El gobierno de México prepara una reforma tributaria integral y expertos y activistas ven una oportunidad para que se incluyan nuevos impuestos, destinados a desalentar actividades económicas contaminantes.
El consumo de combustibles, la fabricación de automóviles y de fertilizantes, así como la minería, serían sectores pasibles de nuevos gravámenes con fines ambientales dentro de la reforma, algo a lo que los empresarios del país ya adelantaron su rechazo.
"Los impuestos son un medio para que los precios de las mercancías reflejen el auténtico valor económico, ambiental y social de los recursos. Buscan modificar condiciones de consumo, reducir emisiones contaminantes o mejorar el ambiente", dijo a IPS la académica Karina Caballero.
"Se pueden aplicar impuestos crecientes, graduales", planteó la especialista de la facultad de economía de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Caballero estudió la aplicación de impuestos a los combustibles en este país latinoamericano y encontró que, a mayor ingreso, los consumidores tienden a comprar más gasolina. Mientras, el incremento de precios no merma considerablemente la demanda.
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Además, estimó que los segmentos con mayor renta consumen más combustible y gastan más en transporte que los de menores recursos.
La introducción de impuestos ambientales se aceleró en la década de los 90, en especial en algunos países industriales, como Australia, Dinamarca, Holanda, Noruega y Suecia, que gravan productos energéticos emisores de dióxido de carbono (CO2), vehículos, impactos al agua o residuos tóxicos.
Se consideran impuestos verdes aquellos destinados a reducir el daño al ambiente o a paliar los efectos de la contaminación, con el destino específico de los recursos generados a la conservación, el consumo más ecológico o la generación de tecnologías ambientalmente más eficientes, entre otros.
En América Latina, Brasil instauró en 1988 el Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Prestación de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicación, que grava el consumo de algunos bienes y servicios y de cuya recaudación se benefician más aquellos municipios y estados que más protegen el ambiente.
Costa Rica destina 33,5 por ciento del Impuesto Único Sobre Combustibles a actividades de conservación.
En promedio, los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), que agrupa a casi todas las grandes economías mundiales, México entre ellas, tienen ocho impuestos ambientales.
El organismo informó que la recaudación de impuestos verdes representó alrededor de siete por ciento de los ingresos tributarios totales de sus 34 países, entre 1994 y 2007.
"La reforma es una buena oportunidad para aplicar impuestos verdes y que puedan contribuir ecológica y socialmente", indicó a IPS el economista Mauricio González, director de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del privado Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
El presidente conservador Enrique Peña Nieto llegó al poder en diciembre con la promesa de una reforma completa del sistema tributario, a fin de hacerlo más justo y simple, incrementar la recaudación, promover el ritmo del crecimiento económico y aumentar recursos para educación y salud.
De lo que se sabe hasta ahora del proyecto que el gobierno negociará en el Congreso legislativo a lo largo de este año para que entre en vigor en 2014, se destaca que los alimentos y las medicinas dejarán de estar exentos del Impuesto al Valor Agregado, cuya tasa actual es de 16 por ciento.
México tiene una carga tributaria general de 19 por ciento, una de las más bajas de América Latina.
Una alta fuente gubernamental reveló a IPS que aún no hay una propuesta específica de impuestos verdes para incorporar a la reforma. Pero nuevas tasas con fines ambientales podrían sumarse o incrementarse las existentes, dijo.
El total de gravámenes verdes actuales no sobrepasa un punto del producto interno bruto mexicano, según la OCDE, mientras en el bloque el promedio es de siete puntos.
"En México, la política fiscal ambiental está apenas en gestación", señala el análisis "Finanzas públicas y medio ambiente", elaborado en 2010 por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso.
"La posibilidad de implementar una reforma de este tipo no ha sido analizada a cabalidad y los tributos existentes hasta ahora parecen ambiguos en cuanto a su carácter ambiental se refiere", concluye.
Ya existen impuestos a los automóviles nuevos, a la producción y servicios aplicados al diésel, al gas natural usado en transporte y a las gasolinas. Pero, dentro de la OCDE, México es la nación con las tasas más bajas sobre combustibles.
En contraposición, los subsidios a la gasolina, la electricidad y el gas doméstico sobrepasan los 23.000 millones de dólares anuales, según cifras de expertos.
Los ecologistas no han hecho hasta ahora propuestas específicas de algún nuevo impuesto ambiental. Pero insisten en que deben eliminarse, al menos progresivamente, los subsidios a los combustibles fósiles.
En 2005, Carlos Muñoz y Sara Ávila, del estatal Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, propusieron establecer una escala de tasas de cero a 15 por ciento para los plaguicidas, según su toxicidad, o imponer un gravamen de 10 por ciento solo para los más nocivos.
En su estudio "Los efectos de un impuesto ambiental a los plaguicidas en México", publicado en la Gaceta Ecológica, concluyeron que la industria química no perdería ingresos y que el consumidor de productos agrícolas absorbería el incremento de los precios.
La investigación "Contaminación agrícola y costos en el Distrito de Riego 011, Guanajuato", del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, halló que un impuesto de 100 por ciento sobre el paratión metílico, un insecticida muy tóxico, reduciría su consumo a la mitad y contraería el ingreso del productor en menos de uno por ciento.
Pero las cúpulas empresariales están lejos de aceptar los tributos ecológicos.
"Hay que ser cuidadosos, en la medida en que esos impuestos se apliquen en el mundo y que no afecten la competitividad del país. México no puede tomar posiciones de vanguardia" y hacerlo solo, comentó a IPS el presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales, Régulo Salinas.
"Se pueden aplicar impuestos a la electricidad, el gas, el agua. Pero hay que considerar el impacto social con compensaciones. Puede haber beneficios dirigidos a los sectores de ingresos más bajos, como subsidio al transporte", aconsejó Caballero.
