El Banco de Kabul ocupa otra vez los titulares del mundo, con la condena de dos de sus altos ejecutivos a cinco años de prisión por fraude. Pero estar en el tapete no es algo nuevo para esta institución creada en 2004.
Bajo el lema de ser el «banco para todos», sus avisos comerciales en los canales de televisión ofrecían un estilo de vida al que pocos afganos se podían resistir, sugiriendo confianza y facilidades para adquirir todo lo que se puede soñar: casas, automóviles e incluso lingotes de oro.
Rápidamente, muchos afganos que habían desconfiado de otras instituciones tomaron el dinero que guardaron en sus hogares por décadas y abrieron cuentas en el primer banco privado de Afganistán, que pronto atrajo a más de un millón de depositantes.
Para el verano boreal de 2010, las irregularidades se hicieron demasiado evidentes como para ser ignoradas.
Endeuados y avergonzados
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El 29 de agosto de 2010, Abdul Qadir Fitrat, entonces jefe del Banco Central de Afganistán, mantuvo una reunión con accionistas del Banco de Kabul para analizar qué había llevado al borde del colapso a una institución que era considerada sólida por la abrumadora mayoría de afganos y extranjeros.
Desde entonces, la institución fue reemplazada por el Nuevo Banco de Kabul, en el cual el gobierno invirtió 800 millones de dólares. Pero las consecuencias del colapso todavía se sienten.
Casi tres años después, una serie de investigaciones detallaron cómo masivos préstamos no registrados en los libros permitieron la malversación de más de 900 millones de dólares del Banco de Kabul.
La imagen del «banco para todos» rápidamente se vino abajo.
Jawed Rassool, director de operaciones de una compañía constructora, fue uno de los muchos afganos que quebraron y se endeudaron por culpa del fraude. Rassool, de 27 años, dijo a Al Jazeera que su empleador no pudo acceder a sus cuentas bancarias y no pudo pagarle su sueldo por cuatro meses.
«No soy un hombre rico. No puedo darme el lujo de no cobrar mi sueldo para alimentar a mi familia durante un mes, y mucho menos cuatro meses. Pedí prestado 7.000 afganíes (136 dólares) para pagar la electricidad, la leña y otras cosas», contó.
Mientras se informaba que el director ejecutivo del banco había viajado a comprar artículos de lujo en Louis Vuitton y Versace con dinero de la institución, Rassool pasaba hambre.
Un informe de noviembre de 2012, publicado por el Comité Conjunto Independiente de Supervisión y Evaluación contra la Corrupción, concluyó que 92 por ciento de los préstamos del Banco de Kabul, por 861 millones de dólares, habían sido otorgados a apenas 19 individuos y empresas.
La directora ejecutiva del Comité, Seema Ghani, dijo a Al Jazeera que, además de causar una pérdida de fe en el sector bancario en general, el escándalo dejó a muchos sin dinero para acceder a servicios esenciales.
«El Banco de Kabul era una institución confiable, de la que dependían millones de afganos para recibir sus salarios y guardar sus ahorros El hecho de que el gobierno interviniera con una infusión de 825 millones de dólares simplemente significó que el costo del fraude se dispersó entre todos los afganos», señaló.
Sofisticado desvío
En entrevistas con Al Jazeera, investigadores, autoridades bancarias y periodistas señalaron que una combinación de incapacidad, falta de diligencia e influencias políticas permitió irregularidades en el Banco de Kabul durante más de cinco años.
El momento histórico también contribuyó: la llegada de la asistencia internacional, la expansión de los servicios públicos y los nuevos emprendimientos de negocios tras la caída del movimiento islamista Talibán en 2001 incrementaron la necesidad de servicios bancarios.
Esto «drásticamente redujo la capacidad de regular y supervisar en forma efectiva el sector, generando vulnerabilidades que fueron explotadas por los participantes del fraude en el Banco de Kabul», dijo Ghani.
«El nivel de sofisticación del esquema (de corrupción) en el Banco de Kabul es muy asombroso», dijo a Al Jazeera la codirectora de la Afghanistan Analyst Network, Martine van Bijlert.
El fraude incluyó ingeniosos complots para desviar 861 millones de dólares a bancos de 28 países. El informe del Comité de 2012 denuncia la participación de 10 pilotos de la aerolínea Pamir Airways, compañía financiada por el banco, que recibían salarios anuales de más de 300.000 dólares, para transportar dinero escondido en las bandejas de comida que se sirve en los aviones.
Esta operación se llevó a cabo entre marzo de 2008 y noviembre de 2010.
Otros 66,2 millones de dólares fueron usados en la compra de 250 automóviles y motocicletas, falsos depósitos y pagos a empleados que no tenían las calificaciones necesarias para sus puestos o que simplemente no trabajaban para el banco.
Un informe de 2009 de la agencia de inteligencia afgana indicaba que los fondos del Banco de Kabul estaban siendo usados para crear un portafolio de propiedades en Dubai por un valor total estimado en 151 millones de dólares.
Entre los acusados de recibir préstamos están los hermanos del presidente Hamid Karzai y el primer vicepresidente, Marshal Fahim.
El sistema se protege
La sentencia este martes 5 contra Sher Khan Farnoud, fundador y presidente del banco, y Khalilullah Ferozi, jefe ejecutivo, no alcanzó para restaurar la fe de los afganos en lo que consideran un sistema corrupto.
Shamsul Rahman Shams, jefe del tribunal especial que investiga la institución bancaria, dijo que los hermanos de Karzai y de Fahim todavía deben nueve millones y tres millones de dólares respectivamente.
Ni Mahmoud Karzai, el tercer accionista del banco, ni Hassin Fahim han sido formalmente acusados.
«No es tan simple como decir que el presidente y el vicepresidente protegen a sus hermanos. Es el sistema que se protege», dijo Van Bijlert.
Pero estos no son los únicos políticos involucrados. El Banco de Kabul también habría hecho contribuciones a entre 30 y 40 miembros del parlamento. «Muchas personas están de alguna manera implicadas», añadió Van Bijlert.
La respuesta al escándalo fueron investigaciones lentas e inadecuadas. Las autoridades mostraron renuencia a seguir el rastro de los desvíos y juzgar a los responsables.
La experta sostuvo que todo el proceso fue un «ejercicio de contención» para limitar la culpa a un grupo limitado de personas.
