El futuro de los planes energéticos de Japón dos años después del accidente en la central atómica de Fukushima depende de una lucha entre quienes tienen como mira el progreso económico nacional y los activistas antinucleares, que subrayan la prioridad de defender la vida de las personas."El tira y afloja entre el gobierno y quienes se oponen a la energía nuclear se ha vuelto un problema terriblemente difícil en Japón", dijo a IPS el experto Takao Kashiwage, del Instituto de Tecnología de Tokio.
La turbulencia "emocional generada por las devastadoras consecuencias del accidente de Fukushima enmascara un debate real y objetivo" sobre las necesidades energéticas del país y su futuro nuclear, agregó.
Kashiwage integra el oficial comité de cogeneración de energía y respalda la plataforma energética del primer ministro Shinzo Abe, que exige reiniciar los reactores nucleares del país tras la implementación de los nuevos estándares de seguridad que establecerá una comisión de expertos independientes en julio.
"La seguridad energética de Japón depende fuertemente de la energía nuclear. Abandonar por completo esta fuente (que antes del accidente satisfacía alrededor de 30 por ciento de las necesidades de energía) es una medida demasiado drástica para el país", explicó.
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Actualmente, Japón importa 84 por ciento de la energía que requiere.
Al otro lado del mostrador están los activistas antinucleares, que llaman la atención sobre los peligros de que nueve de las empresas de servicios públicos más poderosas de Japón desarrollen plantas nucleares, apoyadas por fondos estatales con la premisa de crear un suministro energético seguro para este país pobre en recursos.
Grandes sumas se volcaron a localiadades pobres para construir allí centrales nucleares calificadas de "seguras": según estimacions oficiales, un solo reactor cuesta alrededor de 10.000 millones de dólares, aunque los activistas dicen que esa cantidad es mucho más alta cuando se tienen en cuenta otros gastos, como el apoyo a las nuevas instalaciones y los subsidios para los gobiernos locales anfitriones.
Pero, como el accidente de Fukushima dejó trágicamente en claro, esos proyectos no cumplieron con requisitos de seguridad como los planes de contingencia para la evacuación a gran escala de residentes en caso de una crisis.
Los activistas señalan la enorme cantidad de víctimas del desastre que el 11 de marzo de 2011 se ensañó con las comunidades cercanas a los reactores de Fukushima, a raíz de un terremoto y un posterior tsunami, como uno de los ejemplos más impactantes de las trágicas consecuencias que la energía nuclear puede tener sobre los seres humanos.
También llaman la atención sobre los riesgos ambientales de almacenar material radiactivo que pueda envenenar fácilmente el área circundante.
De hecho, peligrosas filtraciones radiactivas ya obligaron a comunidades enteras a abandonar sus casas y empleos. Más de 300.000 personas todavía habitan viviendas temporarias, decenas de familias están separadas y muchas tierras agrícolas se transformaron en páramos contaminados, incapaces de producir un solo cultivo comestible.
Yasuo Fujita, de 67 años, es uno de estos muchos refugiados nucleares.
Su familia vivió por varias generaciones en la aldea de Namie, ubicada a apenas siete kilómetros de Fukushima. Poco después de que la central colapsara, él se vio obligado a abandonar el amado comercio de sushi que había manejado durante 30 años, para trasladarse a Koto-ku, un municipio de Tokio.
Actualmente, Fujita todavía espera una indemnización de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (Tepco) para reiniciar su vida. "Lo perdí todo en un segundo a causa del accidente de Fukushima", dijo a IPS.
"Pese a los planes del gobierno de reconstruir Fukushima en tres o cuatro décadas, nadie cree que ellos puedan volver. Con (decenas de) jóvenes mudándose a otras zonas, no tiene sentido regresar aunque el gobierno haga que el área vuelva a ser segura, perspectiva en la que de todos modos no creemos", agregó.
Mientras, el anuncio del lunes 18 de que se suspendería la refrigeración de las barras de combustible nuclear gastado de tres reactores de la planta de Fukushima debido a apagones generó pánico nacional y expuso un problema clave en la industria atómica japonesa: la falta de transparencia conduce a la diseminación de información incorrecta y a negligencia en materia de procedimientos sólidos de seguridad.
El diario Yomiuri señaló el jueves 21 que el anuncio público de Tepco se produjo demasiado tarde, e ilustra las "laxas medidas de seguridad" de la empresa, incluida la ausencia de un plan de respaldo para hacer frente a los accidentes.
Pero mientras las enormes facturas del combustible continúan aumentando en Japón por segundo año consecutivo y las cuentas domésticas por servicios trepan 20 por ciento en promedio para cubrir los crecientes costos de la electricidad, el apoyo público a los activistas contra la energía nuclear parece estar flaqueando.
En febrero, las importaciones de gas natural licuado aumentaron 19,1 por ciento, contribuyendo con casi 40 por ciento de un déficit comercial sin precedentes, de 8.200 millones de dólares, según el Ministerio de Finanzas.
Una encuesta de opinión realizada ese mismo mes por el periódico japonés Asahi reveló que 46 por ciento de los consultados estaban a favor de continuar con la energía nuclear si se reforzaban las medidas de seguridad. Mientras, 41 por ciento apoyaron la abolición total.
Solo dos de los 50 reactores nucleares del país las unidades tres y cuatro de la planta nuclear de Ōhi, en la prefectura de Fukui están operativas, mientras que el resto fueron cerradas para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones, llevando el suministro de energía atómica a casi cero.
Se trata de una reducción drástica en relación a los niveles previos al accidente de Fukushima, y es un enorme retroceso para los planes nacionales de aumentar esta fuente de energía a 50 por ciento del suministro total.
Enfrentado con la dura realidad de los impactos del accidente y con el profundo compromiso público de evitar otro desastre, actualmente Abe impulsa medidas de seguridad, entre ellas la instauración de la nueva Autoridad de Regulación Nuclear, integrada por expertos independientes, que ya ha emitido alertas sísmicas contra dos plantas atómicas.
Las inminentes elecciones nacionales señalarán un importante punto de inflexión. Si gana el conservador Partido Liberal Demócrata, de Abe, los expertos sostienen que el terreno estará despejado para reiniciar la actividad de plantas nucleares ahora ociosas.
Pero Aileen Smith, presidenta de Green Action y líder del movimiento antinuclear, dijo a IPS que los activistas harán todo lo que puedan para frenar estos planes, ejerciendo presión bajo la forma de demandas y grandes protestas públicas.
"El gobierno habla de reiniciar plantas ociosas. Pero la peligrosa realidad en el terreno es que esas empresas de servicios públicos que se postulan a permisos enfrentarán una ardua batalla", señaló.
