El gobierno suizo presentó un proyecto de ley para regular la industria militar privada, pero críticos sostienen que es inútil.
El 24 de marzo de 2010 fue incluida una nueva empresa en el registro comercial de Basilea. Su nombre era Aegis Group Holdings AG. Pocos meses después, el 2 de agosto, se señaló que el grupo había tomado control sobre Aegis Defence Services Ltd., con sede en Londres.
Aegis se describe a sí misma como "una empresa líder" en el área de "la seguridad privada y el manejo de riesgos". Como tal, brinda servicios en todo el mundo, incluidos países devastados por guerras, como Iraq y Afganistán.
La reubicación de la compañía tomó por sorpresa al gobierno, y también al público. Se prevé que más empresas militares privadas se mudarán a Suiza intentando sacar provecho de la estabilidad política del país, los bajos impuestos y su imagen pacífica y neutral.
Las compañías militares privadas no difieren legalmente de ningún otro proveedor de servicios de seguridad, y las firmas activas en zonas de conflicto son difíciles de identificar en el registro comercial. El Departamento Federal de Justicia y Policía estima que en el país operan 20 de esas empresas.
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Suiza tiene una larga historia de enviar agricultores pobres como mercenarios a campos de batalla europeos. A fines de la Edad Media, los cantones suizos asumieron el rol de mediadores. El declive del negocio de los mercenarios empezó en el siglo XVIII y finalizó con la introducción de la Constitución federal suiza en 1848. A partir de 1859, ya no estuvo permitido combatir en campos de batalla extranjeros.
Desde entonces, la "neutralidad" se convirtió en un elemento fundamental de la política exterior de Suiza y, de un modo mitológico, en una pieza clave de su identidad colectiva. Muchos vieron la llegada de Aegis como una amenaza a la neutralidad del país.
Los políticos suizos impulsaron la creación de un nuevo marco legal para el registro y la extensión de licencias a empresas de seguridad privadas. Josef Lang, entonces consejero nacional y una de las principales figuras del Grupo para una Suiza Sin Ejército, reclamó una prohibición nacional para las compañías militares privadas.
La ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, anunció el 23 de enero una "prohibición a las compañías mercenarias". Dijo que Suiza ya no serviría como base para actividades que violaran los derechos humanos. Pero lo que se anunció como una "prohibición" resultó ser una regulación inútil.
El proyecto de ley prevé la notificación y prohibición de ciertas actividades, pero no de las compañías de seguridad privadas en sí mismas. Prohibe que firmas o grupos empresariales con sede en Suiza "participen directamente en hostilidades dentro de un conflicto armado en el exterior".
En pocas palabras, "esto significa que la nueva ley permite a las llamadas compañías de seguridad actuar dentro de conflictos armados en el exterior y participar indirectamente en las hostilidades", dijo Josef Lang.
"Cualquiera que piense que en el fragor de la batalla alguien puede diferenciar entre participación directa e indirecta no tiene idea de cómo son las batallas actuales", agregó.
Ulrich Petersohn, investigador del Centro para los Estudios sobre Seguridad, dijo que, en el derecho internacional, la definición de "participación directa en hostilidades" es vaga y está sujeta a debate.
"¿Y dónde termina la autodefensa?", preguntó. "Obviamente, hay una zona en penumbra".
Petersohn también planteó un dilema realista: "¿Qué se aplica cuando es atacado un complejo militar custodiado por personal de compañías militares privadas?".
El nuevo proyecto de ley también prohibe a esas empresas "realizar cualquier actividad que aliente a cometer violaciones serias a los derechos humanos". Al respecto, Lang preguntó: "¿Acaso eso significa que está permitido alentar violaciones leves a los derechos humanos?".
El político del Partido Verde cree que la ley no puede obligar a Aegis a irse de Suiza. "Ellos simplemente prometerán no participar directamente en hostilidades en zonas de conflicto, y no hacer nada para alentar violaciones serias a los derechos humanos". No está claro cómo pueden las autoridades suizas controlar las actividades de los mercenarios en el terreno.
Albert A. Stahel, director del Instituto de Estudios Estratégicos con sede en Wädenswil, cerca de Zurich, cree que es posible que se reduzca el atractivo que presenta Suiza para las empresas militares privadas, pero que las que ya están presentes en el país no serán limitadas.
"El Consejo Federal debería haber propuesto a priori una prohibición clara a las compañías militares privadas, declarando claramente que no toleramos a ninguna empresa que participe en guerras", dijo a IPS.
Petersohn tampoco ve que estén por imponerse limitaciones legales significativas para Aegis. "Sin embargo, el arma más afilada del proyecto de ley es que se puede presentar demandas en base a sospechas".
Las empresas están ansiosas por evitar la publicidad negativa, y esto puede ponerlas bajo presión, sostuvo Petersohn.
Lang citó como ejemplo la estricta regulación de Noruega. "En vez de prohibir ciertas actividades prácticamente indefinibles, sería más factible aplicar un criterio más controlable. Las empresas noruegas no tienen permitido ingresar armas a otros países", dijo.
En el plano internacional, Suiza, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, lanzó un proceso que condujo, en 2008, al Documento de Montreux. Este texto intergubernamental firmado por 44 estados contiene una compilación de buenas prácticas, pero no es legalmente vinculante.
Inesperadamente, la ley propuesta por el gobierno suizo no adhiere a las buenas prácticas sugeridas. El Documento de Montreux promueve medidas para garantizar la transparencia en autorizaciones como la del control por parte de los órganos parlamentarios. El proyecto suizo deja fuera toda medida de transparencia.
No obstante, de aprobarse, la ley obligaría a las compañías militares privadas que operan en Suiza a firmar el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICOC-PSP, por sus siglas en inglés), un marco autorregulatorio que han firmado 592 de este tipo de empresas.
Según Stahel, este enfoque es inútil, porque no hay mecanismo para imponer sanciones. Petersohn tiene esperanzas de que esos códigos puedan conducir al desarrollo de normas que impliquen cierto grado de obligatoriedad.
El ICOC-PSP es funcional principalmente a la imagen de sus empresas firmantes, y mantiene a distancia a otros proveedores de servicios. Petersohn enfatizó que las violaciones al código de todos modos corren el riesgo de dar lugar a campañas de denuncia.
El parlamento suizo debatirá el proyecto de ley, pero no se espera que lo vuelva más severo. "Se dio un paso en esa dirección. Sin embargo, el vaso todavía está apenas medio lleno", dijo Stahel.
