El gobierno de Ecuador está decidido a frenar el creciente número de embarazos adolescentes, para lo cual comenzó por derribar tabúes que impiden garantizar el derecho a una vida reproductiva y sexual responsable.
La salud sexual y reproductiva ocupa la atención pública tras la expedición de un reglamento que regula el acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos, incluyendo los de emergencia como la llamada "píldora del día después".
La anticoncepción de emergencia forma parte de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enipla), para cuya implementación se destinaron casi 4,4 millones de dólares.
Ecuador registra el índice más alto de embarazos adolescentes de América del Sur, con 17 por ciento. Cifras oficiales indican que el número de partos de mujeres entre 15 y 19 años aumentó de 31.053 en 2004 a 45.708 en 2011.
Voces opuestas, como la Iglesia Católica, alegan un supuesto efecto abortivo de la pastilla del día después, un método de anticoncepción oral que se legalizó en 1998, pero al que solo se accedía con receta médica en el mercado farmacéutico. Ahora se garantiza la entrega libre y gratuita en todos los centros de salud y hospitales del país.
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La ministra de Salud Pública, Carina Vance, conversó con IPS sobre la estrategia, los logros y desafíos.
IPS: ¿Por qué se decidió la entrega gratuita de la píldora del día después?
CARINA VANCE: Tenemos cifras preocupantes en cuanto a la planificación familiar y brechas entre la cantidad de hijos deseados y los que se tienen.
En Ecuador, que tiene el nivel más alto de embarazos adolescentes en América del Sur, se implementa desde 2011 la Enipla, una acción conjunta de los ministerios de Educación y de Desarrollo Económico y Social.
IPS: ¿La polémica sobre la píldora del día después se fundamenta más en valores morales que en el conocimiento de derechos?
CV: Consideramos que no hay polémica, porque más bien hay una aceptación muy amplia, tanto de la Enipla como del componente del acceso gratuito.
Hemos tenido una respuesta favorable de parte de organizaciones sociales y de entidades nacionales e internacionales relacionadas a la salud y a los derechos de las mujeres. La gran mayoría de opiniones en contra no se basan en conocimientos de sustento científico sino más bien en un entendimiento equivocado.
En algunos casos dicen que la píldora anticonceptiva de emergencia es abortiva, cuando tenemos un sustento científico de que no lo es, y también se enfocan en el consentimiento de los padres para que pueda acceder un adolescente a un método anticonceptivo.
IPS: ¿La juventud ecuatoriana tiene la madurez suficiente para decidir?
CV: Si la juventud tiene la madurez para tener una relación sexual, tenemos la obligación de dar cumplimiento a sus derechos de acceder a la píldora sin limitaciones, barreras o aprobaciones de terceros. Creemos en el trabajo con los padres de familia para fortalecer la comunicación familiar sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos.
De la misma forma, hay personas que por principios y creencias religiosas no consideran apropiado acceder a este tipo de método anticonceptivo y, frente a eso, hay un absoluto respeto, pero tenemos que integrar políticas públicas en el marco de los derechos y entender que el Estado ecuatoriano es laico.
IPS: ¿Cuántos centros de salud distribuyen la píldora de anticoncepción oral de emergencia?
CV: Tenemos 1.900 unidades a nivel nacional.
IPS: En cuanto a la promoción de una vida reproductiva y sexual responsable, ¿en qué se debe trabajar?
CV: El Ministerio de Salud tiene la obligación de brindar información objetiva con base en evidencia científica y brindar medicamentos de forma absolutamente gratuita. Por ejemplo, tenemos dispensadores de preservativos en nuestras unidades de salud, pero eso no es suficiente.
Se requiere un trabajo intersectorial y de ahí la importancia de trabajar con el Ministerio de Educación. Además, está la corresponsabilidad de la sociedad, de tal forma que las conversaciones sobre sexualidad y derechos no se limiten a una consulta en el centro de salud. También se trabaja con los padres y madres de los jóvenes.
Trabajamos permanentemente en prevención, atención y estudios sobre enfermedades sexualmente transmisibles, y las problemáticas que inciden en ese particular.
Sin duda tenemos retos: altas cifras de embarazos en adolescentes, 13 por ciento de las muertes maternas se dan en jóvenes entre 15 y 19 años y seis de cada 10 mujeres en general sufren de algún tipo de violencia, física, psicológica o sexual.
Tenemos grandes retos para lograr una sociedad equitativa, libre de violencia y donde se respeten plenamente los derechos sexuales y reproductivos.
IPS: ¿Se ha marcado un hito en derechos sexuales y reproductivos?
El uso de la píldora anticonceptiva de emergencia está en vigencia desde marzo de 1998. Con este último reglamento, ahora garantizamos su acceso sin receta médica, con una oferta adecuada en todos los centros de salud y hospitales, y el ejercicio del derecho a un método anticonceptivo sin el consentimiento de la familia o de la pareja, que antes era una barrera para las mujeres.
Nuestra Constitución garantiza el acceso gratuito a servicios, métodos anticonceptivos, consultas de planificación familiar y la posibilidad de tener una vida sana y accesible de forma universal y en base a la atención primaria.
IPS: ¿Cómo se propone el gobierno avanzar en la lucha para consolidar los derechos sexuales y reproductivos?
CV: No sé si lo identificaría como una lucha. Una encuesta de 2011 indica que 84 por ciento de los consultados están de acuerdo con la entrega de anticonceptivos gratuitos, es decir que tenemos un alto grado de aceptación y un gobierno absolutamente comprometido con el ejercicio de los derechos, entre ellos, los sexuales y reproductivos.
Vamos a hacer todo lo necesario para implementar políticas sostenibles, de forma que no vayamos a retroceder.
