La recurrente crisis institucional de Honduras, lejos de superarse, se agudizó con la decisión del parlamento de suspender de sus cargos al fiscal general y al adjunto por dos meses e instalar una junta interventora con plenos poderes, que a criterio de juristas viola la Constitución.
El cuerpo interventor, que tiene entre sus cometidos fortalecer el Ministerio Público y seleccionar el personal, está integrado por María Antonia Navarro, docente universitaria, Miriam Guzmán, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ángela Madrid, de la Procuraduría General de la República, y el jurista Lino Tomás Mendoza.
Los tres primeros pertenecen al gobernante Partido Nacional (PN) y el último al Partido Liberal (PL), las dos agrupaciones derechistas que dominan el país desde hace más de 100 años.
Los integrantes fueron seleccionados y puestos en funciones en menos de seis horas esta semana con las instrucciones de "entrar de inmediato, dar resultados y hacer cumplir el mandato otorgado", explicó el presidente del unicameral Congreso legislativo, Juan Hernández, también candidato del PN a la Presidencia de Honduras para las elecciones generales de noviembre.
Juristas consultados por IPS coinciden en que la intervención es solo el preámbulo para abrirles juicio político al fiscal general Luís Rubí, del PL, y al adjunto Roy Urtecho, del PN, por su pobre desempeño en la acción penal pública. Ambos, por ley, cesan en el cargo en marzo de 2014.
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El parlamento tomó la decisión luego de una audiencia realizada la semana pasada en la que comparecieron los operadores de justicia para rendir cuentas sobre su lucha contra la inseguridad pública, que cobra en promedio 20 vidas diarias en Honduras. Todos fueron cuestionados por sus magros resultados.
El exfiscal general Edmundo Orellana dijo a IPS que la creación de la junta violenta artículos constitucionales y de la legislación interna del Ministerio Público.
Esa dependencia tiene un rango constitucional, y una comisión interventora "no puede asumir la titularidad de un órgano que corresponde al Fiscal General y su adjunto por vía de ese mandato institucional".
Orellana, quien ocupó ese cargo en los años 90, dijo que las comisiones interventoras por ley se aplican a las instituciones del Poder Ejecutivo y a las autónomas, pero no a aquellas con rango constitucional e independiente como la Fiscalía.
"Hay otros procedimientos, pero es claro que el Congreso legislativo es quien elige al fiscal general y al adjunto, por tanto no puede intervenirlos, sino que su potestad es aplicarles un juicio político, el cual fue aprobado este año", explicó.
"Es obvio que la Fiscalía requiere cambios profundos, pero respetando la ley, la Constitución y el estado de derecho", acotó.
A criterio de Orellana, la dirigencia política sigue llevando al país de error en error. "No cerramos las fracturas de 2009 y ahora, lejos de fortalecer la Fiscalía, estamos dañando y destruyendo la poca institucionalidad que aún queda en el país". La referencia del jurista es al golpe de Estado de junio de ese año que derrocó al presidente Manuel Zelaya.
Su colega Jair López también comentó a IPS que se han violentado los artículos 232 y 233 constitucionales, así como los ítems 24 y 25 de la ley orgánica del Ministerio Público, que define sus atribuciones, entre las que destacan la delegación en el fiscal general de la persecución legal del delito por medio de su cuerpo de ministros, así como la defensa y protección de la ciudadanía.
"No sé por qué no aplican el juicio político, que ya está reglamentado. Pareciera que a nuestros legisladores no les gusta leer ni aplicar la Constitución que es tan clara; no es violando la ley como se corrigen las cosas", sentenció.
No obstante, el diputado Marvin Ponce fue más gráfico al justificar la acción legislativa. "Si hay que violar la Constitución por una causa justa, hay que hacerlo", dijo a IPS este representante del izquierdista Partido Unificación Democrática y uno de los cuatro vicepresidentes del Congreso.
En una línea similar, el parlamentario democratacristiano Augusto Cruz sostuvo que "no importan las comas o los puntos en la Constitución, pues el camino de la intervención que se ha tomado es el menos riesgoso y no hay violaciones, porque esa interventora va con plenos poderes".
También el diputado Hernández sostuvo que no se quería generar "otra crisis institucional", sino más bien "cortar por lo más sano".
Esta nueva decisión contra la Fiscalía de la República se produce cuatro meses después de que este mismo parlamento destituyera a cuatro de los cinco magistrados de la sala constitucional del Poder Judicial.
El argumento para estos despidos fue la discrepancia con sus fallos sobre violaciones a garantías constitucionales en las medidas de depuración de la policía y con la aprobación de un proyecto de "ciudades modelos", especie de enclaves dentro del mismo territorio hondureño con prebendas que, según entienden los críticos, afectan la soberanía nacional. Los magistrados fueron sustituidos por otros declarados afines al PL.
Los variados cuestionamientos al gobierno de Porfirio Lobo, que vienen de la oposición y hasta de sus propias filas partidarias, se centran en la creciente inseguridad ciudadana. Se señala que ese fracaso ha forzado al parlamento a asumir funciones propias del Poder Ejecutivo, como una especie de salvavidas.
El PN intentará en noviembre retener el gobierno de la mano de Hernández, pero la violencia criminal lo está asfixiando con más de 22.000 homicidios en tres años, mientras un ministro de Seguridad es cambiado cada año sin que los indicadores muestren mejoras.
