aguacate), uva, limones, damascos, duraznos, peras, y el río El Estrecho es fundamental para nosotros», destacó.
Campillay dijo a «título personal», que no se opondría a la minera «si las cosas se hicieran bien». «Nosotros pedimos que nuestras comunidades fueran fiscalizadoras del proyecto, pero la empresa se negó», afirmó.
Hasta ahora, Barrick Gold no ha dicho si apelará a la Corte Suprema de Justicia de Chile, el siguiente y último paso posible, o se abocará a resolver las irregularidades ambientales que se le imputan.
El vicepresidente de asuntos corporativos de Barrick Gold para América del Sur, Rodrigo Jiménez, aclaró que aún «no habían sido notificados por la Corte de esta medida, por lo que es imposible que comentemos su contenido o implicancias».
El gobierno, por su parte, sorprendió al celebrar la medida. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuvo que «el fallo no los extraña para nada». «Nos parece bien que se haya podido, a través de un organismo judicial, suspender faenas mientras Pascua Lama cumpla efectivamente con los cargos que la Superintendencia de Medio Ambiente ya le había hecho», añadió.
Su par de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, señaló que «este fallo va en línea con lo que el gobierno ha estado haciendo».
«Como institucionalidad ambiental, no estamos dispuestos a aceptar proyectos que no cumplan con las resoluciones de calificación ambiental y con los compromisos que ahí se han adquirido», completó.
Para Cuenca, estas declaraciones son un «descaro» ya que «justamente lo que está haciendo la Corte es llamar la atención sobre el gobierno y los servicios del Estado, que no están cumpliendo su rol».
«Me parece una desfachatez tremenda que un ministro salga diciendo que le parece bien esto, después que ellos han omitido hacer su trabajo, fiscalizar como se debe. Es más, la institucionalidad debiera revocar el permiso ambiental del proyecto Pascua Lama», sentenció el activista.
Cuenca destacó, además, el papel de las comunidades en la lucha contra proyectos que amenazan la sustentabilidad de sus pueblos.
«Hay que rescatar el rol que tiene la ciudadanía, las organizaciones y, en el caso de Pascua Lama, la comunidad del Valle del Huasco», puntualizó.
«Este conflicto lleva 10 años a lo menos y lo que está ocurriendo es el resultado de la denuncia y movilización de la comunidad», añadió.
También reconoció que existen hoy «tribunales más sensibles y más informados Hoy día hay una interpretación de la legislación mucho más progresista al respecto de lo que teníamos hace dos años atrás, y ha quedado demostrado en una secuencia de fallos», comentó.
Para Cuenca, «es una combinación de nuevas condiciones que vive el país, pero para nosotros lo fundamental es el rol que ha jugado la comunidad».
Campillay, a su vez, confirmó que las comunidades diaguitas se coordinan para exigir la aplicación total del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre consulta a los pueblos indígenas.
Ya lograron un fallo favorable en el caso del proyecto minero de oro y plata El Morro, y seguirán con Pascua Lama y todos los proyectos que, sienten, amenazan la integridad de sus comunidades.
«Estamos rodeados de mineras y queremos que se nos dé la instancia de decidir qué se hace en nuestra tierra y no que se resuelva entre cuatro paredes», concluyó.
