Con indignación y frustración, pero también con cauta expectativa, los haitianos esperan que llegue este jueves 28, día en que el exdictador Jean-Claude «Baby Doc» Duvalier debe comparecer en una audiencia para determinar si enfrentará cargos por abusos cometidos durante su brutal régimen (1971-1986).
La audiencia fue fijada el 21 de este mes cuando, una vez más, el exdictador se negó a presentarse en tribunales. La sala estaba repleta de representantes de organizaciones locales y extranjeras, periodistas y algunas de las 30 víctimas que demandan a Duvalier por violaciones a los derechos humanos.
Luego de escuchar los argumentos del abogado de Duvalier, los tres jueces emitieron una orden diciendo que era «imperativo» que el acusado compareciera el día 28, con escolta policial de ser necesario.
[related_articles]Las víctimas, entre ellas Robert «Boby» Duval, prisionero del régimen durante 17 meses en 1976 y 1977 y quien estuvo en la sede judicial, se mostraron cautamente esperanzados en relación al fallo.
«Si el sistema legal haitiano puede juzgar a un criminal como Duvalier, eso significa que la gente puede empezar a tenerle un poco de confianza», dijo luego Duval a IPS.
Poco le faltó a Duval, hoy de 59 años, para morir en Fort Dimanche, a veces llamado «el Auschwitz de Haití». Luego cofundó una organización de derechos humanos llamada Liga de Prisioneros Políticos, Amigos y Familias de Desaparecidos, y ahora advirtió que la orden judicial es apenas un pequeño paso.
La sesión del jueves solo determinará si el gobierno iniciará una investigación y empezará a realizar audiencias por las demandas de las víctimas, dijo.
Desde el repentino regreso de Duvalier a Haití en 2011, después de 25 años en el exilio, «es casi como si el gobierno lo hubiera estado protegiendo, y eso es un problema, porque tiene la obligación internacional de juzgarlo», planteó Duval.
Duvalier fue acusado en 2008 y 2011 de crímenes contra la humanidad. Pero el año pasado, el tribunal repentinamente falló que solo se lo juzgaría por desfalco, diciendo que los presuntos abusos habían tenido lugar demasiado tiempo atrás.
Organizaciones de derechos humanos, víctimas e incluso periodistas criticaron la decisión, observando que, según el derecho internacional, no hay ningún estatuto que imponga limitaciones a los crímenes contra la humanidad.
La audiencia de esta semana es vista como la última oportunidad para las víctimas y la sociedad de Haití.
«El Estado tiene la obligación de garantizar que no haya impunidad para las violaciones serias a los derechos humanos cometidas en el pasado», dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en un comunicado divulgado el 21 de este mes.
[pullquote]1[/pullquote]Pillay destacó que Duvalier es acusado de supervisar «torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones».
«Esas sistemáticas violaciones de los derechos humanos no deben quedar impunes», continuó Pillay. «Todos aquellos haitianos que sufrieron esos abusos tienen el derecho de ver que se haga justicia».
La activista Marie Yolène Gilles, directora de programas en la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Puerto Príncipe, lucha por la justicia en Haití desde hace dos décadas.
Periodista en la emisora radial destruida durante el golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991, llevado a cabo en gran parte por exmiembros del antiguo régimen y contra el presidente Jean-Bertrand Aristide, democráticamente electo, Gilles se vio obligada a ocultarse varias veces a lo largo de los años. No se muestra totalmente optimista sobre el compromiso del gobierno actual.
«Quienes están en el poder siempre dicen que están trabajando por la democracia, por el estado de derecho, pero si eso es verdad tienen que enviar señales claras», dijo a IPS.
Señales contradictorias
Desde el repentino y sospechoso regreso de Duvalier a Haití en 2011 (llegó sin pasaporte), las señales del presidente Michel Martelly admitido exintegrante del grupo paramilitar «Tonton Macoute» durante el régimen de Jean-Claude no han sido para nada claras.
Martelly protagonizó una visita muy pública al exdictador, e hizo un llamado a la reconciliación. El gobierno le extendió a Duvalier un pasaporte diplomático, argumentando que le correspondía por ser un ex «presidente».
El año pasado, pese a una orden judicial que le impedía salir de Puerto Príncipe, Duvalier se trasladó a Gonaives, a unos 100 kilómetros de la capital, para asistir al acto conmemorativo del segundo aniversario del terremoto de 2010. Se sentó en la primera fila, al lado del exdictador Prosper Avril (1988-1990), también acusado de violar los derechos humanos, e incluso se dio un apretón de manos con el expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001).
A menudo se lo ve en restaurantes de moda con amigos y aliados políticos, algunos de los cuales ocupan puestos en el gobierno.
En Haití muchos critican también al gobierno de Estados Unidos por no adoptar una posición más dura. A diferencia de la Organización de las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos, Washington ha permanecido en silencio o ha dado a entender que juzgar al exdictador no es una prioridad.
En una entrevista que concedió en 2011 a la cadena CBS, la entonces secretaria de Estado (canciller) estadounidense Hillary Clinton dijo que les correspondía «al gobierno y al pueblo» de Haití decidir sobre el destino del exdictador, quien tenía antecedentes de «represión».
«Estamos centrados en intentar mantener la estabilidad e impedir el caos y la violencia en este periodo tan impredecible con su regreso», enfatizó.
«Los países llamados amigos de Haití también han sido demasiado tolerantes», dijo Duval a IPS. «Eso no ocurre con otras naciones. Esto es una falta de respeto por el pueblo haitiano. Muchas personas murieron durante el régimen de Duvalier».
Excepto por un breve período, el gobierno de Estados Unidos apoyó la dictadura de 29 años de los Duvalier (el padre de Jean-Claude, François, controló Haití desde 1957 hasta su muerte, en 1971) con ayuda militar y al desarrollo, así como con un apoyo directo a su presupuesto.
El gobierno de Jean-Claude Duvalier también recibió millones de dólares de asistencia (donaciones y préstamos) del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
«El lápiz de la historia no tiene goma de borrar»
La audiencia del 28 de febrero es parte de una apelación presentada por un grupo de 30 víctimas y apoyada por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, muchas de las cuales tuvieron representantes en la sede judicial la semana pasada. Entre ellos estuvo Béatrice Vaugrante, de Amnistía Internacional. «Jean-Claude Duvalier no puede estar más allá del alcance de la justicia», dijo Vaugrante en un comunicado emitido luego de la orden de la semana pasada.
«Las autoriddes en Haití tienen la responsabildiad de hacer todo lo que puedan para garantizar que enfrente a los tribunales por los abusos sistemáticos que tuvieron lugar durante el tiempo en que estuvo en el poder. Si continúa evitando la audiencia, deberá ser arrestado», agregó.
La activista Gilles coincidió. «Duvalier debe ser juzgado. Eso le mostrará a la gente que uno tiene que pagar por lo que hace. Él debe enfrentar todas las acusaciones y la sociedad debe saber por qué ocurrieron todos esos crímenes, por qué tantos murieron, por qué torturaron personas en Fort Dimanche», dijo a IPS.
Gilles también citó un proverbio haitiano: «El lápiz de la historia no tiene goma de borrar, y la gente está mirando, tomando nota. Nunca dejaremos de reclamar justicia».
