El Año Nuevo Cingalés y Tamil, celebrado en Sri Lanka el 13 y 14 de este mes para conmemorar el fin de la estación de cosechas y la llegada del monzón, se vio manchado por una serie de atentados, que recordaron que la «paz» no quiere decir ausencia de violencia.
El diario en tamil Uthayan sufrió un ataque el sábado 13, con el cual son 37 los que han sufrido este medio o sus allegados.
Hombres armados mataron a dos empleados de ese medio en 2006. A comienzos de 2009, en las últimas etapas de la guerra civil que sufrió este país, algunos trabajadores se quedaban a dormir en la oficina porque estaban demasiado asustados como para irse.
Dos semanas antes del incidente del 13 de este mes, un centro de distribución de Uthayan, en la norteña ciudad de Kilochchi, también sufrió un atentado. Los críticos del medio, propiedad de un legislador tamil, lo acusaron de ser parcial a favor de los tamiles.
El gobierno calificó los daños contra el centro de distribución de «agresión interna», lo que fue rechazado por el medio.
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Un grupo de budistas extremistas llamados Bodu Bala Sena (BBS) llevan adelante una campaña contra los musulmanes e incitan a atacar tiendas y comercios de miembros de esa comunidad.
A comienzos de este mes, el clima se tensó más aún cuando la policía reprimió con fuerza una vigilia con velas frente a la sede de BBS de personas, que adujeron que solo se habían acercado a difundir un mensaje de paz.
Estos incidentes ocurrieron apenas un mes después de aprobarse la segunda resolución seguida sobre Sri Lanka en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra.
La resolución, patrocinada por Estados Unidos, llama al gobierno de Sri Lanka «a realizar una investigación creíble sobre las acusaciones de violaciones a la legislación internacional en materia de derechos humanos», que habrían sido perpetradas durante la guerra contra los separatistas Tigres para la Liberación de la Patria Tamil en 2009. Pero no previó sanciones en caso de que no cumpliera.
Organizaciones de derechos humanos y otros activistas, que fueron testigos de los últimos enfrentamientos armados en 2009, dijeron que los combates expulsaron a unas 200.000 personas de sus hogares y que costaron la vida de por lo menos 40.000 más, muchas de ellas civiles.
El gobierno sostiene que no hubo «víctimas civiles».
Finalmente, en mayo de 2010, el presidente Mahinda Rajapakse creó la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas para investigar la conducta de las fuerzas armadas durante el conflicto.
La Comisión entregó su informe final al presidente en noviembre de 2011. Pero en febrero pasado, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, dijo que el gobierno había sido «selectivo» en responder a las recomendaciones presentadas por el documento.
Otra decepción fue que, pese a las garantías iniciales para que Pillay tuviera un acceso total para investigar las acusaciones actuales de violación de derechos humanos en este país insular, la resolución adoptada simplemente pide al gobierno srilankés que realice investigaciones de acuerdo con los «estándares internacionales».
En lo que se considera una disolución del texto original, todas las referencias al acceso «ilimitado» del relator especial de la ONU fueron reemplazadas en el documento final por un pedido al gobierno de «cooperar» con los funcionarios encargados y responder a las solicitudes pendientes de visitas.
Los ocho relatores especiales de la ONU están a la espera de una invitación de este país.
Defensores de derechos humanos sostienen que no es probable que Sri Lanka cambie del día a la noche. Se necesitará más tiempo para que la presión internacional tenga un impacto y, aun así, solo lo logrará si es sostenida.
La embajadora de Estados Unidos en Sri Lanka, Michele J. Sison, dijo a un grupo de periodistas el 8 de este mes que su país analiza de cerca la situación en el terreno. También advirtió que podrían aparecer medidas «más serias» si el gobierno de Rajapakse no respondía a la preocupación internacional.
«Estados Unidos está particularmente preocupado por las amenazas, y ataques, contra medios de prensa de Sri Lanka», indicó, en referencia al atentado sobre las instalaciones de Uthayan en Jaffna.
«Mientras examinamos los próximos pasos, renovaremos el estudio de todos los mecanismos disponibles en el Consejo de Derechos Humanos y más allá», dijo Sison a la Asociación de Corresponsales Extranjeros, aunque no abundó en cuáles serían esos «mecanismos».
Alan Keena, director de proyecto en este país del Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés), dijo a IPS: «Sri Lanka puede ignorar estas preocupaciones a su propio riesgo. Si el gobierno sigue ignorando las preocupaciones internacionales, supongo que la presión aumentará».
Ruki Fernando, la organización nacional Rights Now Collective, dijo a IPS que la resolución no debe tomarse de forma aislada, sino ser evaluada como un indicio del persistente examen internacional de Sri Lanka.
Algunos pedidos importantes que estaban en el texto original, que luego fueron retirados de la versión final -como el acceso «ilimitado» para los funcionarios especiales-, podrían ser incluidos en futuras resoluciones, alertó.
El interés de la comunidad internacional de que Sri Lanka se ajuste a los estándares globales de derechos humanos se verá reflejado en la cumbre de de la Mancomunidad de Naciones, que se realizará en este país.
Ya hubo llamados a boicotear la cumbre o a cambiarla de sede.
Gran Bretaña, que incluyó a este país en la lista de los estados que preocupan en su último Informe sobre Democracia y Derechos Humanos, dijo que hará todo lo posible por «alentar a Sri Lanka a que demuestre su adherencia a los valores de la Mancomunidad de Naciones sobre derechos humanos, democracia, estado de derecho, en especial con vistas a la reunión de noviembre».
